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Opinión

  • | 2015/06/30 19:13

    El clan que se robó la costa (II)

    Para el clan García Romero-Zuccardi, el color político es lo de menos, lo importante es el poder. De ahí que hayan apoyado por igual las candidaturas a la presidencia de Samper, Pastrana, Uribe, Zuluaga y Santos.

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El escándalo de  la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, una entidad representada en los noventa por Eduardo Hernández Peña, primo de Juan José García, y cuya finalidad era la prevención y mitigación de inundaciones en varias regiones del país, fue apenas la punta de un gigantesco iceberg. En 2010, un año después de haber recibido los anticipos correspondientes para la realización de las obras de mejoramiento y adecuación de las riberas del Canal del Dique, se produjo la catástrofe que dejó gran parte de esa zona del departamento de Bolívar bajo el agua. Las lluvias intensas cayeron durante más de quince días seguidos y muchas familias perdieron sus casas. Las aguas del  río abandonaron su cauce y, desde arriba, las cámaras de los noticieros que sobrevolaban la zona inundada dejaban ver un panorama desolar: animales muertos flotando en las aguas estancadas, cosechas perdidas y un enorme boquete de varios metros abierto por la fuerza de las aguas que dividió la carretera en dos y represó la circulación de los automotores que entraban o salían en dirección a Cartagena y los corregimientos y municipios vecinos.

“Sobre eso no tengo ninguna responsabilidad y no he tenido ninguna injerencia”, declaró la entonces senadora Zuccardi para la cadena radial Caracol. Así mismo explicó que quienes buscaban vincularla con la situación, crearon una relación inexistente, pues ella no tuvo nada que ver con los contratos que se le adjudicaron a Cormagdalena y que la persona a cargo de los trabajos de reparación de la ribera era solo un primo segundo de su marido, por lo que Hernández Peña y quienes adjudicaron las obras debían responder por esa lamentable situación. Y concluyó diciendo que detrás de esos señalamientos que buscaban crearle lazos con Cormagdalena solo se pretendía dañar su imagen y su trabajo como senadora de la República.

En Cartagena de Indias, donde Piedad Zuccardi y su esposo Juan José García tienen desde hace varias décadas su residencia, muy pocos creyeron su versión. Los rumores que corrieron por las calles, esquinas y plazas de La Heroica no eran solo la innegable responsabilidad del clan en el desastre que afectó un número amplio de familias que cada año sufría los desbordamientos, sino que los dineros de los anticipos para darle solución al problema habían sido desviados a otros negocios que no tenían nada que ver con la contención del cauce del río. Lo anterior pareció cobrar fuerza después de que los medios de comunicación mostraran las imágenes devastadoras de la naturaleza implacable y los directivos de Cormagdalena corrieran a taponar con bolsas de arena y estacas de madera las orillas del canal para evitar así que las furiosas corrientes del río siguieran fluyendo hacia los cultivos de arroz y maíz que habían quedado sumergidos.

La influencia de los García Romero-Zuccardi llegó a ser tan amplia en Bolívar y Sucre que sus decisiones eran órdenes. No solo parecían tener el poder político y económico de la región sino que mantenían prácticamente un control de vigilancia policial sobre ese caudal de votantes que habían conquistado con tramoyas, regalos, empleos y amenazas. Lo anterior se hizo más evidente cuando, al ganar su curul en el Senado, el “Gordo” García insultó al comandante de la Policía de Sucre porque este, al cierre de la jornada electoral, no le permitió entrar a las oficinas de la registraduría donde los jurados hacían un recuento de los votos. Recuerdan los testigos del hecho que García  agarró por la solapa del uniforme y lo amenazó: “Voy hacer que te echen de esta mierda”.

Al parecer, no era la primera vez que ese hombre de aspecto intimidante, alto y de cuerpo voluminoso utilizaba la fuerza física para lograr un propósito. Muchos políticos y alcaldes de la región le temían. Su fama belicosa y su rostro siempre serio producían escozor entre sus contradictores.  Resulta imposible olvidar las palabras de Eudaldo León Díaz Salgado, Tito para su amigos, el asesinado exalcalde del municipio del Roble, Sucre, aquella tarde en que, en medio de uno de los consejos comunitarios del entonces presidente Álvaro Uribe, tomó el micrófono para informarle al mandatario que su cabeza tenía precio y que le prestara seguridad porque lo iban a matar. El resultado de aquella denuncia la conoce muy bien el país: ni el Álvaro Uribe le prestó seguridad, ni las autoridades locales hicieron lo suficiente para preservarle la vida.

