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Opinión

  • | 2015/11/09 14:57

    Propaganda negra

    ¿Quiénes son los militares cuyos nombres permanecen engavetados 16 años después del asesinato de Jaime Garzón?, es la pregunta que debería aclarar la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

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En un conmovedor discurso ante la plenaria del Senado de la República, el periodista Hollman Morris pronunció el 13 de agosto de 2010 una de las defensas más emotivas que alguien haya hecho en memoria de Jaime Garzón Forero. Pocos meses antes de que el humorista fuera asesinado en una calle bogotana, camino a una de las estaciones radiales donde trabajaba, un amplio abanico de defensores de los Derechos Humanos del país había caído por las balas de los sicarios.
 
En esa amplia lista estaba el abogado y profesor santafereño Eduardo Umaña Mendoza, quien recibió, en su propia oficina, varios disparos de un sicario perteneciente a La Terreza, esa compleja red de asesinos a sueldos al servicio del narcotráfico. Estaban los profesores e investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado que, por entonces, buscaban información en Tierra Alta, Córdoba, para el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Javeriana. Estaba el profesor Sergio Restrepo Jaramillo, amigo cercano y colega de Mario y Elsa. Estaba Jesús Antonio Bejarano Ávila, quien fue baleado poco después de impartir una clase en la Universidad Nacional de Bogotá y abandonar uno de los edificios de la Facultad de Ciencias Económicas.

A Jaime Garzón, como a muchos otros defensores de los Derechos Humanos en Colombia, lo mató la propaganda negra que se había instaurado como política por entonces en el país. Una propaganda, que según Morris, se extendió por todo el territorio nacional a través de algunos medios de comunicación al servicio de estamentos del Estado. Por lo tanto, se hizo necesario convertir a Garzón en un miembro del ELN, en un hombre desalmado que cobraba coimas a los parientes de los secuestrados por la guerrilla. Se hizo necesario convertir su imagen de humorista bonachón en la de una estafeta de la muerte. Sin embargo, nada en esa larga y tenebrosa lista de imágenes negativas que se construyó a su alrededor por algunos medios, indica que Jaime Garzón se haya hecho rico al prestar su nombre como facilitador entre los parientes de los secuestrados y el ELN.

“Hasta (…) hoy, por más que he investigado y hablado con secuestrados, no conozco una sola denuncia de una familia (cuyos miembros estuvieron en poder de la guerrilla) en contra de Jaime Garzón por, supuestamente, enriquecerse al participar en la liberación de secuestrados”, sentenció Morris en aquella oportunidad ante la plenaria del Senado.

Para el periodista, citando a la Fiscalía General de la Nación, uno de los determinadores del asesinato de Garzón fue José Miguel Narváez, un oscuro asesor de seguridad del Estado que en 1999 “se movía como pez en el agua entre el Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS”. Así mismo, fungía como asesor de la Federación de Ganaderos de Colombia y era el enlace entre esta y los máximos jefes de las AUC. Según declaraciones del exjefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, Narváez era un aliado incondicional de Castaño y Mancuso, un ideólogo anticomunista que señalaba a quién había que perseguir, a quién “chuzarle” los teléfonos y a quién asesinar.

En declaraciones hechas para la Fiscalía, José Éver Veloza García, el sanguinario comandante paramilitar de los Bloques Bananero y Calima, conocido con el alias de ‘HH’, la muerte de Jaime Garzón fue solo el resultado de un favor que un grupo de militares activos del Ejército le solicitó a Carlos Castaño. Esta afirmación fue corroborada por la exsenadora Piedad Córdoba, quien aseguró ante el ente acusador que durante su secuestro, realizado por los hombres de Castaño, le escuchó decir a este sobre un plan que tenía entre manos para asesinar al humorista.

Hasta la fecha, recordaba Morris en aquella oportunidad, ni la Fiscalía, ni la Corte Suprema de Justicia, ni mucho menos la Procuraduría se han preocupado por saber quiénes fueron esos militares, quiénes los políticos y quiénes los empresarios que se asociaron para pedirle el favorcito al comandante de los Autodefensa Unidas de Colombia.

Esa misma propagada negra, que determinó el asesinato del abogado y humorista, fue determinante también para acabar con la vida de un gran número de sindicalistas, profesores, estudiantes y defensores de los Derechos Humanos. En versión libre para la Fiscalía, el mismo Mancuso aseguró haber recibido de manos de Carlos Castaño una carpeta con una extensa lista de personas que debían ser asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla. Según contó el comandante de las AUC, en esta figuraban, entre otros, los nombres de Gustavo Petro, Álvaro Leiva Durán, Wilson Borja, Piedad Córdoba, Octavio Sarmiento y Luis Alfredo Colmenares.

“Un día llegó José Miguel Narváez a la finca La 21, en Valencia, Córdoba, con la información de que Jaime Garzón hacía parte de la estructura de las FARC. Dejó una carpeta con todos los datos y luego Carlos (Castaño) decidió darle de baja”, declaró en 2012, desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”.

Sostuvo también que en la carpeta estaban los nombres de varios periodistas, miembros de algunas oenegés, directivos de instituciones universitarias y un grupo de infiltrados del ELN y las FARC que fungían de estudiantes en varias universidades del país. Sobre el caso de Jaime Garzón concluyó: “Los sicarios contratados fueron recibidos por miembros de Inteligencia Militar en Bogotá y empezaron de inmediato el seguimiento al humorista con el fin de conocer su rutina”.

Apostilla: ¿Quiénes son estos militares cuyos nombres permanecen engavetados 16 años después del asesinato del humorista?, es la pregunta que debería aclarar la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

En Twitter: @joarza
E-mail: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario.
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