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Opinión

  • | 2015/07/07 17:43

    Barbarie o actos revolucionarios

    Las FARC deberían preguntarse si volar un acueducto o contaminar un río con petróleo es un acto revolucionario.

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Aquí no se trata de tomar partido por una de las partes. No se trata emplear eufemismos para maquillar la realidad de los hechos porque el asunto es, sencillamente, de vidas que se pierden y de gente pobre que se hace más pobre por la irracionalidad de la guerra. Así como los historiadores han intentado definir qué es o no es un hecho histórico, las Farc deberían preguntarse qué es un acto revolucionario. Dudo mucho que dejar a toda una población sin energía eléctrica durante más de 50 días, volar un acueducto o convertir un río en una larga mancha de petróleo donde no solo mueren peces, animales nativos y los pescadores dejan de ganar dinero para el sostenimiento de sus familias, sea un acto revolucionario. La única palabra que se ocurre para definir una acción como esa es barbarie. Nada justifica un hecho como ese. Nada justifica el desastre ecológico de los ríos Caunapí y Rosario en el Putumayo, y las playas de Tumaco que hoy están convertida en una enorme mancha de petróleo que no beneficie a nadie y perjudica a todo el Pacífico.

Que no nos vengan ahora con el cuentecito de los errores tácticos porque nadie se los cree. Veinte mil barriles de crudo pesado, asfixiando la flora y la fauna selvática, matando toda la vida que encuentra a su paso no se puede catalogar de error táctico ni daños colaterales de la guerra. Es un acto de barbarie que le costará 10 años al país darle solución y miles de millones de pesos al Estado colombiano salvar la región afectada. Lo anterior, repito, no tiene nada de daños colaterales sino la manifestación de un plan bien orquesta que busca, como lo dejó claro alias Matías Aldecoa  en la entrevista que le concedió a  la agencia  de noticias Bloomberg, “que los oleoductos serían los objetivos número uno de las FARC”. En dicha entrevista, el comandante subversivo no solo justificó el derrame de petróleo y el daño “indirecto” a los ríos y fuentes hídricas del país, sino que amenazó con llevar la guerra a la fase más extrema: el plan pistola contra policías y soldados. Y, por supuesto, disuadir con estos actos la inversión extranjera.

Este tipo de amenazas, que no tiene nada que enviarles a las proferidas por Pablo Emilio Escobar a finales de los ochenta, produjo entre comentaristas políticos fuertes declaraciones. Hasta la izquierda desarmada, esa que solo echa discurso en las tarimas, no pudo dejar de sentir indignación por las enfermizos actos de la guerrilla.  Jorge Robledo, uno de los senadores más verticales de la izquierda  nacional, se mostró muy preocupado por la situación y expresó lo siguiente: “Me quiero detener en unas acciones cometidas por las FARC en las últimas semanas, y que a mi juicio escapan a la lógica propia del conflicto entre dos fuerzas militares enfrentadas y se vuelven actos contra la población civil. Por ejemplo, dejar sin energía eléctrica a Buenaventura o a Tumaco es un daño inmenso a unos ciudadanos que no son parte militar en el conflicto. O sea que no hay justificación ni siquiera en la lógica de la guerra. O lo que sucede con los carrotanques en Putumayo, un acto también de destrucción de propiedad privada y de daño a los bienes públicos del que son víctimas ciudadanos colombianos que tampoco son actores armados del conflicto. O sea que allí también la justificación es igual a cero”.

En términos igualmente fuertes, la periodista Patricia Lara Salive escribió una nota para El Espectador donde le recuerda al jefe máximo del grupo subversivo “que 46% de los colombianos prefiere que acaben a las FARC por la vía militar, que ese dato -del cual ella estaba segura le importaba a Timochenko un bledo- debería preocuparlo (…). Sólo pensemos en la rabia que deben sentir y en lo que en el fondo pueden desear los más de 400 mil habitantes de Buenaventura que el 31 de mayo se quedaron sin luz en virtud de una orden suya; o los cientos de miles de Nariño, Santander, Cauca, Huila, Caquetá, Guaviare, Meta y Guajira, a quienes les pasó lo mismo; o los pobladores de Algeciras, Huila, que se quedaron sin agua potable porque un explosivo lanzado por su gente afectó la planta de tratamiento”.

Pero las declaraciones más preocupantes, sin duda, fueron las expresadas por el jefe de negociación del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, quien en una entrevista que apareció ayer domingo en todos medios impresos del país, aseguró lo siguiente, ante la pregunta de Juan Gossaín de cuánto más iban a durar las negociaciones:

“Poco. No soy capaz de darle un plazo porque esa es la pregunta del millón de dólares, pero sí me parece claro que el proceso está llegando a su fin, por bien o por mal. Sea porque logremos un acuerdo, ya que estamos trabajando en la recta final de los temas de fondo. O por mal, si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agota. El riesgo es real. Yo sí quiero decirles a las FARC con toda seriedad: “Esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana”. Realmente lo que está ocurriendo es insoportable para los colombianos”.
Hace un par de semanas, ante el recrudecimiento de los actos bárbaros de las FARC, que envenenaron con petróleo varios ríos del país y dejaron a varios departamentos sin energía eléctrica, el columnista de El Espectador, Jorge Gómez Pinilla, escribió lo siguiente:

“El día que el presidente Juan Manuel Santos se vea obligado a ordenarles a sus negociadores que se levanten de la mesa y retornen a Colombia, los amigos de la guerra no cabrán de la dicha, pues se les habrán salvado los enormes beneficios –económicos y políticos- que obtienen con la confrontación armada. Ese día el país se unirá en un solo clamor para exigir que “¡acaben con todo lo que huela a guerrilla!”, Santos pasará a ocupar el mismo lugar deshonroso de un Belisario Betancur o un Andrés Pastrana (otro que tampoco pudo), y el próximo presidente de Colombia será impuesto una vez más por la imbecilidad de las FARC y las promesas recargadas de venganza de Álvaro Uribe.”

Por lo que ha venido pasando en las últimas semanas, incluyendo las declaraciones explosivas de Humberto de la Calle a Juan Gossaín, solo espero que Jorge Gómez Pinilla no tenga voz de profeta. Sería una tragedia nacional que el próximo presidente de los colombianos resulte ser un miembro del Centro Democrático. Si esto es así, las FARC habrán elegido por enésima vez al mandatario de los colombianos. Y el país todo volverá a ser un teatro de operaciones militares, con nuevas “chuzadas” telefónicas y nuevos “falsos positivos”.

En Twitter: @joarza
E-mail: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario.
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