Los únicos que sí tomaron atenta nota de aquella intervención fueron los esbirros de Salvador Arana --gobernador de Sucre y amigo personal de Álvaro García Romero--, quienes, desde ese instante, pusieron en funcionamiento la máquina de la muerte que terminaría  con la vida del militante del Polo Democrático.

Era tanto el temor que infundía  el “Gordo” entre sus subalternos políticos que los ganaderos del departamento debían aportar sus cuotas económicas mensuales para la seguridad de la región y, asimismo, asistir sin contratiempo a las reuniones que se programaban en alguna de las fincas  ganaderas de Sucre. Esto le ganó el apodo del mecenas del paramilitarismo, pues según la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia que lo condenó a cuarenta años de cárcel, fue él --con la ayuda de los Castaño y el apoyo de Salvador Arana y Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, entre otros— quien le dio vida a ese proyecto sanguinario en esa zona del país que no solo buscaba defender sus propiedades de los posibles ataques de la guerrilla, sino también mantener una   hegemonía política que fuera tan eficaz como una tenaza. Esto implicaba sellar un pacto en el que las administraciones de Sucre y Bolívar giraran en torno a ese proyecto.

Fue así como en el 2004 Jorge Anaya, quien fuera investigado por la Corte Suprema de Justicia y condenado posteriormente por concierto para delinquir, organizar, promover y financiar grupos armados al margen de la ley, llegó a la Gobernación de Sucre. Según declaraciones de Marco Tulio Pérez, alias El Oso, para un fiscal de Justicia y Paz, ese año él y sus hombres le aportaron al futuro gobernador un poco más de 130 mil votos y Rodrigo Mercado Pelufo le hizo entrega de 1500 millones de pesos para la compra de sufragios en la capital sucreña, souvenirs y gastos adicionales para la campaña. Pero Anaya le aportó, ya como gobernador, un poco más de 200 millones de pesos para la compra de armamentos y  una cifra similar para la adquisición de automóviles. Claro que detrás de este entramado criminal estaba la mente perversa de Álvaro García Romero, a quien la Corte Suprema de Justicia lo encontró culpable, en 2010, de los delitos de conformación y apoyo a grupo armados al margen de la ley, concierto para delinquir, asesinato y desplazamiento forzado con relación a la masacre de Macayepo.

Por eso, para las autoridades que investigaron las denuncias hechas contra la exsenadora Piedad Zuccardi, les resultaba difícil creer que esta hubiera permanecido al margen de los hechos que se sucedían en torno a su grupo político y familiar. Mientras que en Sucre el “Gordo” García imponía su ley, llevando a la Gobernación del departamento a Jorge Anaya, en el departamento de Bolívar Juan José García luchaba por sacar adelante la candidatura a la Gobernación de su amigo Alfonso López Cossio. Según declaraciones hechas por los jefes exparamilitares Diego Vecino y Ernesto Báez ante la Fiscalía, las reuniones en las que participó Piedad Zuccardi se dieron en torno a este tema, la Gobernación de Bolívar, ya que el otro candidato, el arjonero Libardo Simanca,  era la ficha de Enilce López, la Gata, y el empresario Alfonso Ilsaca para alcanzar la administración del departamento.

Para Zuccardi, todo lo anterior no ha sido otra cosa que un burdo montaje que busca enlodarla a ella y a su esposo con la parapolítica. Por otro lado, tanto Báez como Vecino han afirmado en reiteradas ocasiones para la Fiscalía que en reuniones posteriores, realizadas en una finca del municipio de Arjona, departamento de Bolívar, estuvo presente Carlos Castaño, quien se mostró complacido por la presencia de la entonces senadora. A esas mismas reuniones se hicieron presentes los mensajeros del entonces presidente del Congreso, Javier Cáceres Leal, de quien Zuccardi aseguró no haberlo conocido sino mucho tiempo después en circunstancias relacionadas con su actividad como congresista. Así mismo, ha expresado que ella es una ciudadana de bien que nunca ha atentado contra el Estado Social de Derecho, que el caudal de sus votos proviene de un proceso democrático limpio, sin contaminación.

