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Opinión

  • | 2016/10/06 12:33

    Plebiscito: efectos políticos, no normativos.

    No podemos resignarnos a que la paz pactada quede simplemente como una noble ambición o una bella ilusión que se desvaneció con el resultado del plebiscito, pues tanto los que votaron por el No como los que votamos por el Sí fuimos a las urnas.

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En esta hora lúgubre y confusa vale la pena hacer algunas claridades en la esperanza de que sirvan para algo. Las principales, desde mi punto de vista, son: 1) Que el Acuerdo de paz de La Habana no sólo existe sino que conserva su validez jurídica pues el efecto del plebiscito es sólo de carácter político. No normativo. Es que todo contrato, convención o acuerdo es ley para las partes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, dice un principio universal de Derecho, recogido de una u otra manera en la legislación de todos los países. Es el “pacta sunt servanda” del Derecho Internacional. 2) Que tanto el Presidente de la República como el congreso, la rama judicial y demás órganos e instituciones del Estado conservan intactas las funciones, responsabilidades y competencias que la Constitución les otorga. 3) Que el plebiscito tiene efectos vinculantes sólo desde el punto de vista político y sólo respecto del Presidente de la República. La corte en la Sentencia C-379/16 “resuelve”:

“Quinto.-Declarar inexequible el inciso segundo del artículo 3. del proyecto de ley estatutaria revisado y exequible el resto de la disposición, en el entendido de que el carácter vinculante se predica solo respecto del Presidente de la República”.

Al respecto en la parte motiva afirma:

“... En la medida en que se trata de un plebiscito, la fuerza vinculante del pronunciamiento popular solo se predica del Presidente de la República, pues lo que se consulta es un asunto que se encuentra en el ámbito de su competencia...”

¿Vinculante el plebiscito en términos jurídicos? No. Sólo en términos políticos. Dice la corte al respecto:

“... El pronunciamiento popular... (iv) tiene un carácter vinculante para el gobernante, en términos de mandato político emanado por el cuerpo electoral...” Y agrega: “... el contenido del mandato popular expresado mediante dicho instrumento es de índole política, no normativa”. Y para hacer absoluta claridad expresa:

“... 144. El artículo 3. del PLE regula el carácter y las consecuencias de la decisión popular en el plebiscito especial. La corte considera que estos efectos tienen un carácter exclusivamente político...”

De otro lado, si el plebiscito, en contraste con el Referendo, no tiene efectos normativos sino apenas políticos, es claro que no reforma ninguna norma de la constitución o de la ley, ni afecta desde el punto de vista jurídico el Acuerdo final de paz con las FARC. Por esta razón no tiene el alcance de declarar inexistente, inválido o nulo lo acordado. No equivale a una norma que dijera:

“... Queda sin efecto jurídico el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Este acuerdo no solo continua siendo ley para las partes, susceptible de ser modificado por ellas, sino que debe cumplirse de buena fe, como cualquiera otra convención.

No podemos, sin embargo, ignorar dos hechos que se derivan del triunfo del No: Que es necesario proponerle a la contraparte, es decir, a las FARC algunos ajustes, aclaraciones, precisiones, modificaciones, que despejen dudas, incertidumbres, equívocos, mal entendidos en temas como los referentes a la llamada ideología de género, respeto a la propiedad privada, que no está comprometida en el Acuerdo final de paz. Tal vez que los organismos que componen la jurisdicción especial para la paz sean integrados sólo por magistrados colombianos.

Pero no podemos resignarnos a que la paz pactada quede simplemente como una noble ambición o una bella ilusión que se desvaneció con el resultado del plebiscito, pues tanto los que votaron por el No como los que votamos por el Sí fuimos a las urnas, según lo dicho por todos, con el ánimo de construir una paz estable y duradera con las FARC. Es decir, el veredicto popular fue el de salvar la paz, con los ajustes en el Acuerdo final que fueren posibles respecto de los temas controvertidos durante la campaña.

En esta materia no es posible equivocarse. No es posible postergar o subordinar el propósito superior común a todos los votantes que fue, lo repito, lograr una Paz estable y duradera, a temas de menor cuantía frente a la paz misma como la cárcel para los comandantes guerrilleros o la no elegibilidad para los mismos. No podemos invertir los valores. Recordemos a Norberto Bobbio:

“En el ámbito de un ordenamiento jurídico pueden perseguirse otros fines: paz con libertad, paz con justicia, paz con bienestar, pero la paz es la condición necesaria para alcanzar todos los demás fines, y por tanto es la razón misma de la existencia del derecho.” (El problema de la guerra y las vías de la paz, editorial Gedisa, 1.982, p.97).

La paz es lo primero. Salvarla es el deber de todos.

* Constituyente 1.991.

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