Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/09/26 12:16

El “show” del Centro Democrático

La representante María Fernanda Cabal debe aportar las pruebas de los dineros que, como lo expresó, recibieron los generales por su silencio en las negociaciones de La Habana. Por la gravedad de la afirmación, la justicia está obligada a actuar.

Joaquín Robles Zabala.

Más que un partido, el Centro Democrático parece hoy un circo en donde abundan por doquier malabaristas, payasos, bufones y magos que no hacen magia sino trucos. Por momentos da la impresión de que algunos de sus miembros no vivieran en Colombia. Dicen tantas barbaridades en público y en privado que vale preguntarse por qué en el Congreso de la República no se implementan los exámenes psiquiátricos para todo aquel que alcance un escaño en ese recinto “sagrado” de la patria.

No se entiende, ni aquí ni el exterior, que haya senadores y representantes de los colombianos que digan frente a las cámaras de los noticieros babosadas del tamaño de un rascacielos sin que haya asomo de argumento. Lo que se alcanza a ver entonces en cada intervención es solo persuasión desmedida, que, como toda persuasión, busca convencer al escucha sin llegar al uso de la razón. La persuasión, como sabemos, tiene como objetivo producir una forma de comportamiento en un destinatario, o destinatarios, y para alcanzarlo apela a los temores, prejuicios y al engaño sin límites. En el fondo, sigue siendo una forma de control social que se alimenta de la manipulación y de los miedos de los grupos para imponer una mentira como si fuera una verdad sin matices.

La coacción y la coerción son quizá sus medios favoritos, pues para que estas se produzcan debe haber una fuerza que represente algún poder. Tanto la coacción como la coerción buscan que un individuo, o grupo de individuos, realice una acción, y para conseguirlo apela, por lo general, a las emociones de este: temores, deseos, beneficios e incluso amenazas directas o indirectas.

Descalificar al oponente sin tener en cuenta sus cualidades, es decir, descalificarlo solo con el propósito de distorsionar o mancillar su imagen, hace parte del abanico de las falacias y del desconocimiento total del otro, donde el equilibrio de la balanza no importa. No hay duda de que las emociones entran en el juego de las palabras a la hora de exponer una idea, pero asegurar barbaridades sin arrugarse y hacerlo frente a las cámaras de televisión es penetrar en los terrenos de la estupidez y quedar ante el país y el mundo como un verdadero imbécil.

Los miembros del Centro Democrático, el partido creado por el expresidente Uribe con el objetivo de regresar a la Casa de Nariño, y que hoy ocupa una treintena de escaños en el Congreso de la República, se ha convertido literalmente en un circo de la política nacional y la única amenaza real para que este país deje atrás los ríos de sangre que recorren Colombia desde hace más de cinco décadas. Como circenses son buenos en el arte de decir una cosa cuando en realidad está pasando otra. Asegurar, por ejemplo, como lo gritó la representante María Fernanda Cabal la semana pasada en un vídeo de una reunión proselitista por el No que el “ejército es una fuerza letal que entra a matar sin hacer preguntas”, es sin duda una opinión que no debería merecer respuesta alguna, pero deja claro para los colombianos el desconocimiento que la señora tiene de la función que ejercen las Fuerzas Militares del país.

En este sentido, la gravedad del asunto es la ignorancia, pues semejante afirmación, venida de un miembro del legislativo del que se supone conoce las leyes y la función de las instituciones del Estado, hace creer al colombiano promedio, aquel que solo se informa a través de los noticieros de la televisión nacional, que, efectivamente, el Ejército es una fuerza letal cuya función es disparar a matar, y que el derramamiento de sangre es, en realidad, su objetivo constitucional. A partir de lo anterior, podría entenderse hechos tan deplorables como las ejecuciones extrajudiciales que algunos miembros de ese organismo armado llevaron a cabo durante los 8 años de gobierno del hoy senador Álvaro Uribe.

