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Opinión

  • | 2015/10/26 10:20

    Lo que es con Uribe, es con el procurador

    Convertir la opinión en delito, como lo hace el procurador con los enemigos políticos de Uribe, es una falta grave que atenta contra la libertad de expresión y el libre pensamiento.

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No tengo duda de que el procurador Alejandro Ordóñez es un cruzado: se le cruzó a Piedad Córdoba y la despojó de su curul de senadora; se le cruzó a Gustavo Petro con el propósito expreso de sacarlo del Palacio de Liévano, pero fracasó; se le cruzó a Iván Cepeda por hacerle un debate político a Uribe Vélez por sus presuntos nexos con el narcotráfico y sus viejas y oscuras relaciones con figuras de la política nacional, cuestionadas por su cercanía con grupos paramilitares. Ahora busca hacerle zancadilla al superintendente Pablo Felipe Robledo por una multa impuesta a los empresarios del azúcar por obstruir, durante varios años, como cualquier mafia, la importación de este producto proveniente de Guatemala, Costa Rica y otros países de la región, violando de esta manera los acuerdos suscritos por Colombia en materia de importaciones.

Cruzársele en el camino a todo servidor público que cuestione al expresidente y a sus amigos parece ser una de las motivaciones principales de este señor. Particularmente, no dudo por un segundo en afirmar que el hombre es un abusador, un político más que ve la paja en el ojo ajeno pero ignora la viga en el propio. Utilizar las amplias funciones que le otorgan la Constitución Política para abrirle pliego de cargos a Cepeda y perseguir a los investigadores de la parapolítica en Colombia, que por lo general son antagónicos del exmandatario, como el magistrado Iván Velásquez, tiene en el fondo la intención explícita de parar en la raya a todo aquel que intente cuestionar las acciones del creador del Centro Democrático y hurgar en su pasado enrarecido.

La táctica es siempre la misma, nos cuenta Cecilia Orozco Tascón en su última columna de El Espectador (21/Oct/2015): “armar las acusaciones contra personas a las que el expresidente ve como enemigas” y a partir de estas montar el espectáculo. Por lo general, los testigos que dicen haber visto u oído son cercanos al uribismo: paramilitares presos en cárceles de Antioquia, exmilitares acusados de ‘falsos positivos’, o cercanos, muy cercanos al dos veces presidente de los colombianos.

Acusar al magistrado Iván Velásquez de ofrecer beneficios a un exparamilitar preso en Itagüí para que testificara contra el expresidente Uribe, no tiene ni pies de ni cabeza. Y no lo tiene porque lo que dijo José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, con respecto a la participación del expresidente en crímenes de lesa humanidad, lo ha repetido hasta la saciedad Salvatore Mancuso desde su sitio de reclusión en una cárcel de los Estados Unidos, lo repitió mil veces Francisco Villalba, alias ‘Cristian Barreto’, condenado como autor material de la masacre de El Aro, y cuyas declaraciones le costaron la vida, lo ha manifestado igualmente Diego Fernando Murrillo, alias ‘Don Berna’, quien acaba de declarar que uno de los objetivos de las AUC era llevar a Carlos Castaño a la Presidencia de la República, pero como no pudieron le tendieron el puente a Álvaro Uribe Vélez. Y el país no olvida lo que significó ese apoyo criminal en la historia política de Colombia.

Pero el asunto va más allá. La utilización como prueba de testigos falsos y abogados inescrupulosos ha sido para la justicia un lunar enorme que le ha restado credibilidad. Es probable que la intención de estos mafiosos del derecho haya sido desde un principio esa: desprestigiar la Rama Judicial y las Altas Cortes para crear confusión y dudas y evitar de esta manera que sus clientes vayan a la cárcel o paguen cuentas mínimas por sus delitos.

Por eso, muy pocos entienden que el procurador Ordóñez, tomando como base las declaraciones de dos criminales, como lo son Ramiro de Jesús Henao (alias ‘Simón’) y Gabriel Muñoz Ramírez (alias ‘Castañeda’) le haya formulado pliego de cargos al senador del Polo Democrático e imputado “falta grave a título de dolo” bajo el supuesto de que Cepeda ofreció dádivas para que estos declararan en contra del expresidente Uribe Vélez.

Según lo expuesto por Orozco Tascón en su columna, “en 2015, Simón y Castañeda, quienes hoy incriminan a Cepeda, concertaron antes de su declaración con otro preso, alias ‘Memín’, quien los reunió con su abogado, Wilser Darío Molina. Este, tal como lo hiciera el abogado de ‘Tasmania’, preparó los testimonios de Simón y Castañeda contra el senador del Polo. González, el de ‘Tasmania’, resultó ser vecino de oficina de Santiago y Mario Uribe en Medellín”.

El asunto resulta mucho más grave ya que involucra a parientes muy cercanos al hoy senador, cuestionados precisamente por sus supuestos vínculos con el paramilitarismo. Tanto así que en su momento Francisco Villalba declaró para la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones que el objetivo de la incursión al corregimiento de El Aro era rescatar a sangre y fuego a Santiago Uribe, quien al parecer permanecía secuestrado por una columna de las FARC.

Pero al señor de los tirantes le ha importado muy poco, o casi nada, las declaraciones de un abanico amplio de exjefes paramilitares que han señalado al expresidente de haber mantenido vínculos muy estrechos con la AUC y de haber sido la mente maestra detrás de muchas masacres que involucran por igual a exgobernadores, exalcaldes y excongresistas que aportaron o se beneficiaron política y económicamente de una serie de hechos de sangre que aún están siendo investigados por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

Creo que el procurador Ordóñez se interesó mucho más en abrir pliego de cargos contra el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, uno de los mejores mandatarios departamentales y mejor valorado por los índices de transparencia. Le resultó mucho más beneficioso en sus aspiraciones presidenciales declararle la muerte política a Alfonso Salazar e inhabilitarlo por 12 años para ocupar cargos públicos. Le interesó mucho más ponerle la perseguidora a Gustavo Petro que saber por qué Yahir Acuña Cardales le fueron decomisados 480 millones de pesos a pocas horas de que se abrieran las urnas para elegir alcaldes, gobernadores y concejales. Y, por supuesto, le interesa mucho más mantener un tira y afloja con el fiscal Eduardo Montealegre por lo que se está negociando en La Habana que investigar las razones y encontrar los culpables de las más de dos mil muertes de niños por inanición en La Guajira.

La opinión, ya sea de un funcionario público o un humilde comentarista, puede estar en el rango de “pecado”, según la Biblia que conserva Ordóñez a un costado de su escritorio, pero nunca tipificado como delito en el Código Penal colombiano. Sin embargo, convertir la opinión en delito, como lo viene haciendo el Procurador con los enemigos políticos del expresidente Uribe, sí es una falta grave que atenta contra la libertad de expresión y el libre pensamiento de cualquier ciudadano.

En Twitter: @joarza
E-mail: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario.

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