Los imposibles de una paz vacilante

Queda claro que los aportes hechos por el expresidente Uribe y el Centro Democrático a los acuerdos de La Habana no contribuyen para nada a la paz. Queda claro que el documento de 26 páginas enviado al presidente Santos para que sea incorporado al documento general de lo pactado es una reiteración de lo que el país le ha escuchado desde mucho antes del plebiscito. Lo que preocupa de esta incertidumbre es la dilación. Molesta profundamente que un gran sector del país siga creyendo en alguien a quien la justicia le atribuye responsabilidad en un sinnúmero de hechos cuestionables. Resulta paradójico que varios magistrados que lo investigan precisamente por su relación con grupos paramilitares hayan sido amenazados de muerte mientras el expresidente sigue recorriendo el país acompañado de un ejército de guardaespaldas que les cuesta a la Nación más 18.000 millones de pesos al año.

El cuento de que el punto de justicia violenta la Constitución es otro caballito de batalla que el senador busca modificar para que los militares presos no digan ante la justicia lo que ya el país sabe: que detrás de esta barbarie de las masacres no hubo manzanas podridas sino un hecho sistemático. La restitución de tierras es otra lucha a brazo partido del Centro Democrático, encabezada por el exprocurador Ordóñez, la representante María Fernanda Cabal y José Felix Lafaurie, otro señor señalado en repetidas ocasiones por los comandantes de las AUC de su apoyo al paramilitarismo, para que los compradores de “buena fe”, es decir, aquellos que las adquirieron en promoción gracias a los estrechos vínculos con a los jefes paramilitares, como es el caso del exmagistrado Jorge Pretelt, no le sea aplicada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a la que tanto le temen.

En el fondo, detrás del No al plebiscito hay toda una maraña de oscuras intenciones, más allá de la protección a la Constitución y más allá todavía de la supuesta impunidad que se les daría a las FARC. Eliminar la jurisdicción especial para la paz es permitir que la verdad quede sepultada, como quedó sepultada con la Ley de Justicia y Paz, que dejó a más del 99 % de los paramilitares, culpables de crímenes de lesa humanidad, sin castigo. En ningún punto de los acuerdos con las AUC se tuvo en cuenta a las víctimas, y no se tuvo en cuenta porque a Uribe la verdad le importa poco.

En su artículo de El Espectador, que lleva por título El gran chantaje, Alfredo Molano Bravo nos dice que “Uribe, que tanto ha gritado contra el reclutamiento de menores, impidió que 3.000 niños que estaban en las filas paramilitares fueran entregados al ICBF”. En este sentido, el asunto va más allá del tema de justicia porque parece centrarse en intereses políticos y no en un hecho trascendental para Colombia y los colombianos como es la búsqueda de la paz.

No es un lugar común, como lo ha expresado en numerosas ocasiones el premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, que ningún Acuerdo de paz en el mundo ha tenido hasta ahora como objetivo llevar a la cárcel a una de las partes. No hay que olvidar que las FARC, como grupo subversivo, no han sido derrotadas en batalla. La sensatez de un acuerdo como el que se está llevando en La Habana es abrir las puertas para que los que han permanecido por fuera de la Constitución y han luchado durante 52 años contra las Fuerzas Armadas del Estado, puedan reintegrarse a la vida civil y hacer política dentro del marco constitucional.

Intentar llevarlos a la cárcel no soluciona para nada el problema de fondo que es la guerra. Disfrazarla de buenas intenciones tampoco. La Ley de Restitución de Tierras es, en términos retóricos, un hueso duro de roer porque implica una investigación amplia que ponga de por medio la verdad. Y la verdad es que muchos campesinos fueron sacados a la fuerza de sus fincas y estas están hoy en manos de terceros que dicen haberla adquirido legalmente.

Si al expresidente le interesa, como lo ha expresado en reiterada ocasiones, la justicia, hay que dejar que esta actúe y llegue al lugar común de “hasta las últimas consecuencias”. Es cierto que el país necesita un consenso político donde todas las fuerzas activas que lo componen participen, pero es necesario que los colombianos sepamos la verdad de muchos hechos horrorosos que hoy siguen perturbando nuestros sueños. Es necesario una reconciliación, más que política, una donde se pongan en la mesa todas esas historias de muertes, desplazamientos y desaparecidos.

El país necesita pasar urgentemente la página de la violencia, una violencia que, en menor o mayor proporción, nos tocó a todos. Y abrió un bache enorme en la historia de una nación que, manejada con inteligencia, cabríamos todos. Por favor, señor expresidente Uribe, deje que los colombianos hagamos la paz. Permítale a mi hija crecer en una Colombia sin guerra donde los padres no tengamos que enterrar a nuestros descendientes. Es una desgracia que esto siga pasando.

* Docente universitario - En Twitter: @joaquinroblesza - Email: robleszabala@gmail.com.