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Opinión

  • | 2015/05/14 00:00

    Como si fuera un náufrago

    La Constitución es el ingrediente fundamental de nuestra civilización política, que, siendo imperfecta, es perfectible.

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No es fácil entender la estrategia jurídica del Gobierno frente al proceso de paz. He aquí algunas razones:

1) En el Acuerdo Marco de la Habana se estipuló que “el mecanismo de refrendación” será producto de acuerdo entre “las partes”. No se advierte cómo pueda cumplirse esta estipulación ya que los mecanismos de participación ciudadana están definidos directamente por la Carta. Ningún otro es factible y los que existen (referendo, plebiscito, consulta popular) solo pueden ser utilizados para los fines y de la manera prescrita. No hay, pues, espacio para la negociación salvo en aspectos circunstanciales, tales como la fecha de los correspondientes comicios.

2) Se impulsó en el Congreso y la Corte Constitucional una reforma legal para permitir que los referendos constitucionales relativos a los acuerdos de paz pudieran coincidir con actos electorales. Este esfuerzo parece baldío: a juzgar por los documentos preliminares que se han publicado, casi nada requiere reforma a la Constitución. Además, como es ya imposible tramitar una ley de convocatoria y lograr su homologación por la Corte antes de las elecciones de octubre, el mecanismo solo estaría disponible en las parlamentarias de marzo del 2018. Para entonces el Presidente Santos estará en el ocaso de su gobierno; su liderazgo podría ser insuficiente para impulsar en las urnas el eventual acuerdo.  

3)  Realizando un esfuerzo mayúsculo, se logró incluir en la Carta el “Marco Jurídico para la Paz”. Su desarrollo, mediante leyes estatutarias, permitiría establecer mecanismos de justicia transicional diferentes para los alzados en armas y los funcionarios estatales. Existe, pues, el instrumento pero no se lo ha puesto en funcionamiento. ¿Será que se negocia su contenido en la Habana? No lo creo. Resultaría escandaloso que la suerte de soldados y policías que hayan delinquido se estipule con el enemigo. Cuesta imaginar, de otro lado, que el Congreso acoja, sin cambiar una coma, lo que el Gobierno le proponga como Justicia Transicional cuando finalmente decida presentar su propuesta.

En lo que sí no caben dudas es en el compromiso del Gobierno de respetar la Constitución. El Presidente ha dicho en múltiples ocasiones, y merece crédito, que el modelo político y social no es negociable. El liderazgo de Humberto de La Calle, quien fuera artífice de las reglas fundamentales que nos rigen, impide imaginar que sea su sepulturero. El problema es otro: crecen las voces que proponen medidas contrarias a la Carta para superar el acertijo de la refrendación de un acuerdo de paz que luce remoto.   

La Constituyente fariana es inconstitucional de arriba a abajo. Sus numerosos voceros serían designados al margen de la disciplina electoral propia de la democracia; y gozarían de poderes suficientes para promover la “refundación de la patria”.

De otro lado, no es posible, como lo ha planteado el Centro Democrático, que el Congreso delegue sus potestades en un “Congresito”, el cual decidiría sobre el hipotético acuerdo; esa posibilidad no está contemplada en la Carta. Las competencias de las autoridades, en especial las de jerarquía suprema, requieren consagración explícita. El uso de una “séptima papeleta”, es decir, de una votación popular para fines que la Constitución no contempla, fue inconstitucional bajo la antigua Constitución y lo sería frente a la que nos rige.

También se ha hablado –y descartado- de una suerte de ley “habilitante” para que el Presidente pueda poner en vigor el contrato con la subversión. Se trata de una opción posible aunque limitada. El Presidente puede ser investido, hasta por seis meses, de “precisas facultades extraordinarias” para expedir normas “con fuerza de ley”, pero no para alterar la Constitución. No podría, por ejemplo, crear circunscripciones de paz, que es asunto constitucional. Tampoco desarrollar las reglas de justicia transicional que pertenecen, de modo indelegable, al Congreso.

El más reciente capítulo de esta saga lo aporta el Fiscal General. En reciente entrevista ha propuesto una constituyente con la participación de las FARC que definiría “la participación en política de insurgentes que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos”, y “los mecanismos de justicia transicional”. Pasa por alto el Fiscal que las FARC no se han desmovilizado y que, por lo tanto, no podrían participar en el proceso electoral que conduzca a la selección de los constituyentes que integrarían esa asamblea. Desconocer la regla del sufragio universal para este propósito sería claramente contrario a la Carta.

Llama la atención, por último, que el camino sugerido por el Fiscal parte de una conclusión extrema: que el Congreso carece de legitimidad para continuar tramitando la reforma llamada de “equilibrio de poderes”. Bajo ese supuesto no resulta imaginable que el Congreso, dándole la razón, decline sus potestades y proceda a expedir una ley para consultar a los ciudadanos si quieren una constituyente, que es, precisamente, como se inicia ese proceso. ¿Será que esa es una minucia carente de importancia? ¿Quién convocaría, entonces, la Constituyente? ¿En un acto revolucionario el Pueblo se convocaría a sí mismo?

Por lo que a mi refiere me aferro a la Constitución como un náufrago a un leño que flota en el mar. Es el ingrediente fundamental de nuestra civilización política, que, siendo imperfecta, es perfectible.
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