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Opinión

  • | 2017/02/23 08:04

    La vida te da sorpresas, sorpresas te da el "fast track"

    Este no es el momento para la mayoría de las reformas que ha propuesto el Gobierno, aunque algunas como la de la financiación exclusivamente estatal de las campañas sean necesidades urgentes que hay que tramitar por el procedimiento ordinario de reforma.

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El Gobierno parece contagiado de la mentalidad propia de ciertos funcionarios que llegan a sus cargos dispuestos a aprovechar “su cuarto de hora”. Aparentemente el cuarto de hora le llegó con el “fast track”, que utilizarán dizque para “ampliar y profundizar la Democracia”. Pero las iniciativas propuestas no atacan los verdaderos problemas políticos del país: El clientelismo, la corrupción, la absoluta ineficiencia administrativa, la cultura de la ilegalidad, la falta de justicia en todos los ámbitos.

El Gobierno, y quizá más concretamente su inquietante ministro del Interior, quiere que el “fast track” sea, en estos meses, el modo ordinario de reforma constitucional para que por sus entresijos pase cualquier tipo de modificación a la Constitución la cual, independientemente de lo que ella misma prescribe, ya no tiene quien la defienda eficazmente frente a las embestidas del Poder.

El “fast track” es una excepción conforme a la siguiente norma del A.L.No.1/16: “de manera excepcional y transitoria se pondrá en marcha el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz”… A pesar de ello, por cuenta de la voluntad gubernamental casi toda enmienda constitucional podrá hacerse por el “fast track” quedando algunos temas marginales para el procedimiento ordinario consagrado en la Carta del 91. Cuán equivocados estábamos quienes creíamos que en Colombia todavía operaba el principio según el cual toda excepción es de interpretación restrictiva, principio que ha pasado al cuarto de San Alejo según parece, por decisión del Gobierno.

Creíamos igualmente que, en consecuencia, por este medio sólo se tramitarían los proyectos que recogían los temas específicamente convenidos con las FARC. Pero no. Todo lo que se le ocurra al presidente y a su imprevisible ministro del Interior, se podrá tramitar por esa vía de excepción.
En la década de 1950, el dos veces candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Adlai Stevenson, dijo respecto de su adversario: “No dice una verdad, si puede decir una mentira”. Por el camino que quiere transitar este gobierno respecto del “fast track”, va a merecer, si persiste en su empeño, que se diga de él que no se somete a las normas, si puede abusar de ellas.

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Dizque para “extender y profundizar la Democracia” se propone, entre otras iniciativas, el “voto obligatorio”. Pero este no hace más que limitarla al restringir la libertad del elector. Es como si su derecho a la libertad fuera opuesto a la Democracia, de suerte que a más libertad del ciudadano para decidir sobre su voto, habría menos Democracia y a más Democracia correspondería menos libertad del ciudadano. No. La libertad es un elemento esencial de la Democracia y del Estado de Derecho como lo son todos los otros derechos constitucionales fundamentales.

Es cierto que en algunos países, que no son precisamente los que más aportes democráticos le han hecho al constitucionalismo universal, existe el voto obligatorio. No es este, sin embargo, argumento suficiente para tratar de imponerlo entre nosotros. Me parece mejor mantenernos al lado de países como el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, que al lado de Venezuela, por ejemplo.

Y respecto del argumento de que con él se combate el clientelismo, es una apreciación bien equivocada porque este seguirá igualito con voto obligatorio o sin él. Y es que el voto obligatorio no tiene nada que ver con la igualdad de oportunidades, que es en lo que hay que trabajar para combatir el clientelismo en puestos públicos, sectores de la administración entregados a los congresistas amigos en los cuales ellos son reyes y señores sin que se pueda mover una hoja sin su consentimiento, cupos indicativos, publicidad escandalosamente costosa para el presupuesto nacional, contratos manipulados, prebendas y honores inmerecidos, consulados y embajadas caprichosamente asignados, inestabilidad en los cargos, menosprecio por el sistema del mérito, etc.

El voto obligatorio no encuentra soporte en el Acuerdo de Paz. Por el contrario, es evidente que lo excluye. Dice el punto 2.2: “El gobierno nacional garantizará los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas”… Con el voto obligatorio se trata de restringir uno de esos derechos políticos, que pasa de ser una facultad a una obligación. El derecho a votar libremente incluye el derecho a no votar, que puede ser por razones ideológicas, de rechazo al sistema electoral, a los candidatos disponibles o simplemente al clientelismo rampante. La abstención puede ser una protesta que no merece ser segada. En todo caso, es una actitud pacífica que ahora el Gobierno quiere volver ilegal, quién lo creyera, en nombre de la paz. ¡Qué ironía!

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Con el mismo argumento de la supuesta profundización de la Democracia se les quiere quitar a los electores, es decir, al pueblo “del cual emana el poder público”, el derecho a elegir a quien eventualmente reemplace al presidente en ejercicio, para trasladar esa competencia al Congreso. ¿A quién se le puede ocurrir que es más democrático que el eventual presidente sea elegido por el Congreso a que lo sea directamente por el pueblo? ¡Oh, Dios mío, cuánta falacia, cuántas contradicciones!

El doctor Eduardo Santos fue Designado del doctor Mariano Ospina Pérez, circunstancia que terminó en el cierre del Congreso en 1949, cuando se quiso seguir un juicio político al presidente por las mayorías liberales, que tendría como consecuencia inevitable que el Designado se encargara de la Presidencia de la República en reemplazo del titular. La Designatura le abrió así las puertas a la dictadura de la cual sólo pudimos salir en 1968 con la posesión de Alberto Lleras como primer magistrado. No es tan inocente la Designatura como la pintan. No lo ha sido en el pasado y podría no serlo en el futuro. En casos como el de Perú, por ejemplo, en el que el presidente actual no tiene mayorías en el Congreso, una institución como la Designatura es una amenaza a la estabilidad del presidente de la República en caso de un enfrentamiento con el Congreso. ¡Y después dicen los voceros del Gobierno que la Designatura ha funcionado muy bien en el pasado y que podría funcionar bien en el futuro!

¡Qué cosas las que pasan en esta época de la posverdad!

Este no es el momento para la mayoría de las reformas que ha propuesto el Gobierno, aunque algunas como la de la financiación exclusivamente estatal de las campañas sean necesidades urgentes que hay que tramitar por el procedimiento ordinario de reforma. El argumento de que se le puede hacer trampa a esa norma serviría para eliminarlas todas, porque todas son susceptibles de ser violadas, y de hecho se violan todos los días. La violación de esta norma habrá que erigirla en delito con cárcel por un número importante de años.

Como en la canción de Rubén Blades:
“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay, Dios”.

Constituyente 1991
Febrero 23 de 2016

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