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Opinión

  • | 2015/01/24 11:55

    “Soy opositor, no criminal”

    Dudo mucho que la derecha recalcitrante, o la ultraderecha, representada por el uribismo, sea oposición de la otra derecha: la que ocupa la Casa de Nariño.

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El asunto daría risa si no fuera patético: ver a los congresistas del Centro Democrático agitando los cartelitos de oposición que ni ellos mismos se creen. Pero la memoria, está comprobado, es frágil. Y los viejos solían decir que el cura no se acuerdo de cuando fue sacristán. Desde que Juan Manuel Santos ganó la presidencia, el uribismo, o la oposición, como les ha dado por llamarse, se consideran perseguidos políticos. Dudo mucho que la derecha recalcitrante, o la ultraderecha, sea oposición de la otra derecha: la que ocupa la Casa de Nariño. Y lo dudo porque lo único que las diferencia es que una tiene el poder central y la otra no.

Voy a decirlo por enésima vez en este mismo espacio: Álvaro Uribe Vélez ha sido el peor presidente que ha tenido Colombia en su historia reciente. No solo por aquello de los llamados “falsos positivos”. No solo por aquello de las “chuzadas”, de las que solo se salvaron sus copartidarios. No sólo porque el paramilitarismo que él representa asesinó de la manera más salvaje posible a varios miles de campesinos y desplazó a varios millones, sino porque fue el único presidente que persiguió abiertamente a la verdadera oposición política colombiana: a la izquierda desarmada y a quienes no comulgaban con su proyecto de refundación del país.

Y no solo la persiguió monitoreando todos sus movimientos, utilizando al DAS como una agencia de servicios particulares, sino que politizó a la justicia y la convirtió en una herramienta de persecución de los opositores. Por eso da risa escuchar a los uribistas hablar sin tapujo de persecución política. Da risa porque el DAS, una agencia al servicio particular del presidente, fue “infiltrada” por una horda de paramilitares que coordinaba asesinatos selectivos de profesores universitarios, defensores de los Derechos Humanos, sindicalistas y maestros de escuela que protestaban por un mejor salario y mejores condiciones para llevar a cabo sus labores de docentes.

Se le olvida a la bancada del Centro Democrático de los cartelitos en el Congreso, que el presidente Uribe propuso la eliminación de una institución como la Defensoría del Pueblo, uno de los logros más acertados de la democracia colombiana. Se les olvida a estos señores “opositores”, que fungen de representantes y senadores, que cientos de trabajadores de esta institución dejaron de recibir durante el 2004 casi siete meses de salario mientras Uribe craneaba como acabar,  sin afectar su popularidad, de una vez y para siempre este organismo de protestantes y foco subversivo.

Por eso da risa escuchar a José Obdulio Gaviria, primo hermano de uno de los criminales más grandes que ha dado la historia de Colombia y asesor de uno de los presidentes latinoamericanos más cuestionados por los organismos internacionales de los Derechos Humanos en los últimos 15 años, denunciar en un programa de televisión que desde la llegada de Santos al poder se ha criminalizado la oposición en el país y que en los últimos 20 días el fiscal de la República, Luis Eduardo Montealegre, ha desatado una persecución “política” contra el excandidato presidencial y director del Centro Democrático por la visita que le hizo durante su campaña a un 'hacker' que, por cierto, no era 'hacker' sino un comprador de información.

Pero este señor, que parece reflexionar poco cuando de defender al Gran Colombiano y a su séquito se trata, comparó en dicho programa al fiscal Montealegre con un supuesto fiscal venezolano que todos los días, antes de empezar su labor, se reunía con el presidente Chávez en algún lugar del palacio de Miraflores a planificar, con lista en mano, a quien o a quienes de la oposición elegían ese día para involucrarlos con delitos políticos. Sin embargo, no contento con esta comparación absurda, producto sin duda de una mente enferma y delirante, afirmó que lo que está pasando en Colombia guarda cierta similitud con los “juicios montajes” que Iósif Stalin realizaba en Moscú para condenar a muerte a sus enemigos.

Que el fiscal Montealegre sea el culpable de que Óscar Iván Zuluaga no haya ganado los comicios presidenciales del año pasado, como lo afirmó el primo hermano del temible Pablo Escobar Gaviria en el programa de televisión, me genera muchas dudas; como seguramente le quedan a los ocho millones de colombianos que votaron por Santos. Y le recuerdo a este señor que Zuluaga no ganó la Presidencia de la República por dos razones muy simples: una, falta de berraquera, como dicen los paisas, y pésimos asesores publicitarios. Dos: los colombianos estamos cansados de la guerra y queremos apostarle al silencio de los fusiles.

Ahora bien, que el fiscal Montealegre llame a interrogatorio a Zuluaga por lo del 'hacker' Sepúlveda, quien fue contrato por el excandidato presidencial para “chuzar” a sus rivales de campaña, no se constituye para nada en un acto de persecución política. Zuluaga, como lo han revelado las últimas investigaciones realizadas por la Fiscalía sobre este hecho, pagó para que se cometiera un delito. Y esta, con o sin Montealegre, tiene la obligación de llamarlo a indagatoria para llegar a una conclusión. La persecución política, no lo olvide señor José Obdulio Gaviria, la ejerció su jefe Álvaro Uribe, y de ella no se salvaron ni las altas cortes de este país.

En Twitter: @joarza
E-mail: robleszabala@gmail.com
*Docente universitario

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