Lo que hemos olvidado

Ad portas de un acuerdo final entre la guerrilla de las Farc y el gobierno del presidente Santos, no hay que olvidar que el cese de las hostilidades no garantizará la reconciliación entre los colombianos. Tampoco lo hará  un cambio de la Constitución Política, como lo han propuesto, a su manera, el expresidente Uribe y los jefes negociadores de las Farc. El asunto va más allá de una firma en un papel. Si la Constitución del 91 se cumpliera a pie juntilla, habría que decir que la propuesta de una constituyente es, de lejos, un embeleco.

Las leyes no se dictan para pasarlas por alto, como reza un adagio. Las leyes, para ser coherente, se hacen para cumplirlas. La Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, no es un organismo político, como lo ha querido hacer ver el hoy senador Uribe Vélez, sino judicial. Pero el expresidente, que hoy grita y patalea y acusa a Montealegre de haber orquestado con el presidente Santos un complot contra él y los suyos, olvida que durante sus años en la Casa de Nariño esta institución se convirtió en un apéndice del ejecutivo y fue infiltrada por una banda de paramilitares que orquestaba asesinatos selectivos en contubernio con ese otro desprestigiado organismo como fue el DAS.

Esta parte, al parecer, la han olvidado los integrantes del Centro Democrático.  Tampoco parecen haber entendido que la función de un organismo como la Fiscalía General de la Nación, sin importar quien la dirija y a quién afecte, es perseguir y capturar criminales y comprobar su participación en los delitos por los que se les acusa.

Si Luis Camilo Osorio Isaza hubiera cumplido con la función que la Constitución le asigna a la Fiscalía, seguramente ese organismo no habría caído tan bajo durante su administración y hoy sería visto con otros ojos. Pero no. Osorio Isaza, que desde su posición de retiro se lava las manos como cualquier Poncio Pilatos y defiende a capa y espada las acciones del expresidente, fue incapaz de abrirle un proceso al general Rito Alejo del Río, cuyo nombre ya aparecía en los informes de Human Rights Watch de 2000 al 2005 y en los de los organismos de seguridad de los Estados Unidos como uno de los comandantes del Ejército colombiano que le brindaba apoyo logístico a las unidades paramilitares en el Urabá antioqueño, las mismas que masacraron a un gran número de los trabajadores del banano en esa región del país.

Como se recordará, Uribe Vélez no solo elogió la loable labor del entonces comandante de la Brigada 17, no solo fue hasta la dirección de la brigada a felicitarlo, sino que le colgó una medalla en el pecho y le otorgó el honorífico título de “Pacificador de Urabá”, mientras que en las localidades de Chigorodó, Mutatá y Apartadó, entre otras, los pobladores lo apodaban, en voz baja y con temor, “El carnicero”.

Por eso, no deja de ser chistoso que durante la marcha de los 4 gatos organizada hace unos días por el Centro Democrático, se escuchara a eminentes miembros de esa colectividad agitar la trillada consigna de la “persecución política” y declarar para algunos medios que el país vive en una dictadura y que dentro de poco nos veremos reflejado en el espejo retrovisor de Venezuela. Supongo que la “persecución política” es aplicable a los políticos, no a aquellos que fungen de ganaderos. Pero como muchos ganaderos en este país del Sagrado Corazón son políticos, supongo también que no es muy claro saber si los delitos que se les imputan los cometieron como ganaderos o como políticos.

Ahora bien, habría que recordarles a los ilustres miembros del CD que Santiago Uribe no es político y que los crímenes de los que se le acusan sucedieron hace 20 años, cuando el club –Olga Behar los llama Clan—de “Los 12 apóstoles”, una temible banda de paramilitares creada en Antioquia, al parecer con el apoyo de los Uribe y los aportes de la Iglesia Católica, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y la ayuda logística de algunos exoficiales del Ejército y la Policía, empezaron su sangriento trajinar por las poblaciones de ese departamento, ejecutando a docenas de jóvenes sospechosos de pertenecer a bandas delincuenciales comunes y sindicalistas del banano.

Si la Fiscalía en su momento hubiera actuado, abriendo las investigaciones pertinentes, como lo evidenciaron los informes recopilados por la actual dirección del ese organismo, y donde se adjuntan los reportes de oenegés como Amnistía Internacional, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), de instituciones como la Personería de Yarumal y de un conjunto de testigos que fueron, al parecer, amenazados de muerte si hablaban, incluyendo familiares de víctimas, el asunto de esta banda criminal estaría hoy cerrado y la gran mayoría de sus miembros tras las rejas.

Pero Luis Camilo Osorio Isaza, quien fue durante el gobierno de Álvaro Uribe el Fiscal General de la Nación (2001-2005) no encontró mérito alguno para investigar al general Del Río, hoy preso por el asesinato en persona protegida, y mucho menos al hermano de su jefe, el flamante ganadero acusado hoy de conformar una banda de delincuentes para asesinar personas. Sin embargo, para el uribismo lo que digan las casi 250 páginas de informe del ente acusador sobre los apóstoles del paramilitarismo no tiene mérito alguno, ya que todo es parte de una “persecución política”, un complot orquestado por el presidente Santos y el fiscal Montealegre para vincularlos con delitos graves.

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*Docente universitario.