A pesar de las declaraciones dadas por la exsenadora a los medios de comunicación, donde ha expresado su desacuerdo con el proceso judicial que se lleva en su contra, reafirmando no conocer aquellos testigos que dicen conocerla y que han sido la punta de lanza para la apertura de las investigaciones que hoy la tienen ad portas de una posible condena, tanto la Corte Suprema como la Fiscalía  han continuado compilando las pruebas con las que se busca llegar a la verdad de los hechos.

En Cartagena de India, ciudad adoptiva de la excongresista, las opiniones al respecto están divididas. Para algunos de los comentaristas políticos de esquina que abundan en La Heroica, no hay duda de esa relación oscura entre Zuccardi y su esposo con el paramilitarismo en Bolívar y Sucre. Para otros, el asunto no está del todo claro. En lo único en que se advierte un acuerdo equilibrado es que el clan García Romero-Zuccardi está debilitado, que la fuerza que manejó hábilmente la política de la región durante casi cuatro décadas empieza a sufrir fracturas.

Por otro lado, no hay que olvidar que este clan parece tener más vida que un gato, y que su supervivencia en lo últimos cuarenta años se ha debido a esa capacidad de mimetizarse. A lo largo de este tiempo ha sido fiel a la sentencia maquiavélica “el fin  justifica los medios”, lo que lo ha llevado a apoyar a los candidatos a la Presidencia de la República sin importar el color político. Lo hicieron con Ernesto Samper Pizano en 1994 a pesar del escandaloso Proceso 8000, y con Andrés Pastrana cuatro años después. En el 2002 se constituyó en la tenaza política de Álvaro Uribe Vélez en la costa norte colombiana, sumándole al triunfo un poco más de trescientos mil sufragios. Lo mismo hizo en el 2010 con Juan Manuel Santo y en el 2014 dividió el caudal de votos entre el  candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, en la primera vuelta, y el actual residente de la Casa de Nariño en la segunda.

Que la exsenadora Piedad Zuccardi sea culpable o no de los hechos de los que se le acusa, eso lo decidirá la justicia. Pero no hay que olvidar que casi cuarenta años de poder hegemónico del clan en una de las regiones políticamente más controversiales de país no se borran de un plumazo como quien borra un tablero. En 2013, ante la grave enfermedad que llevó al alcalde Campo Elías Terán Dix a abandonar el Palacio de la Aduana, fue nombrado como burgomaestre interino Carlos Otero Gerdts, un ingeniero civil de sesenta años, egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, amigo personal de Piedad y Juan José, quien una vez posesionado desmontó el gabinete de Terán Dix y armó en su remplazo uno conformado por personas  cercana a los García-Zuccardi. Aunque la prensa hizo un poco de ruido al respecto, pues no había duda de que detrás de esta jugada se movían intereses oscuros que iban en contra del presupuesto de la ciudad, en la Casa de Nariño no hubo pronunciamientos al respecto. La razón era sencilla: el clan, dirigido ahora por la baronesa, le había aportado a la primera campaña del presidente Santos un poco más de doscientos ochenta mil votos, lo que se había constituido para el mandatario en un especie de deuda política cuyos intereses debían pagarse. Lo anterior empezó a tener sentido en diciembre de ese mismo año cuando Zuccardi y su marido llevaron a cabo en su residencia de Cartagena de Indias una despedida de año a la cual asistieron el Primer Mandatario y la Primera Dama y el procurador Alejandro Ordóñez y su señora esposa.

A nadie, por su puesto, le extrañó en Cartagena la presencia de tan importantes personalidades de la política nacional en la residencia de la controversial pareja, cuestionada por su cercanía con el paramilitarismo y cuyo clan ha estado en el ojo del huracán de la violencia en la región desde que el “Gordo” García fue condena por la Corte Suprema de Justicia por la masacre de Macayepo.

La reunión, más que un evento que tenía como propósito despedir el año viejo y recibir al nuevo, se constituyó, según lo expresado por algunos comunicadores cercanos al grupo, en una actividad para engrasar la maquinaria política con miras a las elecciones legislativas y presidenciales que se avecinaban. De esta reunión hicieron parte, entre otros, el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, ficha clave de los García Zuccardi y amigo personal de la exsenadora, y un grupo muy cercano al parapolítico y expresidente del Congreso de la República Javier Cáceres Leal, también condenado por la Corte Suprema de Justicia y quien tiene pendiente otros cargos por un supuesto desfalco a la Dirección Nacional de Estupefacientes cuando era senador.

En Twitter: @joarza
E-mail: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario. 
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