Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/03/02 11:51

La desinstitucionalización, ¿un propósito nacional?

Parece que hubiera un extraño designio por desinstitucionalizar el país.

Jesús Pérez González-Rubio Foto: Archivo Particular.

Según “El Nuevo Siglo” del sábado 27 de febrero pasado, “la Alianza Verde” propone un “gobierno de transición” que presida el llamado posconflicto con las Farc. Sería desplazar al presidente que elegimos los colombianos con vocación de permanencia por 4 años. Se trata de desinstitucionalizar el Gobierno al proponer reemplazarlo por uno de coalición  que no sería como el actual elegido conforme manda la Constitución, lo que lo privaría de toda legitimidad. ¡La locura!

Pero no es la única propuesta desinstitucionalizadora. ¡Quién lo creyera! A este propósito, consciente o inconscientemente, parecería contribuir el propio Gobierno: en cuanto al proyecto de Ley sobre el Plebiscito porque no se puede someter a votación popular un derecho constitucional fundamental como el de la paz, pues eso es ponerlo en riesgo ya que siempre es posible que gane el no. También porque ignora el a.104 de la C.P., y finalmente porque el a.3° establece una norma jurídica que obliga a tener la decisión que surja del Plebiscito, cualquiera que ella sea, como vinculante, lo que sólo es jurídicamente viable mediante Referendo según el texto de nuestra Constitución, de la Ley y de la jurisprudencia. Es evidentemente un intento desinstitucionalizador.

Y ni qué decir del proyecto de Acto Legislativo sobre el “Congresito” y el “Procedimiento Legislativo Especial para la Paz”. Baste señalar que los actos legislativos tendrán sólo tres debates y que aprobados en el segundo por las plenarias de Senado y Cámara “pasará a ser promulgado”. Son los mismos debates para un proyecto de ley cualquiera según este de A.L. que estudia el Congreso. Lo anterior elimina el principio de rigidez de la Constitución y con él el de Supremacía de la Carta y con éste el de control de constitucionalidad de las leyes. Esto no puede tener legitimidad ninguna.

Todas estas maromas jurídicas absolutamente innecesarias, arbitrarias e inconvenientes que constituyen un abuso de las mayorías, contribuyen a sembrar en la conciencia colectiva, al lado de la amenaza de una reforma tributaria diseñada, no para gravar a las grandes fortunas sino aún más a las personas naturales de la clase media, y también al pan, a la leche y al huevo,  una gran desconfianza en el gobierno que las promueve. Por eso no hay que sorprenderse de que Gallup señale hoy, según varios periódicos, que el 69% de los encuestados desaprueba la forma como Juan Manuel Santos está desempeñándose en su labor como Presidente de Colombia al tiempo que sólo el 24% lo apruebe; y que el 74% crea que las cosas en Colombia están empeorando y sólo un 14% que están mejorando.

Un alto en el camino para reflexionar y reencausar al país por la vía del respeto a las instituciones consagradas en la Constitución y en la Ley no le causaría perjuicio al Proceso de Paz, sino todo lo contrario, pues los Acuerdos respectivos podrían implementarse en el término de un año máximo, revestidos con la legitimidad que les otorga la Carta, si comenzamos en la segunda mitad de este marzo con el trámite en el Congreso de los actos legislativos, las leyes estatutarias y la ley de facultades extraordinarias. No perdamos el tiempo en la ruta que ahora hemos tomado del Plebiscito y del Congresito. Pasemos a la implementación de esos Acuerdos pues la paz no necesita refrendación y menos aún ser puesta en peligro. Ella se legitima a sí misma, como tantas veces lo he puesto de presente.

*Constituyente 1.991

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