¿Cuba por cárcel?

Hemos vuelto a la regla ordinaria: el fin de los conflictos bélicos se negocia en medio de la confrontación, la cual, inclusive, puede intensificarse en tanto las partes despliegan su poder para mejorar su posición en la mesa de negociaciones.

Frente a una guerrilla menguada pero no derrotada, carece de sentido pretender que se concentren en determinados sitios para culminar el acuerdo. La concentración es un camino sin retorno que, en el fondo, dejaría a las FARC a merced del enemigo. Además, implicaría la necesidad de que “alguien” ponga los recursos para sostener las huestes guerrilleras, las cuales, por supuesto, tendrían que abandonar el tráfico de cocaína, su fuente principal de financiamiento. No existe quien aporte ese dinero.

Ese fracaso era previsible. El Gobierno ha reconocido que las FARC venían cumpliendo al cese al fuego decretado. ¿Cómo explicar, entonces, el súbito cambio de conducta que implica el ataque en el que perecieron 11 soldados y resultaron heridos un número aún mayor? Nada distinto, me parece, que un acto de rebeldía de mandos medios frente a las directrices recibidas de la Habana. Es que de algo tienen que vivir los frentes que mueven la droga, y la operación en marcha del Ejército constituía un peligro inminente. No había, pues, otro remedio que atacar, decisión favorecida por la ostensible torpeza de nuestras tropas que se hallaban desprevenidas.

Ante una operación bélica que, en esta hipótesis, no habría sido autorizada, la dirigencia guerrillera tenía dos opciones: reconocer esa realidad y, por ende, la debilidad de su liderazgo; o acudir a vagas explicaciones para pasar la culpa al bando contrario. Esto último fue lo que hizo; era la opción lógica desde la perspectiva militar, no con apego a una ingenua postura pacifista.

Como consecuencia del desplome de su popularidad, este episodio condujo al Presidente a ordenar la reanudación de los bombardeos y, pocos días después, a un exitoso operativo en Nariño. Por lo que se aprecia en los medios, una opinión pública enardecida pide más acciones ofensivas contra esas “ratas”, para usar la terminología del saliente Ministro de Defensa.

La continuidad de las negociaciones está, por estas razones, amenazada; y todavía más por el riesgo de que la guerrilla, cuya capacidad bélica no es la de años atrás, decida acudir a un acto terrorista; por ejemplo, a un atentado como el del Club El Nogal o un magnicidio. Tal sería el fin del actual proceso.

Es justamente ahora, cuando la posibilidad de un acuerdo con la subversión luce más remota, que hay que plantear propuestas para destrabar la evidente parálisis de las conversaciones. Hagámoslo a partir de imaginar esta escena: los medios de comunicación registran alborozados la firma de un “tratado de paz para poner fin a una guerra civil que ha durado 50 años”. En primera fila de la ceremonia se encuentran, entre otros, los presidentes de Cuba, Noruega y Venezuela, el Secretario de Naciones Unidas y puede que hasta el Papa.

Luego de los brindis, felicitaciones a “las altas partes contratantes” y elocuentes discursos, se registra el abordaje de unos dirigentes guerrilleros a un avión de la DEA y de otros al de la Policía Nacional; viajan resignados –quién lo creyera- a Estados Unidos y Colombia para afrontar las condenas que ya les han sido impuestas o para afrontar los procesos en curso. Otros que, por ahora, permanecen en tierra denotan en sus rostros la angustia de saber que, en cualquier momento, pueden ser pedidos en extradición por la Corte Penal Internacional.

Si se asume que esta película es pura ficción, se ha comenzado a entender la postura de las FARC: “ni un día de cárcel”. El punto es que, a cambio de un acuerdo razonable, que implique desmovilización, abandono de armas, reparación de las víctimas, fin del tráfico ilícito, remoción de minas, etc., esa concesión es inevitable.  

La aceptación de un contrato de este tipo tropieza, sin duda, con dificultades políticas enormes. La Unidad Nacional, sin el respaldo del Centro Democrático, carece, en la actualidad, de apoyo popular suficiente. Igualmente, exige resolver dos problemas legales delicados.

El primero proviene del “Marco Jurídico para La Paz”, una adición a la Constitución, impulsada por el Gobierno, que permite que haya una “Justicia Transicional”; aquella que autoriza modular el rigor de la justicia en pos del bien supremo de la paz. Aunque es claro que debe haber responsabilidad en cabeza de los máximos responsables, no es mandatorio que se impongan penas de prisión. Por la vía legal podrían establecerse la suspensión condicionando de las penas privativas de la libertad y penas alternativas. (Hoy no hay ambiente para nada de esto, pero como la política es dinámica...)

El otro escollo proviene de la Corte Penal Internacional. Esta goza de competencia para juzgar ciertos crímenes cometidos en el territorio de cualquiera de los Estados miembros si las autoridades nacionales no pueden o no quieren hacerlo, o imponen sanciones irrisorias. Salvo que decidiéramos retirarnos de su jurisdicción, lo cual no parece posible, el Gobierno no puede dar a las FARC la certeza de que la CPI no se meterá con ellos.

Este nudo gordiano podría tener solución. En el eventual acuerdo, algunos Estados podrían comprometerse a otorgar a los dirigentes guerrilleros un estatus de inmunidad que los protegería, bajos ciertas condiciones precisamente establecidas y a término indefinido, del riesgo de extradición. Esta sería la manera en que la comunidad internacional, que no va a poner plata, realice un aporte sustancial al proceso de paz.

Salvo que decidamos seguir combatiendo por años, algo de este orden es aconsejable. Recordemos que la guerra de Troya no concluyó en un armisticio por una razón simple: la ciudad fue destruida.