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Opinión

  • | 2015/04/24 17:34

    Muertos de primera y segunda clase

    Si hay indignación por los militares muertos, hay que indignarse mucho más por todos esos campesinos, líderes políticos y sociales que han muerto por estar en medio de los enfrentamientos entre los actores armados o por defender sus derechos.

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Gran indignación ha causado en la opinión pública colombiana el ataque realizado por las FARC a un grupo del Ejército que se encontraba en la vereda La Esperanza del municipio de Buenos Aires (Cauca) en el que murieron 11 uniformados. A los mensajes de repudio que aparecieron en las redes sociales y a las críticas del senador Álvaro Uribe y sus seguidores se sumó la rechifla que recibió el presidente Juan Manuel Santos por parte de los asistentes a la Carrera de los Héroes 10K, realizada para homenajear a los soldados caídos en batalla. Incluso por Facebook ha comenzado a circular una convocatoria a una marcha en contra de las FARC para el 5 de mayo.

A la indignación también se le ha sumado un gran despliegue mediático. En varios periódicos de circulación nacional se han publicado los perfiles de los 11 soldados muertos y se han contado las historias de sus vidas y de sus familias. En la radio y la televisión los colombianos han podido ver y oír el sufrimiento, la rabia y la impotencia de madres, padres, esposas, hermanas y hermanos de estos uniformados, lo que ha aumentado más el descontento con las FARC.

Sin embargo, esta situación contrasta con la poca atención que han tenido otros asesinatos o denuncias por violación a los derechos humanos que ocurrieron en la misma semana en que murieron los 11 soldados.

En la madrugada del miércoles 15, el mismo día en que los colombianos conocían la noticia del ataque de las FARC contra los soldados de La Esperanza, hombres encapuchados y armados a bordo de una camioneta blanca con vidrios polarizados llegaron al cabildo Cerro Tijera, ubicado en el municipio de Suárez (Cauca), y se llevaron a tres indígenas de una misma familia. Hacia las 4 de la tarde Mario Germán Valencia Vallejo, Belisario y Cristian David Tróchez fueron encontrados muertos con dos tiros en la cabeza. Dos días después, aparecieron los cuerpos sin vida de Barney y Wilson Albeiro Tróchez, que habían sido reportados desaparecidos desde el martes 14 de abril.

Aunque fue cubierta por la prensa nacional y regional, la noticia no generó la misma indignación y revuelo en las redes sociales. Tampoco hubo declaraciones de reconocidos líderes políticos condenando el hecho ni pidiendo el esclarecimiento de la masacre. Salvo el apoyo de algunas organizaciones de izquierda y ONG afines a las luchas indígenas, otra vez estas comunidades se quedaban solas llorando sus muertos y reclamando justicia.

En esa misma semana, la Escuela Nacional Sindical (ENS) presentó en Washington un informe en el que denunciaba que entre abril del 2011 y marzo del 2015 se habían asesinado 106 sindicalistas. Muertes que no han recibido la atención ni de los medios de comunicación ni de la opinión pública. De este informe llama la atención el alto grado de impunidad que ha reinado. En 93 casos no se ha identificado ni siquiera quién fue el asesino, lo que demuestra el poco interés que tiene el Estado en aclarar las muertes de estos 106 sindicalistas.

Pero si estos datos son poco alentadores, los que va a presentar el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular-Programa por la Paz (Cinep-PPP) el 30 de abril son aún más preocupantes. Según esta ONG, en el 2014 hubo 77 muertes por ejecución extrajudicial, abuso de autoridad e intolerancia social realizada por agentes directos o indirectos del Estado; 59 víctimas por homicidio intencional de persona protegida o civiles muertos en acciones bélicas, y 226 asesinatos relacionados con violencia político-social.

Tanto en el caso de los indígenas como en los informes presentados por la ENS y el Cinep-PPP, la mayoría de los asesinatos ha ocurrido en lugares afectados por el conflicto armado y por los enfrentamientos entre paramilitares, guerrilleros y las Fuerzas Militares, y que por lo general se encuentran alejados de los centros urbanos del país. Pero lo más dramático es que todas las víctimas han sido civiles que han perdido la vida por ejercer el sindicalismo, defender una posición política o sus derechos.

A pesar de que las cifras son preocupantes y demuestran que fenómenos tan repudiables como las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos están lejos de desaparecer, la opinión pública, en especial la de los grandes centros urbanos, permanece indiferente a este drama que sufren millones de colombianos. Y no es que las muertes de los 11 soldados no merezcan el rechazo de la ciudadanía, pero también hay que ser conscientes de que en este conflicto que involucra guerrillas, paramilitares, fuerzas del Estado y bandas criminales, las principales víctimas no son los soldados sino la población civil.

Si hay indignación por los militares muertos, hay que indignarse mucho más por todos esos campesinos, líderes políticos y sociales que han muerto por estar en medio de los enfrentamientos entre los actores armados o por defender sus derechos. Pero estos asesinatos no han llamado la atención de los colombianos, lo que podría hacer parecer que aquí en Colombia hay muertos de primera y de segunda clase.
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