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Opinión

  • | 2015/06/12 17:04

    ¿Bálsamo o tóxico?

    Como la Comisión no tendría funciones judiciales, no juzgaría individuos, tarea que correspondería a los órganos de justicia transicional pendientes de acordar.

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El Gobierno y las FARC le han comunicado al país que se avanza en la creación de una comisión para establecer la realidad del conflicto armado durante un período por ahora de duración indeterminada, pero que abarcará -cabe conjeturarlo- la media centuria transcurrida desde la fecha en que, para los efectos del santoral revolucionario, tuvo lugar la fundación de las FARC.

La Comisión, cuyos integrantes serían designados por consenso entre las partes, tendría un amplísimo mandato que implica el reconocimiento “de las responsabilidades colectivas del  Estado, incluidos el  Gobierno y los demás poderes públicos, las FARC-EP, los paramilitares, así como cualquier otro grupo, organización o institución, nacional or intenacional que haya tenido alguna participación en el conflicto...”. Así las cosas, lo que pudo ser concebido como un proceso asimétrico, en el que un Estado dotado de legitimidad democrática abre espacios para acoger dentro de la legalidad a un grupo subversivo, se manifiesta ahora como un proceso igualitario entre dos fuerzas, hasta ahora en pugna, que buscan la creación de una legalidad nueva.

El salto conceptual –y político- es enorme. Teníamos claro que la actividad guerrillera por sí misma es delictiva y que la responsabilidad del Estado sólo se configuraría en caso de faltas de sus agentes cuando se desvían de sus deberes institucionales.

Si el acuerdo preliminar se perfecciona, dejará de ser así. Como la Comisión no tendría funciones judiciales, no juzgaría individuos, tarea que correspondería a los órganos de justicia transicional pendientes de acordar. Lo haría para discernir la responsabilidad de las instituciones: es decir, por ejemplo, no la de unos determinados integrantes de la fuerza pública que abusaron de su investidura, sino la de esta como tal. O la del Congreso por haber expedido, digamos, ciertas leyes relativas al orden público, o la del presidente de la República por proponerlas o ejecutarlas.  

El acuerdo recientemente difundido establece las fuentes que la Comisión tendría en cuenta para el esclarecimiento de la verdad: “El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre  otros”. Esta mención a los documentos publicados hace poco resulta de singular importancia.

En el texto elaborado por el comisionado Javier Giraldo se puede leer que “Si bien frente a la negación de derechos debe ser posible recurrir a los derechos remediales que se expresan en la búsqueda de justicia y en la transformación participativa de las estructuras injustas, la oclusión de esos derechos remediales va legitimando progresivamente el recurso al último derecho remedial que es la rebelión o disolución de todo vínculo entre ciudadanos y Estado”. En su opinión, las oprobiosas condiciones impuestas por el Estado a amplios sectores de la población justifican, desde la perspectiva ética, el alzamiento guerrillero.

Esta tesis de Giraldo la destaca Eduardo Pizarro, en su calidad de relator de la Comisión de Historiadores: “Javier Giraldo considera que dado el incumplimiento del Estado de sus deberes esenciales (el deber de proveer a las necesidades básicas de la población y la capacidad de garantizar los derechos civiles y políticos elementales), la lucha guerrillera ha sido legítima porque se ha fundado en el derecho a la rebelión”.

De otro lado, dado que la Comisión de la Verdad tendría competencia para determinar la responsabilidad de actores internacionales, es importante tener en cuenta que, según el comisionado Renán Vega, “a la hora de analizar las causas del conflicto social y armado, así como las variables que lo han prolongado y el impacto sobre la población civil, Estados Unidos no es una mera influencia externa, sino un actor directo del conflicto, debido a su prolongado involucramiento durante gran parte del siglo XX”.

La Comisión de la Verdad, que funcionaría durante tres años, podría realizar audiencias públicas en todo el territorio nacional. Al fin de ese período presentaría un informe con sus conclusiones y recomendaciones, las cuales, al parecer, serían obligatorias: “Se creará un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe  final”.

