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Opinión

  • | 2015/07/13 09:00

    ¿Por qué Ordóñez defiende abiertamente a Pretelt?

    Habría que preguntarle a Ordóñez si comprar un predio arrebatado por la fuerza a un campesino es o no es un delito.

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En Colombia la balanza de la justicia está atrofiada porque no existe una relación proporcional entre las condenas y los delitos. No es lo mismo robarse 7 mil pesos que 7 mil millones. No es lo mismo ‘raponear’ un celular que apropiarse del presupuesto de un hospital. Julio Gómez, unos de los artífices del mayor desfalco de las arcas del distrito capital, recibió una condena de 60 meses y hoy disfruta en libertad los remanentes económicos de su hazaña delictuosa. Pero el caso de Gómez, como sabemos, es solo un ejemplo entre miles.

La célebre frase “la justicia es para los de ruana” define con un máximo de exactitud la aplicabilidad de la ley en Colombia. No se entiende que el representante del Ministerio Público defienda a capa y espada, en un programa de televisión, la supuesta inocencia de un magistrado acusado de recibir coimas para fallar un caso. Meterle política a los fallos judiciales y a las investigaciones que se llevan en contra de funcionarios que cruzaron la línea de la normatividad jurídica --y que son afines a su posición ideológica-- parece ser el comportamiento normal del Procurador. Cuando asegura que las investigaciones que se le siguen al magistrado Jorge Pretelt tienen “un tufillo” que no es necesariamente la defensa de la justicia, nos está diciendo que estas no están motivadas por factores jurídicos sino políticos. Es decir, nada de lo que haya investigado la Fiscalía o la desprestigiada Comisión de Acusaciones de la Cámara sobre la denuncias al togado está direccionado por el deseo de llegar a la verdad de los hechos que se le imputan sino por una venganza política o personal.

No olvidemos que Pretelt es una cuota del Álvaro Uribe, y el procurador Ordóñez un defensor a ultranza de las políticas del expresidente. Las recientes denuncias hechas por el representante a la Cámara Julián Bedoya, encargado de la investigación que se le sigue al presidente de la Corte Constitucional por recibir supuestamente 500 millones de pesos con el propósito de torcer un fallo de tutela contra Fidupetrol, debería ser motivo de una profunda investigación sobre el tema. El representante ha dicho que hay un interés y una presión de la Procuraduría porque la verdad sobre el caso del togado no se sepa. “Ha habido presiones y amenazas contra mí”, declaró recientemente. A esto se le ha sumado la extraña divulgación, en una sesión de la Cámara, de una parte importante del expediente, hecho por el que está siendo investigado el secretario general del organismo, Gregorio Eljach. “El Ministerio Público no es imparcial y ha asumido una actitud de defensa del magistrado”, agregó Bedoya, en declaraciones a los medios de comunicación.

Curiosamente, siguiendo los lineamientos de su jefe, la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda ha dicho que el interés del Ministerio Público “es solo preservar el debido proceso a la observancia rigurosa del derecho disciplinario y los derechos que la Constitución prevé para cualquier persona”. Sin embargo, lo que parece olvidar la señora Castañeda es que el “multimillonario” presidente de la Corte Constitucional ha aumentado de manera inexplicable su fortuna mientras se ha desempeñado como funcionario público, esto si se tiene en cuenta que su salario como magistrado no supera los 23 millones de pesos y no se tiene noticia alguna de que haya recibido una herencia que explique su chequera abultada.

¿De dónde sacó entonces el honorable magistrado esa inmensa fortuna para adquirir propiedades valoradas en miles de millones? ¿De dónde sacó el dinero para comprar fincas en Antioquia y Córdoba y lujosos apartamentos en Cartagena de Indias y Bogotá? Estas preguntas, como muchas otras, permanecen por ahora sin respuestas. Tampoco hay indicios, ni informe alguno, de que el honorable magistrado uribista se haya ganado el premio gordo del Baloto ni de ninguna otra lotería. Lo único claro de este asunto es que las 243 hectáreas de tierra que aparecen a su nombre, inscritas en las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Turbo y Apartadó, y que se encuentran en algún lugar del Urabá antioqueño, están siendo investigadas por la Fiscalía General de Nación porque hacen parte de la larga lista de los miles de predios despojado a los campesinos de esa zona del país por los hombres de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.

Según una nota publicada recientemente por Caracol Radio, “las fincas ‘Alto bonito’ y ‘No hay como Dios’ fueron compradas inicialmente por la procuradora Martha Ligia Patrón López, esposa del magistrado Pretelt, pero sus anteriores dueños aseguran que la venta se hizo bajo presión de los paramilitares”. Uno de los predios, cuyo precio está por encima de los 600 millones de pesos, fue adquirida por la esposa del magistrado por un valor inferior a los 3 millones 700 mil pesos. Lo mismo pasó con otros predios, despojados por los paramilitares pero adquiridos en “un gangazo” por la esposa del togado.

Ahora bien, ¿qué razones tiene el procurador Ordóñez para defender en un reciente programa de televisión, como gato bocarriba, al cuestionado magistrado cuyas acciones dejan mal parada a la justicia colombiana y deslegitiman a quienes tienen el poder de administrarla? En una película de 2007, dirigida y protagonizada por Denzel Washington y estrenada en Latinoamérica con el título de ‘Grandes debates’, un joven estudiante de derecho desafía a su profesor diciéndole “que una ley que no es justa no merece llamarse ley”. Habría que preguntarle a Ordóñez si es delito o no comprar predios arrebatados, a sangre y fuego, por los paramilitares y legitimados por los administradores de justicia. Si a un juez le está permitido o no aceptar coimas para fallar un caso. Y si esos hechos no son delitos, ¿qué son?

En Twitter: @joarza
E-mail: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario. 
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