Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/06/16 14:04

Las FF. MM., siempre apartadas de la deliberación pública

La Paz ha quedado como un tema de controversia electoral porque el Gobierno ha decidido confundir la Paz con el Proceso de Paz.

Jesús Pérez González-Rubio Foto: Archivo Particular.

El señor Ministro de Defensa ha tocado a somatén para que las Fuerzas Armadas, todas ellas, es decir, tanto las Fuerzas Militares como las de Policía se pongan al servicio de la campaña política que tiene como eslogan “Sí a la Paz”. Si el Gobierno no hubiera hecho de la Paz un tema de controversia electoral, este llamamiento no tendría nada de extraordinario ni de objetable. Por el contrario, sería el cumplimiento de un mandato constitucional, pues la Paz es un valor superior del ordenamiento jurídico consagrado en la Constitución del 91. Y de conformidad con el a.22 un derecho individual  y colectivo al tiempo que un deber, de obligatorio cumplimiento.  De tal suerte que cuando el Ministro llama a que aún las Fuerzas Armadas le digan “Sí a la Paz” en todos los rincones del país incluidos sus corazones y sus hogares, estaría cumpliendo el deber constitucional de trabajar por la convivencia pacífica de los colombianos.

Desgraciadamente  este  no  es  el  caso.  En  la  coyuntura  política  actual,    el  Presidente  de  la República,  faltando,   en  mi  opinión,   a  sus   deberes  constitucionales,  especialmente  a  los consagrados en el a.188 de la Carta que lo convierte en garante de “los derechos y libertades de todos los colombianos”, ha resuelto que estos derechos, para que tengan legitimidad y su garantía constituyan una obligación suya, necesitan refrendación popular en las urnas. Ojalá que la Corte Constitucional le haga comprender que la Carta de Derechos está por encima de cualquier ley  y aún por encima de la decisión que las mayorías puedan tomar en las urnas.

El Gobierno al desconocer la letra y el espíritu de la Constitución en cuanto al valor jurídico y  a las implicaciones de los derechos constitucionales fundamentales, ha desnaturalizado el derecho constitucional fundamental a la Paz, lo ha desacralizado, lo ha desconstitucionalizado, si se me permite la licencia, para dejarlo a la suerte de unas urnas  aleatorias poniéndolo así en peligro.

La Paz ha quedado, pues, como un tema de controversia electoral porque, además, el Gobierno ha decidido confundir la Paz con el Proceso de Paz. Por eso el eslogan no dice “Dígale sí al Proceso de Paz” sino “Dígale Sí a la Paz”. Por eso, igualmente, ha dicho  que si pierde el Plebiscito, salimos para la guerra con las Farc de nuevo. Una vez más se habría frustrado una posibilidad de paz en Colombia  como  se  frustró  en  Caracas  con  las  Farc,  el  ELN  y  el  EPL,  en  los  tiempos  en  que deliberaba la Asamblea Nacional Constituyente y estos grupos pedían asiento en ella después de entregar sus armas.

En medio de esta politización del tema de la paz, en medio de la campaña electoral entre los que le dicen “sí a la paz pero sin impunidad”, “sí a la paz pero sin elegibilidad política”, y los que le decimos “sí a la paz con justicia transicional”,   no puede salir el señor Ministro de Defensa a pedirle a las Fuerzas Armadas que intervengan en esa disputa política que se zanjará en las urnas, disputa que no debería existir, pero que existe por decisión inconstitucional y aparentemente inmodificable del Presidente de la República.

Y es aquí donde hay que recordar el célebre discurso del doctor Alberto Lleras Camargo, ya como Presidente electo, en el Teatro Patria ante los Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas en mayo de 1.958. Dijo él entonces y lo cito un poco en extenso porque vale la pena: “La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia, el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas.

El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un  capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Si entran a deliberar, entran armadas. No hay mucho peligro en las controversias civiles, cuando la gente está desarmada. Pero si alguien tiene a sus órdenes, para resolver la disputa, cuando ya carezca de argumentos o pierda la paciencia, una ametralladora, un fúsil, una compañía, o las Fuerzas Armadas, irá a todos los extremos,  se volverá  más  violento,  será  irrazonable,  no buscará  el  entendimiento sino  el aplastamiento, y todo acabará en una batalla.

Por eso las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser deliberantes en política. Porque han sido creadas por toda la Nación, porque la Nación entera, sin excepciones de grupo, ni de partido, ni de color, ni de creencias religiosas, sino el pueblo como masa global, les ha dado las armas, les ha dado el poder físico con el encargo de defender sus intereses comunes, les ha tributado los soldados, les ha dado fueros, las ha libertado de las reglas que rigen la vida de los civiles, les ha otorgado el privilegio natural de que sean gentes suyas quienes juzguen su conducta, y todo ello con una condición: la de que no entren con todo su peso y su fuerza a caer sobre unos ciudadanos inocentes, por cuenta de los otros. Además, esa condición es indispensable, porque si las Fuer zas Armadas tienen que representar a la Nación ante presuntos enemigos exteriores, necesitan de todo el pueblo, del afecto nacional, del respeto colectivo, y no lo podrían conservar sino permaneciendo  ajenas  a  las  pugnas  civiles.  Las  Fuerzas  Armadas  no  pueden, pues,  tener partido”.

Definitivamente un error puede conducir a muchos otros errores.

*Constituyente 1.991

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