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Opinión

  • | 2015/12/21 13:10

    Delinquir desde la legalidad

    Con una imagen poco clara, Pretelt no piensa en el daño enorme que le hace a la justicia del país y lo mal que queda esta de las fronteras para afuera.

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En un tono que puede interpretarse de respetuoso, el presidente Santos le sugirió al ‘publicitado’ magistrado Jorge Pretelt que diera un paso al costado. Esta petición del mandatario colombiano no es una sugerencia aislada, pues la han hecho otros magistrados y se ha convertido, prácticamente, en un grito al unísono de cientos de colombianos y de un grupo numeroso de columnistas de medios nacionales y regionales. La petición no es descabellada ni tiene nada de extraño, pues le permitiría al togado centrarse, sin tropiezos, en su defensa. Le permitiría tomar, literalmente, por los cuernos al toro debilitado de una justicia colombiana que cada día parece más ciega entre un bastonazo y otro.

Como el recordado grito de batalla del expresidente Samper durante el escandaloso proceso 8000, “aquí estoy y aquí me quedo”, el magistrado acusado de pedir dinero para fallar una tutela y ser dueño de varias fincas despojadas por los paramilitares de Antioquia y Córdoba a varias familias campesinas, no parece estar dispuesto a abandonar su silla de togado en la sala plena de la Corte Constitucional. Por el contrario, ha reiterado, como el popular estribillo de la canción de Lolita, “no renunciaré”.

Como el hombre mezquino y corrupto que parece ser, Jorge Pretelt no piensa siquiera en el daño enorme que le hace a la justicia del país y lo maltratada que queda esta de las fronteras para afuera. Su actitud de bravucón de barrio deja ver una Corte Constitucional debilitada que parece no tener la cordura suficiente, ni las herramientas jurídicas necesarias, para dejar por fuera del canasto a un grupo de manzanas podridas que, desde hace varios años, viene afectando la credibilidad de uno de los estamentos encargados de ponerle orden y vigilar la institucionalidad del Estado.

Como buen uribista, el “honorable” magistrado Pretelt ha dicho que detrás de esta investigación que se le sigue -y que hace pocos días la desprestigiada Comisión de Acusaciones de la Cámara le dio luz verde al Senado para que continúe con esta- se encuentran algunos medios de comunicación antiuribistas. O sea, que el proceso, según él, está direccionado a dañar la imagen tutelar de la “mano firme y corazón grande” y no a la aclaración de unos presuntos delitos por los cuales se le investiga. A esta voz aislada del togado se ha sumado la del infaltable procurador Alejandro Ordóñez, defensor, como el país conoce, de las políticas del “gran colombiano” y de todos los servidores públicos señalados de tener vínculos con el paramilitarismo.

Para el procurador las declaraciones del mandatario colombianos se constituyen en una abierta intromisión en los asuntos de la justicia. Esta defensa del jefe del Ministerio Público ha envalentonado al togado de las coimas, quien a través de su cuenta de Twitter ha dicho que Santos es incoherente porque mientras pide públicamente su renuncia, mantiene en el cargo al general de la Policía Rodolfo Palomino, sumido también en un escándalo de corrupción de grandes proporciones que lo tiene caminando desde hace un buen tiempo con un pie afuera de la institución, mojando prensa y siendo motivo de numerosos memes que recorren las redes sociales.

En términos argumentativos, el trino de Pretelt es una falacia, pero no deja de ser un argumento. Este parte de la premisa de que si Santos no le ha sugerido la renuncia al comandante de la Policía, centro también de un gran número de irregularidades, no puede sugerírsela a él. Que algo se haga costumbre entre quienes ostentan el poder y se extienda a la vida ordinaria, no es sinónimo de que la costumbre o el hecho que se realiza esté bien o sea éticamente correcto. El trino del togado puede entenderse como una estrategia que busca, en el fondo, desviar la atención del asunto principal y poner el foco en un hecho que podría catalogarse de secundario. La falacia está presente también en la conclusión del magistrado, quien da por sentado que el presidente Santos no le va a sugerir la renuncia al general Palomino cuando las pruebas de sus irregularidades se hagan irrefutables.

El hecho de que en nuestras ciudades se haya convertido en hábito ver a los niños en etapa escolar vendiendo dulces en los buses, o haciendo maromas en los semáforos para ganarse una moneda, no puede leerse como un asunto socialmente correcto. Que un funcionario público se robe con trapisondas el dinero que es de todos los colombianos, no puede entenderse tampoco como una situación normal cuando en realidad es un delito grave que afecta el correcto funcionamiento del Estado. Es un mal síntoma escucharle decir a un ciudadano que no importa cuánto robe el alcalde, el gobernador o el concejal siempre y cuando cumpla con las funciones que le corresponda. Lo más seguro es que si roba no va a cumplir con ninguna promesa hecha durante la campaña. Pero a los colombianos, en general, nos fascinan los relatos fantásticos.

Lo único que deja ver esta afirmación es que “el todo se vale” se ha convertido en una enfermedad entre un gran número de funcionarios públicos. Si la corrupción no nos importara, tampoco debería importarnos que los niños indígenas de La Guajira se murieran de hambre -gracias al robo sistemático de la dirigencia política de ese departamento-, como tampoco nos importaría que el togado en cuestión cobrara por debajo de la mesa para fallar la célebre tutela que hoy lo tiene en calzas prietas. Y, mucho menos, nos importaría que el general Rodolfo Palomino y un grupo de sus subalternos estuvieran haciendo negocios sucios, a costa de la institución policial, para enriquecerse.

Sin importar lo que diga el procurador Ordóñez -quien no ha dejado de celebrar que la Corte Suprema de Justicia haya absuelto al excoronel Alfonso Plazas Vega por el delito de desaparición forzada- el Presidente de la República sí tiene el deber ético de sugerirle a un funcionario público, investigado por un delito grave, que dé un paso al costado. No tiene nada de extraño, repito, la sugerencia porque lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y, por supuesto, de la Rama Judicial como uno de los poderes sobre los cuales se cimenta el Estado. La fortaleza o la debilidad de este dependen, naturalmente, de sus cimientos. Y no olvidemos que una manzana podrida en la canasta terminará, tarde o temprano, dañando al resto.

En Twitter: @joarza
E-mail: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario
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