Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2016/07/21 13:23

La Constituyente. Breve historia (II)

Sobre la Constituyente de 1991, Jesús Pérez invita a los lectores a votar en el próximo plebiscito.

Jesús Pérez González Rubio Foto: Archivo Particular.

El infierno de violencia que vivíamos explica muchas de las decisiones que en función de la pacificación del país tomó la Constituyente, entre ellas la de no extradición de nacionales colombianos por nacimiento, propuesta que llevó a consideración de la Asamblea el M-19 y respecto de la cual dijo el Constituyente y profesor universitario Guillermo Guerrero Figueroa: “convencido como estoy, igual que la mayoría de colombianos de que la extradición de éstos ha sido causa de grandes traumatismos y tragedias nacionales, me identifico total y racionalmente con la propuesta presentada recientemente por el distinguido penalista costeño Delegatario Julio Salgado Vásquez, de que se debe elevar a canon constitucional, el antiguo artículo noveno del Código Penal de 1.936 que establecía: No se concederá la Extradición de colombianos , ni la de delincuentes sociales”… (Plenaria, Junio 13 de 1.991)

Y vale la pena traer a cuento entre muchas otras intervenciones, una del doctor Diego Uribe Vargas, tratadista de derecho, ex canciller y académico, que muestra otra de las razones que se alegaron en la Constituyente para aprobar la no extradición: “En la mayor parte de las constituciones del mundo se prohíbe la extradición de nacionales, hay más de 20 países, … que las recapitula Jaime Fajardo en su excelente trabajo ilustrativo para la materia, en que se muestra que la extradición de nacionales hoy es una institución completamente disuelta y es una institución prohibida, porque ningún Estado renuncia a su posibilidad de condenar a sus nacionales si es el caso, pero en todo caso a juzgarlos con garantías y si hay necesidad de encarcelarlos, a tenerlos en cárceles nacionales” y agregó posteriormente: “como Derecho Humano esencial yo sí creo que cada colombiano tiene derecho a que se le juzgue aquí, con jueces, con testigos, con leyes colombianas”…. (Plenaria, junio 5 de 1.991)

A la situación de violencia descrita habría que agregar que el sistema jurídico constitucional colombiano estaba bloqueado como consecuencia de algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia: La referente a la Asamblea Constitucional del Presidente López Michelsen y la referente a la reforma constitucional de la Administración Turbay Ayala. Hasta la sentencia de mayo 5 de 1.978 la Corte había declarado “su falta de competencia” para conocer de la exequibilidad de los actos legislativos. Y es que éstos no estaban previstos en el artículo 214 de la Constitución del 86 entre las normas sobre las cuales podía decidir definitivamente respecto de su constitucionalidad.

En esta fecha cambió su jurisprudencia con el siguiente argumento: “No importa que los actos legislativos no estén enunciados expresamente en el artículo 214 entre los que son susceptibles de juicio de validez constitucional por la Corte Suprema. Porque la guarda de la Constitución, a ese Tribunal confiada, se refiere a la totalidad de sus preceptos, como lo indica aquel texto en los términos ´guarda de la integridad de la Constitución´ y, por lo tanto, su jurisdicción comprende todo acto que pueda vulnerar esa integridad, así no se haya expresado esa posibilidad en el referido texto”… Había ampliado su competencia y echado por la borda innumerables precedentes suyos.

Colombia, como queda descrito, estaba en una grave encrucijada. Ello genera un movimiento estudiantil encabezado, entre otros, por Fernando Carrillo, Manuel José Cepeda, Claudia López, Fabio de Jesús Villa, Alejandra Barrios, Diego López, Catalina Botero, Óscar Ortiz, a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Pretende que en las elecciones de marzo de 1.990 se incluya una papeleta adicional, una “Séptima Papeleta”, destinada a inquirir la voluntad del ciudadano respecto de si quería o no convocar esa Asamblea. Nunca se contabilizó la dicha “Séptima Papeleta” por parte de la Registraduría, pero quedó la sensación en todo el país de que había alcanzado un número representativo de votos.

Por cuenta de los estudiantes la violencia desatada sobre el país no tuvo una respuesta autoritaria, como es lo usual, sino una democrática. Así se reconoció en la Constituyente. El Delegatario Héctor Pineda, entre otros, tuvo conciencia clara de ello: “No cabe la menor duda que Colombia se encuentra en una profunda crisis, pero tampoco no cabe la menor duda, que esta Asamblea Nacional Constituyente escogió el camino de la democracia para resolver esa crisis y no la vía que aquí algunos aludieron en el día de ayer, que es la vía que tomó Alemania e Italia en los años 30, y en los 60 Chile, Argentina en los 70; definitivamente Colombia decidió resolver su crisis en todos los órdenes de su vida, no negando la democracia sino abriendo la democracia y más concretamente lo que aquí hemos llamado la democracia participativa”… (Plenaria, junio 13 de 1.991) 

Añadido: Invito a mis lectores a aprobar el Plebiscito votando por el Sí, por las razones que expongo a continuación sirviéndome de las palabras de la Corte Constitucional: “en caso que el plebiscito sea aprobado, el efecto es la activación de los diferentes mecanismos de implementación del Acuerdo Final. En cambio, si el plebiscito no es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio o cumpliéndose los ciudadanos votan mayoritariamente por el “no”, el efecto es la imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final, comprendido como una política pública específica”. (C-379/16, julio 18)

*Constituyente 1.991

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