Desfalcos en nombre de la autonomía universitaria

Nada parece detener la avalancha de irregularidades por la que atraviesa  la “gloriosa” Universidad de Cartagena, a cuyo lema “siempre a la altura de los tiempos”, los estudiantes le han agregado ahora la expresión “medievales”. Si es cierto que la U. de C. es un ente universitario autónomo con régimen especial, como reza el Decreto expedido el 6 de octubre de 1827, esa autonomía no significa violentar los estatutos que la rigen y acomodarlos para el beneficio de unos pocos. No significa poner a funcionar la célebre puerta giratoria donde el mismo grupo de funcionarios cambia de cargos para así permitir que la estructura corrupta y criminal que sostiene los desfalcos continúe.

Que Germán Sierra Anaya sea hoy un hombre rico, como mucho de sus colaboradores, después de haber estado en la rectoría de esa institución durante 8 años y no tenga una investigación abierta formalmente en la Procuraduría Nacional, ni en la Controlaría de Colombia, ni mucho menos en la Fiscalía, deja claro que los entes de control de la ciudad, el departamento y la nación no controlan nada.

La ministra Gina Parody ha reconocido públicamente que la Universidad de Cartagena tiene problemas profundos de corrupción. Ha reconocido que la calidad académica del alma máter ha decaído en los últimos años, pero no ha hecho nada por evitar el desangre que puede llevarla a la quiebra. Ese carrusel del infortunio, del clientelismo, la corrupción y las mafias de las que hace referencia Salomón Kalmanovitz en una columna de El Espectador, ha convertido a la gran mayoría de los miembros del Consejo Superior en hombres con mucho dinero. Comprar automóviles costosísimos, apartamentos en sectores donde el metro cuadrado no baja de los 20 millones de pesos, no se consigue con un salario de 7 millones mensuales, e incluso si se trabajara honestamente toda la vida. El nómbrame que yo te nombro, como lo han denunciado ya algunos docentes, preocupados por la situación, ha permitido que la universidad haya alcanzado desde el segundo semestre de 2015 una deuda que supera los 15 mil millones de pesos,  como ya lo expuse en una columna anterior. El problema se agudiza en todos los frentes de la universidad: en el académico, en la Caja de Previsión --donde el único medicamento que se prescribe es acetaminofén--, en el estado financiero y en la proyección de los programas a distancia, donde las irregularidades, como lo han denunciado ya varios docentes, son mayores que en la de los programas presenciales.

Tanto así que en mayo de 2014, cuando se llevaron a cabo las elecciones para rector y decanos, los docentes y estudiantes de los programas a distancia fueron los únicos que votaron para elegir a sus directivos, pues, quebrantando sin pudor nuevamente los estamentos que rigen la normatividad de la institución, el Consejo Superior decidió realizar, como estrategia, los comicios internos un sábado, día en que solo asisten los estudiantes y docentes que pertenecen  a estos programas no presenciales.

Uno de los administrativos que se ha constituido en un símbolo de esa puerta giratoria referenciada arriba, es Fernando Manzur Jattin, un médico que ha desempeñado las funciones de representante de los profesores ante el Consejo Superior, labor en la que se mantuvo durante 8 años. Hoy cumple la función ante el mismo Consejo, como representante de los egresados, donde pronto cumplirá un tiempo similar al anterior.

Pero nada de esto, a los ojos de un Consejo Superior permeado por la burocracia, los intereses particulares de sus miembros y atravesado por una corrupción rampante que tiene a la universidad al borde de la quiebra económica, se sale de la normatividad que rige la institución, pues esta es un ente autónomo que puede llevar a cabo las reformas que crea pertinente para su funcionamiento. Esa misma autonomía universitaria, que ha permitido que sus miembros cambien de roles pero sin abandonar la estructura que mantiene en zozobra al alma máter, se ha utilizado para reformar algunos artículos del Estatuto General para acomodarlos a los intereses del rector y el cerco administrativo que lo acompaña.

Hasta el momento, las denuncias que se han venido formulando en contra de las irregularidades que sacuden a la universidad, no han despertado el interés de la Procuraduría Regional de Bolívar, de la Fiscalía ni mucho menos de la Contraloría. Para un grupo de docentes que ha llevado a cabo las denuncias ante estos organismos, el hecho de que estas no prosperen, obedece en muchos casos a que hay jueces y magistrados que tienen contratos laborales con la U. de C. como docentes de cátedra o familiares vinculados a esta.

Entre este abanico de funcionarios de la justicia que mantienen vínculos de este tipo con la universidad, se encuentra el procurador regional de Bolívar, Raúl Guerrero Durango, quien cumple funciones de docente catedrático. “Ninguna de las denuncias que llegan a su despacho relacionadas con la universidad, prosperan”, ha expresado un profesor del programa de Derecho y Ciencias Políticas. “Lo curioso del asunto es que el padre del procurador es también docente catedrático en este programa”, ha comentado otro profesor que pidió la reserva de su nombre.

Pero la cerecita del ponqué que pone al programa de derecho en uno de los puntos más altos de la corrupción que arrasa a la universidad, lo constituye un pago adicional, equivalente, según algunos funcionarios, al 40% del salario devengado. “Creo que detrás de ese pago adicional e irregular, se esconde sin duda un soborno”, ha expresado otro docente que pidió, igualmente, la reserva de su nombre.

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*Docente universitario.