Hasta ahí, las opiniones desacertadas de la representante Cabal podrían ser motivo de risa, ya que, como reza la Carta Magna, la Fuerza Pública es una institución que tiene como objetivo la defensa del orden constitucional y salvaguardar la integridad, la soberanía territorial e independencia de Colombia. Si es cierto que los fusiles están hechos para disparar, la señora representante parece desconocer que las armas en manos de los miembros de la Fuerza Pública tienen una intención más persuasiva y de protección de los derechos de los nacionales que producir la muerte de un ciudadano.

Olvida también la señora Cabal que el Ejército no puede disparar por disparar porque Colombia no es una rueda suelta dentro de los tratados internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Cuando asegura semejante barbaridad, está poniendo a las fuerzas del orden público nacional en la categoría de simples grupúsculos armados, sin doctrina militar, cuyo único objetivo es el beneficio personal de sus integrantes, como fue el caso de los paramilitares que tanto daño le causaron a los colombianos y a la imagen del país.

Pero el asunto toca los terrenos judiciales cuando María Fernanda Cabal afirma sin tapujos, ante un grupo de representas del No al plebiscito, que los generales de la República, aquellos que hicieron parte de las negociaciones entre el gobierno y las FARC, se vendieron, como cualquier informante o mafioso, por unas migajas a cambio de permanecer en silencio ante lo que ella considera son atrocidades democráticas que buscan entregar el país a los “terroristas”.

Quiero imaginar que el Centro Democrático, el partido que la señora representa, tiene todas las pruebas necesarias que sustenten lo afirmado. Quiero imaginar que sus declaraciones no fueron producto de la emoción del momento ni el deseo explícito de hacerle el mayor daño posible a la imagen de una institución que tiene entre sus funciones velar por la seguridad territorial de la Nación. Una cosa es que esta, al igual que muchas otras instituciones, tenga en su canasta algunas manzanas podridas, pero otra cosa muy distinta es asegurar que todos los generales que la conforman son unos vendidos porque se alejaron del proyecto de la Seguridad Democrática implementado por el anterior gobierno.

Las afirmaciones hechas por Cabal tienen fuertes implicaciones jurídicas que se hace necesario que la justicia investigue y obligue a la representante a aportar las pruebas que sostengan lo afirmado. La señora debe saber que nadie puede ir por ahí alegremente diciendo en público, ni mucho menos frente a las cámaras de televisión, lo que se le venga en gana, poniendo en entre dicho la dignidad de la gente y de las instituciones sobre las que descansan la seguridad de la Nación. Un asunto es decir que el Ejército es un fuerza letal hecha para matar, que no debe pedirle permiso a nadie para llevar a cabo una operación, y otra muy distinta asegurar que los generales recibieron prebendas por parte del gobierno para que guardaran silencio ante la entrega que Santos le hizo a las FARC del país en La Habana.

Hacer semejante afirmación requiere de pruebas contundentes que pongan en evidencia la tramoya que se denuncia (los generales corruptos y vendidos que entregaron sin pelear la dignidad del país y de todos los colombianos a cambio de dinero u otras prebendas). Lo otro sería la violación flagrante de los artículos 220, 221 y 222 del Código Penal, cuyos enunciados rezan:

(Artículo 220.Injuria): El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(Artículo 221. Calumnia): El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(Artículo 222. Injuria y calumnia indirecta): A las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante.

De lo anterior solo queda colegir dos cosas: que la señora tiene las pruebas que se requieren para decir lo que afirmó, o dijo lo que dijo llevada solo por el resentimiento de que los militares deban cuidar ahora a los enemigos que antes combatieron. Sea cual sea la razón, las denuncias deben llevarse a cabo y la justicia tiene la obligación de actuar conforme lo ordena la Constitución.

* Docente universitario - Twitter: @joaquinroblesza - Email: robleszabala@gmail.com

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