¡Better Call Abelardo!

En los debates sobre el derecho al olvido, los abogados recomiendan la casuística para analizar cuando esta pretensión debe ser atendida o negada. Veamos. El 24 de marzo de 2014, Jonathan Vega lanzó sobre el rostro y cuerpo de Natalia Ponce un litro de ácido. Semanas después el agresor fue capturado y se dio inicio al juicio.

Vega es juzgado por delitos de lesiones personales agravadas, y tentativa de homicidio; podría ser condenado hasta un máximo de 35 años de prisión. La defensa del agresor alega que su cliente sufre de esquizofrenia paranoide y le ha pedido al juez que lo declare inimputable, es decir, que no tiene capacidad para responder penalmente por sus actos.

En los próximos meses se decidirá el futuro de Vega y entre las opciones está que el juez falle a su favor. Si ese fuera el caso Vega no tendría deudas con la justicia. Siguiendo ese escenario, que no comparto, se puede asumir que él deseara reconstruir su vida, su buen nombre, su honra, pero esto le resulta imposible. Cada vez que escribe su nombre en Google, aparecen más de medio millón de artículos sobre él. Psicópata y monstruo son algunos de los adjetivos que se pueden leer.

Así que decide luchar por su “derecho al olvido” y encuentra Clean Ups  la solución que le promete “eliminar toda la información negativa” y crear una nueva “que te beneficie a ti o a tu empresa”. Exactamente lo que él está buscando.

Puede que Vega se lleve una sorpresa y sienta rabia al tener que contratar con el dueño de este negocio, Abelardo De La Espriella, el mismo abogado que defendió a Natalia Ponce, el mismo que lo ha insultado repetidamente: “Los perros son animales muy nobles para compararlos con semejante salvaje. Me disculpo, no con ese miserable, con los perros que son animales muy nobles. No tiene presentación que compare a semejante miserable con un perro”, declaró De La Espriella sobre Vega. 

A lo mejor la primera petición a su nuevo abogado es que se encargue de desaparecer esa frase de Internet.  

Con este ejemplo no quiero abrir el debate sobre el hecho de que Vega debería tener su derecho al olvido; por el contrario, no creo que esta pretensión sea aplicable puesto que este derecho no existe en Colombia, hay información rectificable.

Quiero centrarme en cómo un tema tan sensible es tratado como mercancía por De La Espriella, que con esta nueva fórmula encontró el Happy Hour de su negocio; la promesa de garantizar el derecho al olvido resulta atractivo para defendidos y acusados.

Pero sobre todos es importante advertir que el abogado busca engañar. En su página Web De La Espriella, entre otras cosas, promete lo siguiente: “¿Tu nombre o el de tu empresa ha sido publicado en algún medio de comunicación y quieres borrar todo rastro? Nosotros nos encargamos de borrar cualquier información de internet y medios de comunicación en soporte físico, digital y contenido de televisión”.

Es decir que De La Espriella y su equipo de Ghostbusters entrarán a cada redacción y estación de radio y televisión, buscarán en las miles de cintas y borrarán todo lo que tenga que ver con sus clientes. Entrarán en todas las casas buscando videos y recortes de prensa de sus clientes para exterminar la información. Es imposible, es ridículo, es censura, pero es lo que De La Espriella promete.

Ordenar a los buscadores de Internet que borren información, o a los medios de comunicación que eliminen sus contenidos corresponde única y exclusivamente a un juez y esta es una decisión que se toma después de un proceso que no está pensado para censurar. Aun en los casos que un juez toma esa decisión, garantizar la efectividad implica un importante desafío tecnológico que no se logra en un 100 por ciento.  

La publicidad puede conducir al engaño, por eso tiene límites legales y está regulada, pero de La Espriella los está pasando por alto. Al igual que ignora el artículo 28 de la Ley 1123 de 2008, numeral 18, deberes del abogado: “Informar con veracidad a sus clientes sobre las siguientes situaciones: Las posibilidades de la gestión sin crear falsas expectativas, magnificar las dificultades ni asegurar un resultado favorable”. Además del segundo artículo: Garantizar que de ser encargado de la gestión habrá de obtener un resultado favorable, es una falta de lealtad con el cliente.

El pasado 5 de mayo, el Congreso de la República convocó una Audiencia Pública que tenía como objetivo discutir el Proyecto de Ley 106 de 2015, “sobre la protección y recolección de datos personales de los colombianos”. En su turno Abelardo de la Espriella no mencionó absolutamente nada sobre el objeto concreto de la ley que se discutía, pero aprovechó muy bien su oportunidad para hacerle propaganda a su nuevo negocio ante los congresistas, potenciales clientes y gente muy interesada en aprender cómo borrar su pasado.

Es peligroso que este abogado, influyente en distintos sectores y muy astuto, quiera moldear un derecho con el único propósito de engordar su chequera. Al igual que el caricaturesco Saul, personaje de la serie Breaking Bad, se trata de culebreros que no deben ser parte de este debate.