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Opinión

  • | 2015/10/14 11:00

    Aportes del Centro Democrático

    Una democracia robusta requiere una sólida interlocución en los temas de interés nacional. El proceso de paz, por ejemplo.

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El proceso de paz que se adelanta en La Habana divide profundamente al Gobierno y a la oposición que ejerce el Centro Democrático. Nada puede hacerse en vísperas de elecciones para alterar esa realidad, pero quizás más adelante, si fuere claro que el peso electoral de la oposición puede ser importante en la refrendación popular del eventual acuerdo, se creen condiciones propicias para una amplia convergencia interpartidista; la posibilidad de erradicar la violencia como forma de acción política es un objetivo de tal modo valioso que bien vale la pena hacer el esfuerzo de llegar a un entendimiento. Recuérdese que el dios Jano, figura central de la mitología romana, es, por tener dos caras, un símbolo adecuado del quehacer político, en sus dos dimensiones de pugna y reconciliación.

Me atrevo a decir que mucho convendría, para que el Centro Democrático fortalezca su discurso crítico en bien del país, que modifique ciertas posiciones radicales que, justamente por serlo, no pueden a estas alturas del proceso ser presentadas en la mesa de negociaciones sin producir una crisis quizás irreversible. Daré algunos ejemplos.

No hay duda de que todos, o buena parte de los cabecillas de la guerrilla, han cometido crímenes atroces que no son susceptibles de amnistías o indultos bajo las normas del derecho internacional que Colombia ha acogido. Penas reducidas, como las que se contemplaron en la Ley de Justicia y Paz, cumplidas en condiciones menos rigurosas a las de un presidio, es tema sobre el cual podría haber fórmulas adecuadas para Tirios y Troyanos. Que una vez ellas se cumplan, los antiguos dirigentes de la guerrilla puedan hacer política no debería ser un inamovible. En fin de cuentas, es precisamente porque se le reconoce una intención política que nuestros gobiernos han intentado negociaciones con los subversivos.

Tampoco debería rechazarse de plano la posibilidad de que el delito de producción y comercio de estupefacientes sea conexo con el de rebelión para efectos de obtener un tratamiento benévolo. Sabido es que sin el combustible de las drogas los grupos guerrilleros se habrían extinguido, como sucedió en el resto de América Latina, cuando, al finalizar la Guerra Fría, el apoyo internacional, cubano, soviético y chino llegó a su fin. Si se ignora está realidad, buena parte de la tropa fariana terminaría en la cárcel bajo las reglas ordinarias. Tal no puede ser el resultado del proceso en curso y de ningún otro.

No tiene sentido que se insista en la entrega de armas al Estado cuando lo estipulado es su “dejación”. Si este mecanismo comporta que, en efecto, los rebeldes pierdan su tenencia de modo irreversible, bien sea porque las destruyen, bajo supervisión internacional, o las entregan a un gobierno extranjero fiable, el resultado que se persigue –acabar la acción armada irregular– quedaría cumplido.

Moderar el discurso en temas como estos facilitaría la discusión sobre la “refundación de la “Patria” que las FARC persiguen con rigurosa coherencia. Para esos fines niegan la legitimidad del Estado, reivindican el derecho de rebelión, se colocan en plano de igualdad ceremonial frente a las autoridades y simétrica en los alcances de la negociación. Desde esta orilla, por el contrario, la expectativa de muchos consiste en que una “democracia asediada”, como la calificó Eduardo Pizarro León-Gómez en un libro célebre (asediada desde fuera por los violentos y, desde dentro, por fenómenos de corrupción, degradación institucional y concentración económica), adelante una negociación para que sectores marginales de la sociedad, que no amenazan la estabilidad del país, se reintegren a la vida civil y puedan hacer política. Como tantas veces se ha dicho: cambiar “balas por votos”.

En este terreno caben muchos interrogantes, que el Centro Democrático haría bien en formular, con relación a la denominada “Comisión de la Verdad”, el mecanismo para abrir un debate retrospectivo contra las instituciones y la sociedad civil; los documentos del grupo de historiadores del conflicto, en buena parte escritos para darle la razón a los violentos; los alcances, todavía ignotos, de la “Jurisdicción Especial para la Paz”; el aporte de la guerrilla a la reparación económica de las víctimas, asunto del que no se habla; y –cuestión crucial– los mecanismos de refrendación ciudadana, los cuales, al parecer, no serían los previstos en la Constitución. A pesar de que el Gobierno ha negado –y merece crédito– varias veces esa posibilidad, la guerrilla persiste en su ambición de una constituyente manipulada en su integración e ilimitada en sus competencias.

La insistencia en una conjura “Castrochavista”, que puede servir para fortalecer la fe de los militantes, no suena verosímil en otros ámbitos. Más impacto tendría un examen sereno de los costos, beneficios y oportunidad del reciente viaje del Presidente a Cuba. Caben al respecto preguntas que, a instancias de la oposición, el Gobierno debería responder.

Diré finalmente que tan importante como el proceso de paz es el fortalecimiento de la democracia. Ello impone una interlocución de mayor madurez entre gobierno y oposición.
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