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Opinión

  • | 2015/06/22 09:29

    El clan que se robó la costa (I)

    Es el grupo político más poderoso que ha tenido la costa norte colombiana en los últimos 40 años. Y a pesar de su debacle, en 2014 sacaron congresistas y hoy sueñan con la alcaldía de Cartagena.

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La tercera es la vencida, reza el adagio, pero para Jairo Alberto Verbel Villadiego, más conocido como Mono loco, un exparamilitar que según las autoridades de Sucre fue durante muchos años el hombre de confianza del desaparecido líder de las Autodefensas Unidas de Colombia Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, la suerte se le acabo en la séptima oportunidad que los sicarios dispararon contra el auto en el que viajaba en compañía de su esposa y su pequeña hija. Hacía apenas unos meses, mientras transitaba por el barrio El Cabrero de Sincelejo fue sorprendido por una ráfaga de disparos. El exparamilitar resultó ileso en esa oportunidad pero en el hecho murió un indigente que pasaba por el lugar cuando se desató la balacera.

El Mono loco era señalado por las autoridades de ser el autor material de una veintena de homicidios y de una docena de intentos de asesinatos. Había sido recluido en varias cárceles de la costa norte colombiana donde trataron de asesinarlo en tres oportunidades. El 13 de noviembre de 2014 tenía poco tiempo de haber abandonado su sitio de reclusión en Las Mercedes, Montería, cuando una ráfaga de disparos impactó su cuerpo, matándolo al instante, e hiriendo a la pequeña de dos años que lo acompañaba. Milagrosamente su esposa, que viajaba a su lado, resultó ilesa.

Nada de lo anterior debería sorprender si se piensa que el paramilitarismo ha sido, al igual que las guerrillas y las bandas criminales, uno de los factores generadores de violencia más significativos de la historia colombiana. Sin embargo, la muerte del paramilitar Jairo Alberto Verbel Villadiego debería ser para las autoridades -por lo menos- el punto de arranque de las pesquisas que den con la captura de los sicarios y los autores intelectuales del crimen, pues era el último de los testigos clave de la Fiscalía General de Nación contra una de las investigaciones que el ente acusador lleva contra Álvaro “El Godo”  García, un excongresista sucreño -cuñado de la también exsenadora Piedad Zuccardi- condenado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia a pagar cuarenta años de presión por ser considerado el cerebro de la masacre de Macayepo en septiembre de 2000, donde perdieron la vida quince campesinos.

El Clan García, como se le conoce abiertamente en la costa norte colombiana, especialmente en Sucre y  Bolívar, es, sin duda, uno de los grupos políticos tradicionales más poderosos de la región. Durante las últimas décadas ha manejado gran parte de los municipios de estos dos departamentos como si se tratase de un negocio familiar, ha colocado en sus respectivas administraciones a los alcaldes y gobernadores que ha querido y ha desangrado las arcas municipales y departamentales de manera sistemática, prolongando de esta forma la pobreza que ha caracterizado a una de las regiones, contradictoriamente,  más activas del país en cuento a ganadería se refiere.

La historia de este cacicazgo político es larga y parece sacada de la célebre novela El padrino, de Mario Puzo. Su ascenso meteórico al panorama nacional se dio en la década del ochenta, pero fue en los noventa, durante el cuestionado mandato presidencial de Ernesto Samper Pizano, cuando el país supo de su existencia, a través de las denuncias hechas por el entonces excandidato a la presidencia de la República Andrés Pastrana, quien destapó el escándalo de los narcocasetes que dio origen al recordado Proceso 8000.

Sin embargo, en 1988, Álvaro García Romero, una de las figuras más representativas del clan, un hombre de casi doscientos kilos y de rostro colorado, fue el centro de un escándalo al incluir, en el debate definitorio  de la Cámara de Representas, el ‘orangután’ que echó al traste el proyecto de Reforma Agraria propuesta por el entonces presidente Virgilio Barco y que, por el contrario, benefició a los terratenientes del país y dejó mal parado a los campesinos más pobres de la nación.

En la década del noventa, la fortuna del clan creció como la espuma de una cerveza recién destapada, pero así mismo sus escándalos. En una conversación que las autoridades interceptaron al capo del cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela con el periodista y  relacionista público Alberto Giraldo López salieron a relucir los nombres de Juan José y Álvaro García, a quienes se les había hecho entrega de unos cheques cuyos montos no fueron esclarecidos pero que les permitió a los entes de seguridad del Estado poner su lupa sobre el Clan García. Poco después, Juan José, senador de República y esposo de Piedad Zuccardi, se encontró nuevamente en el ojo del huracán cuando la Corte Suprema de Justicia lo investigó por la apropiación de 110 millones de pesos de auxilios parlamentarios. En 2007, la misma Corte determinó su culpabilidad y lo condenó a tres años y medio de presión por el delito de peculado  por apropiación. Pero los acontecimientos que llevarían a los miembros de este clan a protagonizar los escándalos políticos de corrupción más recordados de la región Caribe, aún estaban por darse.

