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Opinión

  • | 2015/09/21 10:10

    Las piezas faltantes del rompecabezas

    El 17 de septiembre se cumplieron 11 años del asesinato del sociólogo, Alfredo Correa D’ Andreis. Algunos participantes de su muerte parecen inmunes a la justicia.

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A Alfredo Correa D’ Andreis, un destacado profesor universitario de la costa norte colombiana, un sociólogo investigador, un hombre dedicado exclusivamente a la academia, lo mataron la tarde del 17 de septiembre de 2004. Lo mataron mientras transitaba por la carrera 46, entre las calles 60 y 62 de Barranquilla, donde hoy se alza una estación del Transmetro. Un sicario se le acercó y le vació el cargador de la pistola que extrajo de la pretina del pantalón.

Aquel hecho fue solo el desenlace de una cadena de seguimientos ilícitos que había empezado un año atrás. Su error, si pudiera calificarse así, fue haber hecho público un asunto de corrupción que involucraba a un grupo de dirigentes barranquilleros, mafiosos, que mantenían nexos con el paramilitarismo y estaban robándose los dineros destinados al desarrollo del campo de la costa atlántica para financiar el proyecto macabro de la refundación del país.

Un amigo cercano al profesor Correa, que lo acompañó en varios momentos de la investigación, tuvo entonces que abandonar el país porque hacía parte de una lista amplia de “colaboradores de la guerrilla” que iban a ser asesinados. Hasta junio de 2004 Correa D’Andreis había estado asociado exclusivamente a la docencia universitaria y la investigación social. Poco antes de que un grupo de agentes del DAS lo arrestaran en su casa y lo trasladaran a Cartagena para ser juzgado por rebelión y otros delitos, había terminado la investigación que produjo tanto malestar entre los que ordenaron su muerte. Sus afirmaciones, que habían replicado algunos medios de comunicación del país, incomodaron, como lo dejó ver el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, a sectores influyentes de la capital del Atlántico.

Según declaraciones hechas en septiembre de 2011 por Rafael García Torres, Jefe de la Oficina de Informática del DAS, ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, “el profesor Correa D’Andreis fue objetos de seguimientos y tomas de fotografías ilegales desde el mes de agosto de 2003, por parte del investigador del DAS de Valledupar, Javier Alfredo Valle Amaya.
Correa D’Andreis no era, en el sentido exacto de la palabra, un activista político o representante de un partido, pero sí un defensor de los Derechos Humanos. Fue su trabajo como sociólogo e investigador el que lo puso en la mira del Bloque Norte de las Autodefensas y del DAS, que estaba por entonces al servicio de este tenebroso grupo. Había colaborado, como lo dejó ver en aquella misiva desesperada que le envió al entonces presidente Uribe Vélez, para la Casa de Justicia de Barranquilla, para la Cámara de Comercio, para el Instituto de Bienestar Familiar del Atlántico y, por supuesto, como docente de varias universidades de la costa. Había dirigido montones de tesis, tanto de pregrado como de posgrado. Había hecho investigaciones profundas sobre los problemas sociales y económicos de la región Caribe y las únicas armas que siempre llevaba consigo eran sus ideas.

Tal vez para Jorge Aurelio Noguera Cotes y sus buenos muchachos de las AUC, éstas eran mucho más peligrosas que los fusiles, mucho más devastadoras que una granada de fragmentación o las motosierras empleadas por alias Jorge 40 para destazar cuerpos.

“Desde que Noguera tomó el cargo de director del DAS en 2002, año en que fue nombrado por el recién posesionado presidente Uribe Vélez, hizo saber que se dedicaría a perseguir sólo a las FARC y que no tenía ningún interés en perseguir a las autodefensas y narcotraficantes”, afirmó García Torres en las mismas declaraciones para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Noguera Cotes, como lo dejó ver el fallo de la sentencia condenatoria de la Corte, no era experto en seguridad ni nunca había desempeñado cargos con este tipo de responsabilidades. Sin embargo, cuando los medios hicieron eco y cuestionaron las razones de su nombramiento, Álvaro Uribe trinó: “Nombré a Jorge Noguera por su hoja de vida y su familia. He confiado en él. Si hubiera delinquido me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía”.

Esas explicaciones, por supuesto, no convencieron a nadie. Para la Corte no había justificación alguna en nombrar en un cargo de tanta responsabilidad, como era la seguridad nacional, a un inexperto en la materia. Por otro lado, el entonces presidente de los colombianos se preciaba de ser un defensor de la “meritocracia” y admirador, según lo ha dicho numerosas veces, de esa gente que se hace a pulso, que sale a la vida pública a punta de sacrificios. Pero nada en el nombramiento de Noguera habría hecho pensar a alguien que algo de eso se hubiera puesto en práctica. Por el contrario, las sospechas que surgieron era que el cargo había sido solo el pago de una cuota burocrática más de las muchas de su gobierno. Si la seguridad era tan importante para el entonces presidente ¿por qué nombró en el DAS a una persona sin la experiencia que requería el cargo? Y si lo hizo por la hoja de vida, como aseguró, nada en ella indicaba que Noguera Cotes hubiera desempeñado algún cargo de alta responsabilidad nacional, más allá de haber sido una pieza importante para que el candidato a la Presidencia de 2002 ganara en el departamento del Magdalena por una buena cantidad de votos a Horacio Serpa Uribe, aspirante a la Casa de Nariño por el Partido Liberal Colombiano.

Creo que Álvaro Uribe le debe al país muchas explicaciones por la muerte del profesor Alfredo Correa, como seguramente se las debe por muchas otras, pero creo también que el entonces polémico fiscal 33 de Cartagena debería ser investigado por este hecho. Él, aunque lo niegue y lo reniegue como todo un Judas, sabe más sobre este asesinato de lo que dice saber. Y la justicia, como lo estipula la Constitución, debe cumplir con su deber.

En Twitter: @joarza
E-mail: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario

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