Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/09/12 14:03

La paz y la salud en la Universidad de Cartagena

Con la Caja de Previsión Social en cuidados Intensivos y un déficit que supera los 12.000 millones de pesos, la paz que promociona el Alma Máter no pasa del papel.

Joaquín Robles Zabala.

La semana pasada la Universidad de Cartagena clausuró el “Primer Encuentro Internacional de Estudios de Paz”, un espacio que, según sus organizadores [profesores, estudiantes de pregrado y posgrado de las ciencias sociales y afines] busca fortalecer los vínculos de la sociedad en la transformación del conflicto armado que se negocia en La Habana después de dos décadas ininterrumpidas de violencia feroz entre colombianos.

No hay duda de que todo intento de promocionar la tranquilidad, la convivencia y el bienestar de los ciudadanos es un acto loable. Sin embargo, promocionar la paz en medio de graves denuncias de corrupción, donde los afectados por el desangre del prepuesto son los mismos trabajadores, pensionados y jubilados, no deja de ser un contrasentido porque es como desbaratar con los pies lo que costó sudor, tiempo y dinero construir con las manos.

La Caja de Previsión Social de la Universidad de Cartagena fue creada mediante la Ordenanza 33 de 1966 como Caja Departamental y en 1966 fue reorganizada como Caja de Previsión Social del Alma Máter. Sus estatutos los creó el Consejo Superior a través del Acuerdo 01 de 1996, el cual estuvo en vigencia hasta el 2001 y la definía como una entidad prestadora de servicios de salud y pensiones de los empleados vinculados antes de la ley 100 de 1993.

En 1996, mediante la Ley 334 del 20 de diciembre, el Congreso de la República autorizó a la Asamblea Departamental de Bolívar la creación de la estampilla “Universidad de Cartagena, siempre a la altura de los tiempos”, cuyo recaudo tenía como objetivo la construcción, adecuación, remodelación y mantenimiento de la planta física, escenarios deportivos e infraestructura. Así mismo establecía que el 20 % de los dineros recaudados por este concepto se destinaría a la seguridad social de sus empleados.

Aunque la ley que creó dicha estampilla autorizaba explícitamente los giros del 20 % de los dineros al servicio de salud de profesores, trabajadores y pensionados, según una denuncia interpuesta por los colectivos sindicales de la Universidad ante la Fiscalía General de la Nación el 14 de septiembre de 2015, hasta la fecha los encargados de la distribución de los dineros no han girado un solo peso de ese 20 % destinado a la salud de los empleados, a pesar de que el recaudo superó los 112.000 millones en el trascurso de 14 años.

Sin embargo, en la acta de liquidación del 20 de 2009, la rectoría de la universidad, en cabeza de Germán Sierra Anaya y su equipo jurídico, conformado por Ángel Casij Rey y Marly Mardini Llamas deja constancia de la asignación de esos giros a la Caja de Previsión. Lo anterior fue desmentido por el jefe financiero de la universidad, quien, en documento enviado a la Procuraduría Regional de Bolívar, deja constancia de que los rubros correspondientes a la estampilla “Universidad de Cartagena, siempre a la altura de los tiempos”, no fueron realizados a la Caja de Previsión, como lo aseguró en su momento la Rectoría y sus asesores legales.

Según un informe de Ismael Quintero Martínez, gerente de la Caja de Previsión, realizado el 31 de septiembre, esta muestra, hasta esa fecha, un déficit que supera los 12.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 han sido empleados en la defensa jurídica de los procesos ante las denuncias instauradas por los trabajadores que no reciben las prestaciones de salud por las cuales se les descuenta un porcentaje de sus salarios.

Ante esa avalancha de denuncias, en las que se ha destinado gran parte del presupuesto universitario a la defensa de sus directivos por las irregularidades en la administración de los dineros, el 9 de octubre de 2014, el actual rector, Edgar Parra Chacón, envió una carta a los miembros de la junta de la Caja de Previsión en la que les aseguraba que solicitaría a la Superintendencia de Salud para que, dentro sus competencias de inspección, vigilancia y control, llevara a cabo una intervención en la que concluyera el mejor futuro de esa dependencia.

Para un grupo de profesores y trabajadores que no reciben desde hace varios años la asistencia en salud que por derecho les corresponde, lo que el rector busca en realidad es el cierre definitivo de la Caja para bajarle volumen al escándalo de los dineros de la estampilla que, según la denuncia instaurada en la Fiscalía General de la Nación, ese 20 % de los dineros que debió ingresar para el mejoramiento de la salud de los empleados se halla desde 2001 en un fideicomiso del Banco GNB Sudameris.

La paz de este país debe empezar por un verdadero ejercicio democrático en el que el respeto por el presupuesto sea tan sagrado como la vida de cada uno de los colombianos. Lo demás son palabras al aire, letra muerta en el papel que en nada contribuyen al mejoramiento del país y al de sus instituciones.

* Twitter: @joaquinroblesza - Email: robleszabala@gmail.com - Docente universitario.

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