Todo parece indicar que para este grupo de caciques electoreros los escándalos se han constituido en una forma eficaz de hacer política. No olvidemos, entre otros, a Héctor García Romero, un reconocido constructor de ‘La Heroica’, quien en 1992 le propuso al alcalde de entonces, a través del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana [Inurbe], la adquisición de los terrenos de Chambacú para llevar a cabo un proyecto urbanístico. Como era de esperarse, el proyecto se adjudicó, pero poco después, como cosa curiosa, el mismo proponente se convirtió en el gerente del cuestionado Inurbe. La razón: el alcalde de entonces era su hermano Gabriel García Romero y el ministro de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, un conocido de la familia.

Ocho años después de este escándalo, el país conoció el entuerto del miti miti por la liquidación de la empresa telefónica de Cartagena, Telecartagena. La publicación del audio de unos casetes por el entonces gerente de la empresa, Francisco Martelo, dejó al descubierto una lista larga de contratos ilegales que involucraban al exsenador Juan José García y a su grupo familiar. Entre los delitos que se le atribuían se encontraban contratos millonarios adjudicados a dedo por más de 880 millones de pesos, sobrevaloración en los contratos de translación de líneas, nóminas paralelas, pagos a contratistas inexistentes y anticipos económicos sin la firma legal de los contratos.
No hay que olvidar que los García Romero apoyaron económica y políticamente tanto a Ernesto Samper Pizano como a Andrés Pastrana en la intención de estos de llegar a la  Casa de Nariño.

No obstante, cuando los contradictores del cuestionado emporio veían claro el debilitamiento y su posterior caída,  los García Romero se alzaron de su casi muerte política como el mítico Ave Fénix de sus cenizas. Teresita García Romero, hermana de Juan José y Álvaro, fue nombrada cónsul en Fráncfort, Alemania, y ‘El Gordo’ obtuvo una curul en el senado de la República.

Por eso, a nadie le extrañó en  Cartagena de Indias lo que vino después: la muerte política de los hermanos García Romero, pero el surgimiento de una nueva camada dispuesta a restaurar y sacar adelante el negocio familiar. Fue así en 1998, Piedad Zuccardi, respaldada por la Nueva Fuerza Liberal, cuyo líder en los departamentos de Bolívar  y Sucre era su esposo, el exsenador Juan José García, alcanzó una silla parlamentaria con una de las votaciones más altas de los candidatos al Congreso de ese año: más de 80 mil sufragios. Sin embargo, ese triunfo que parecía ser el triunfo del juego democrático se convirtió nuevamente para el clan en una especie de Espada de Damocles. Las sospechas de que detrás de aquella masiva votación se movían como nubarrones las fuerzas oscuras del paramilitarismo de la región fue el primer campanazo de alerta para las autoridades. El nombre de Alfonso “El Turco” Hilsaca, un cuestionado personaje cuyas empresas han estado siempre asociado en los últimos veinte años a la política local y a las múltiples contrataciones que el distrito y el departamento llevan a cabo con estas, salió a relucir poco después.

Hilsaca, que saltó de ser un trabajador raso del desaparecido Terminal Marítimo de Cartagena a un hombre con una enorme fortuna, ha tenido sobre sus espaldas varias investigaciones de la Fiscalía. A pesar de los señalamientos que lo sindican de ser el autor intelectual de  una veintena de homicidios cometido en La Heroica y su alrededores, entre estos el de cuatro prostitutas que fueron baleadas en febrero de 2003 frente a las bancas que se alzan a un costado del emblemático Reloj Público, la suerte parece sonreírle no obstante de que alias Juancho Dique, el sanguinario exparamilitar del frente Héroes del Canal del Dique, haya declarado en versión libre para la Fiscalía sobre las reuniones que sostuvo con  Hilsaca y un grupo de alcaldes del departamento para hablar, entre otros temas, de la participación de las empresas del “Turco” en los contratos de los municipios.

Para Piedad Zuccardi, actual matrona del clan García, los señalamientos anteriores solo hacen parte del repertorio de cuentos chinos y las acusaciones falsas con las que se ha intentado vincular a su núcleo familiar con el paramilitarismo. A pesar de la negativa de la exsenadora, de acusar a sus enemigos políticos de fabricar testigos  que la señalan de ser partícipe de las reuniones con Iván Roberto Duque o alias Ernesto Báez, uno de los cabecilla del Bloque Central Bolívar de las AUC, las investigaciones realizada por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación contradicen sus afirmaciones.

No hay que olvidar que Zuccardi fue la mano derecha del expresidente Álvaro Uribe en Bolívar y Sucre  y una de las responsables de esa masiva votación que lo llevó a la Casa de Nariño. Desde entonces su relación con el presidente y su entorno político fue estrecha. Unidos por ese vínculo que parecía irrompible, los beneficios económicos para el clan fueron inmensos, pues muchos de los familiares y cercanos a la senadora se beneficiaron de millonarios contratos con el Estado.

En Twitter: @joarza
E-mail: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario. 
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