Ahora bien: cCierto es que en varios países se han constituido comisiones de la verdad, algunas de las cuales han tenido éxito. En Chile en 1990 se creó una comisión de este tipo para documentar los crímenes cometidos durante la dictadura del General Pinochet. En la Argentina, años después de finalizada la dictadura militar, fue creada la Comisión presidida por Ernesto Sábato para develar los crímenes cometidos durante la guerra sucia finalizada en 1982. En 1992 se estipuló en El Salvador, como parte de los acuerdos de paz para culminar una guerra civil de 12 años, una comisión de la verdad Por último, en Sudáfrica se creó una comisión de este tipo en 1994 para facilitar la transición de un régimen excluyente de la población negra mayoritaria por un Estado democrático respetuoso de las diferencias étnicas.

Sin embargo, las condiciones que dieron lugar a esas instancias extraordinarias son sustancialmente diferentes a las de Colombia. Dos son los factores relevantes: a) En todos esos casos las comisiones de la verdad fueron concebidas para superar guerras civiles o el colapso de regímenes dictatoriales; b) hicieron parte de los esfuerzos encaminados a crear una institucionalidad nueva que, por su amplio respaldo popular, garantizara la legitimidad de un orden político nuevo.

En un libro memorable, Una Democracia Asediada, Eduardo Pizarro ha señalado que “las guerras civiles propiamente dichas tendrían tres rasgos fundamentales: (1) la existencia al menos de dos proyectos de sociedad antagónicos; (2) los cuales dan origen a una enconada polarización nacional que se expresa en el terreno del enfrentamiento armado; y (3), la existencia de una “soberanía escindida”.

Aunque es claro que los proyectos políticos de las FARC y el Estado colombiano son incompatibles, nadie podría afirmar que se dé entre nosotros una división de la población en dos bandos de tamaño conmensurable. Una encuesta realizada por Napoleón Franco en abril de este año registra que mientras las Fuerzas Armadas tienen una favorabilidad del 78 %, la de las FARC apenas alcanza el 7 %. Estos datos son consistentes a lo largo de los años. A su vez, sería un disparate afirmar que en Colombia existe una “soberanía escindida”. La guerrilla puede efectuar actos de perturbación de la vida civil en distintas partes del territorio y realizar actos de hostigamiento contra las tropas. Pero jamás ha podido controlar porciones del territorio o desafiar el predominio militar del Estado.  

Estos factores nos diferencian radicalmente de los países tomados como referentes. Más todavía por cuanto el Estado, a pesar de sus falencias, no se encuentra ni remotamente en la inminencia de colapso. Resulta difícil, entonces, comprender que, como consecuencia de una negociación con las FARC, y sin que existan factores que lo constriñan en esa dirección, el actual Gobierno decida abrir contra sí mismo, los que le preceden durante un dilatado lapso, y, en general, contra todas las instituciones públicas un debate de las magnitudes y con las implicaciones que se han reseñado.

Se dirá, por último, que las liturgias expiatorias que se nos proponen, y que tanto recuerdan las de la Inquisición y el Estalinismo, tendrían sentido si fueran el camino idóneo para la finalización del conflicto. Por el contrario, pueden servir para añadir combustible a la hoguera de los odios recíprocos, pues si bien actores estatales han delinquido, las víctimas de las FARC abundan. Al igual que en la vida personal, en la colectiva es preciso, en dosis adecuadas, recordar tanto como olvidar.

En un libro célebre, “Contra la memoria”, David Rieff, cita a Wislawa Szymborska,  poetisa  polaca y  premio Nobel, quien en carne propia padeció los horrores de las dos guerras mundiales del siglo XX: “quienes saben / la trama de la historia / tienen que ceder / a quienes apenas la conocen./ Y menos que apenas./ E incluso casi nada./  En la hierba que ha crecido / sobre causas y efectos / alguien debe tumbarse/ con una espiga entre los dientes / para contemplar las nubes”. Lo que según Rieff este poema expresa “es el imperativo ético del olvido, si la vida ha de continuar...todo debe llegar a su fin, incluso las penas del duelo. De otro modo, la sangre nunca se seca”.

jbotero@fasecolda.com
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