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Opinión

  • | 2015/06/30 10:53

    Extravíos de la razón

    La comisión de la verdad preacordada por el Gobierno y las FARC puede causar un daño inmenso a la legitimidad de las instituciones públicas.

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Los delegados de las FARC y el Gobierno Nacional  han pactado, en principio, la creación de  una  “Comisión de la Verdad” la cual habría de definir, en un horizonte de “más de cincuenta años”, (¿a partir de la muerte de Gaitán en 1948 o más atrás?) las  causas del conflicto armado colombiano. Para ello, durante un período que puede extenderse hasta tres años, la Comisión se desplazaría por el territorio nacional celebrando audiencias, ceremonias de reconocimiento de las víctimas y manifestaciones públicas de expiación y perdón.

Vencido ese lapso presentará “recomendaciones” -así se las llama- para evitar que el conflicto se repita. No obstante, parece que ellas serían obligatorias pues para supervisar su cumplimiento se creará un “Comité de seguimiento y monitoreo”. No es trivial anotar que, de entrada, se reconocen “las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos...”

Sobre este tema trascendental he escrito otra columna. No obstante, por la importancia de la materia, he resuelto escribir de nuevo.

En su “Crítica de la Razón Pura” Kant escribe: “La razón humana tiene el destino singular, en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades(...) Con tales principios la razón se eleva cada vez más (como exige su propia naturaleza), llegando a condiciones progresivamente más remotas (...) Es así como incurre en oscuridades y contradicciones. Y, aunque puede deducir que éstas se deben necesariamente a errores ocultos en algún lugar, no es capaz de detectarlos, ya que los principios que utiliza no reconocen verificación empírica alguna por sobrepasar los límites de toda experiencia”.  

En ese elevado plano teórico que describe (y critica) Kant, es correcto que se asuma la verdad como un valor absoluto, y que, para obtenerla, no se escatime esfuerzo alguno. Aceptemos, entonces, en términos conceptuales y en el ámbito de la vida personal, que la “Verdad” nos hará libres como dicen los Evangelios. ¿Y qué puede ser más importante que ser libre?

Sin embargo, constituye un extravío de la razón no tener en cuenta las dificultades, que quizás sean insalvables, para encontrar la verdad en la vida social; y, lo que es todavía de mayor trascendencia, las consecuencias prácticas que la revelación de esa o esas “verdades” tendrían. En tales casos, determinar causas y responsabilidades colectivas, solo es posible si se adopta previamente un punto de vista. La perspectiva elegida, así se realicen los mayores esfuerzos para garantizar objetividad,  puede resultar en pugna, como de ordinario sucede, con otras visiones, que serían igualmente plausibles, de modo tal que el resultado final arroje una multitud de  lecturas divergentes de la realidad social.

Para no ir más lejos, es lo que pasó con la Comisión de Historiadores acordada en la Habana. No hubo un reporte único, sino tantos como comisionados, mientras que los relatores presentaron cada uno su propio relato. Como era inevitable, no se logró una verdad “oficial” sobre las causas del conflicto, sino varias, en buena parte antagónicas.

Cierto es que en algunos países se ha acudido a la figura de comisiones de la verdad, unas veces con alcances judiciales otras no, para fortalecer, en el momento de su instauración, las instituciones que han sustituido regímenes dictatoriales o no democráticos. Los casos son conocidos: Argentina, Chile, El Salvador o Sudáfrica.  

Pero esa receta no puede aplicarse de manera indiscriminada. En España, por ejemplo, al finalizar el régimen de Franco no se estableció una comisión de la verdad para hacer el inventario de los abusos de unos y otros durante la guerra civil y, luego, por los vencedores durante los largos años de la dictadura. Con buen criterio, los españoles resolvieron que ya habían llorado y enterrado sus muertos, y que era mejor buscar un orden institucional en el que todos pudieran convivir. ¡Y vaya si fue una decisión acertada! Con todos sus defectos (la corrupción uno de ellos) España ha sepultado su pasado y está volcada, como corresponde, a resolver sus problemas actuales en pos de un futuro mejor. Para España la guerra civil y la dictadura quedaron atrás.

