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Opinión

  • | 2015/03/04 17:00

    Los intentos fallidos de la reforma constitucional

    Ni los gobiernos, ni los actores políticos, ni la academia han formulado un modelo institucional deseable para superar los problemas que aquejan a los partidos políticos.

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El analista político John Mario González publicó recientemente ‘Del personalismo a la política institucional: Partidos, reformas y gobernabilidad en Colombia’, libro en el que analiza la situación de los partidos políticos en el país y realiza críticas al actual proyecto de reforma constitucional de equilibrio de poderes, entre otros.

En el siguiente texto, de su autoría, González expone un resumen de los principales temas de la publicación:


En pocos días, y cuando el Congreso reinicie el 16 de marzo sus sesiones ordinarias, el país verá de nuevo las discusiones sobre la reforma constitucional de equilibro de poderes y de reajuste institucional.

Una reforma que inició con buenos propósitos, pero que antes que ser enriquecida en el trámite parlamentario está perdiendo su esencia, pues si bien pretende eliminar el voto preferente para que las listas a corporaciones públicas sean cerradas y bloqueadas, es un verdadero ‘mico’ el parágrafo transitorio del artículo 262 que neutraliza su aplicación hasta el 2022.

Es decir: se pretende expedir la reforma, pero dejarla sin efectos hasta el 2022. Con la espiral de reformas y acontecimientos políticos en Colombia es muy probable que antes de su aplicación se vuelva a reformar. Lo que sí, en cambio, entraría a operar de inmediato serían las coaliciones para partidos y movimientos que obtengan menos del 15 por ciento de los votos en la respectiva circunscripción, lo que haría mucho más fácil la preservación de la personería jurídica.

También es un desatino el numeral del mismo artículo 262, propuesto por la Senadora Claudia López, según el cual: “en las listas no podrán sucederse de manera consecutiva más de dos personas del mismo género”, lo que llevaría que independientemente de los liderazgos casi que se garantizaría la mitad de curules para hombres o mujeres en el Congreso, las asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras.

En otras palabras, lo que buscan la Senadora López y el Congreso es el cambio social por decreto, adoptando una típica medida de reingeniería social, llevándose por delante la misma la garantía constitucional a la igualdad que se supone quieren propiciar y siendo más papistas que el papa, pues en ningún lugar del mundo existe tal disposición.

En Italia fue aprobada una reforma en 1993 que les garantizaba a las mujeres el 30 por ciento de las listas electorales, pero en 1995 el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional. Y no es que no sean plausibles ciertas medidas de discriminación positiva en aras de hacer efectivos ciertos derechos: en Colombia ya se ha legislado en favor de la mujer para la garantía de sus derechos a ser elegidas. No obstante, en este caso no es más que populismo normativo que socava otros derechos.

En el texto ‘Del personalismo a la política institucional: Partidos, reformas y gobernabilidad en Colombia’, editado por la Fundación Hanns Seidel, examino, además de las implicaciones de la actual reforma de equilibrio de poderes, el problema estructural de los partidos políticos en Colombia, lo que fueron los efectos perniciosos de la Constitución de 1991 en la vida de los partidos, y las razones de por qué han sido mal diseñadas las reformas políticas desde el gobierno Samper, pasando por Pastrana e incluyendo el de Álvaro Uribe, quien a diferencia de sus predecesores tuvo el músculo político y el margen de gobernabilidad para lograr la aprobación de una reforma coherente, pero que manejó pobremente el referendo de 2003 y al ceder a los intereses parlamentarios, con la introducción del voto preferente en el Acto Legislativo 01 de aquel año, borró con el codo lo hecho con la mano.

Ni los gobiernos, ni los actores políticos, ni la academia han ofrecido la formulación de un modelo institucional deseable para superar los problemas que aquejan a los partidos políticos, aunque en el caso de esta última y en un campo tan abonado para la crítica se ha limitado a reiterar lugares comunes y a hacer tersas aproximaciones. Parte de la explicación radica en el precario conocimiento del proceso histórico de los partidos; en que se confunde la esfera puramente institucional de los partidos políticos, que puede modificarse con relativa rapidez a través de cambios constitucionales y legales, y la de los elementos del entorno social y cultural en el que estos actúan. De igual forma, la incomprensión o desestimación de los efectos de la ingeniería electoral, es decir, la combinación de reglas electorales como la fórmula de conversión de votos en escaños, la lista electoral, el tamaño de las circunscripciones electorales y el umbral.

Además, los reformadores, incluidos los constituyentes de 1991, se dejaron llevar por un cúmulo de estereotipos, en los que la idea central era que había que propinarle una estocada al bipartidismo y que la democratización deseada se podía lograr si se ampliaban el espectro de participación y el número de actores políticos como método para superar la endémica violencia, con un gran desdén por la gobernabilidad, y desestimando que el problema primigenio de la política colombiana hunde sus raíces en el agudo faccionalismo y extremo personalismo e incluso la consecuente debilidad del poder presidencial, a contracorriente de quienes esgrimen una supuesta omnipotencia.

Detrás de esas tesis se recogían mitos que a fuerza de repetición se habían vuelto ‘verdades’ y que en una perspectiva apasionada y militante sirvió a la izquierda radical y a otros sectores políticos como eficaz premisa para fustigar y deslegitimar el bipartidismo, acusando a este y al Frente Nacional de gestar la persistente inestabilidad debido al exclusionismo que instauró, o simplemente para justificar el uso de la violencia con el argumento de que era un régimen excluyente, promotor del autoritarismo y gestor de la crisis de legitimidad y la violencia por ser salvaguarda de privilegios en una democracia oligárquica. Es muy curioso que ahora importantes miembros de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas -y no solo Daniel Pécaut que lo ha reiterado en el pasado- resalten las bondades del Frente Nacional en la disminución de la violencia política y la conservación del sistema democrático.

El diseño institucional de los partidos en la Constitución de 1991 se convirtió entonces en el tiro de gracia a los partidos porque promovió la proliferación de microempresas electorales y la atomización extrema de las colectividades partidistas, llegando el país a contar a finales de los años 90 con más de 80 partidos y movimientos políticos. Como consecuencia, se debilitó el poder presidencial, en especial durante los noventa, aumentó el poder negativo del Congreso y la anhelada democratización de los partidos se convirtió en un propósito nuevamente aplazado.

Desde entonces el país no se ha podido reponer, pues si bien ahora y en virtud de un umbral del 3 por ciento de los votos válidos en elecciones de Senado o Cámara existen 13 partidos políticos, por vía del voto preferente en cada partido hay 15 o 20 subpartidos o tantos parlamentarios como el partido tenga. En otras palabras, seguimos en el mismo personalismo y atomización de antes.

En una situación de los partidos como esa, sin fortaleza institucional u organizacional, o que con suma facilidad pasan de la oposición al gobierno o viceversa, y en la cual el ciudadano con dificultad apenas puede distinguir entre las posiciones de unos y otros, la pretensión de una oposición robusta se diluye, pues el caso del partido Centro Democrático merece una consideración aparte y no obedece a los regulares estímulos institucionales. Frente a tal cantidad de partidos o subpartidos es ingenuo insistir, como no pocos opinan, que la solución a la problemática radica en la expedición de un estatuto de la oposición. Mientras haya muchos partidos, y débiles, no será posible una oposición constructiva y de largo aliento.
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