Al final de la segunda Guerra mundial se creó el Tribunal de Nuremberg para juzgar a los máximos jerarcas nazis por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, lo cual no obsta para que los historiadores alemanes sigan examinando, sin mandato ni permiso estatal, las causas del Nacionalsocialismo y los abusos hitlerianos. En Francia, en donde buena parte de la población y de las autoridades locales habían colaborado durante la ocupación, se decidió que era necesario sepultar el pasado. Lo mismo se hizo en Italia.

Estos precedentes europeos son los que deberíamos seguir. He aquí las razones.

La primera es que, salvo el breve interludio de la dictadura de Rojas entre 1953 y 1957, hemos sido gobernados por unas instituciones democráticas, las cuales no solo han sido respetuosas, en general, de las libertades públicas y los derechos humanos, sino que registran en su haber logros notables en el campo social, tales como reducción de la pobreza, estabilidad en los precios, acceso a la salud y la educación, protección de la población vulnerable, etc. Por supuesto, son magros los progresos en equidad social, elevados los fenómenos de corrupción, y relativamente débiles ciertas instituciones como las de la Justicia y las de algunas administraciones locales. Notable es -hay que admitirlo- el fardo de la población que ha padecido desplazamiento, y los crímenes cometidos por los llamados “paramilitares”, que en varios casos fueron posibles por la complicidad o negligencia de funcionarios públicos.

El inmenso pecado de los “falsos positivos” requiere mención aparte. Aunque ya han sido condenados un buen número de integrantes de la Fuerza Pública, es preciso ir hasta donde sea necesario en la búsqueda de verdad y castigo. No obstante, esos procesos nada tienen que ver con la Comisión de la Verdad que quiere crearse. Tampoco con los mecanismos de justicia transicional pendientes de establecer, dado que sus normas solo se aplicarían a los responsables de los delitos cometidos en desarrollo del conflicto.  Las víctimas de aquellos crímenes fueron civiles inermes, ajenos a la confrontación. Decirlo es necesario para que no se crea que la oposición a la creación de ese organismo es trasunto de la turbia intención de proteger a unos delincuentes ya descubiertos o por descubrir.

En reciente columna para El País de Cali, Fernando Cepeda anota: El “Proyecto Global sobre Actitudes administrada por el Pew Research Center, arroja un dato contundente: el nivel de insatisfacción política más alto en América Latina es el de Colombia, 75%. Asombroso. El promedio latinoamericano es de 59%. No menciono los datos para nuestros vecinos porque invitan a la indignación. En el Líbano es de 90%, el único país que sobrepasaría el caso colombiano”.

Esta circunstancia infortunada nos obliga a actuar con infinita cautela para no exacerbar un clima de descontento como el que registran las encuestas. Por el contrario, es menester fortalecer las instituciones estatales para que puedan actuar con eficacia en las tareas asociadas al denominado, con mucha vaguedad, “postconflicto”.

El punto de partida en la negociación con las FARC no puede debilitarse. Como lo ha dicho el propio Presidente Santos en numerosas ocasiones, se trata de un Estado legítimo que abre espacios para que un grupo subversivo, capaz de hacer daño a la población civil, como dolorosamente lo estamos padeciendo por estos días, pero que no constituye una amenaza para la estabilidad de la República, sea acogido en el orden legal con el fin de que, ya desarmado, busque sus objetivos políticos. No hay razón alguna para aceptar culpas institucionales generalizadas. Si las hubiera, el Estado actual, como lo pregona la izquierda extrema, debería ser derrocado. Las que haya -porque las hay- son de funcionarios infieles que actuaron por fuera de sus competencias.

La segunda razón consiste en que esa atención exacerbada en las responsabilidades institucionales y colectivas del conflicto puede ser gasolina que se arrima al fuego. Las FARC, no se olvide, tienen un prontuario enorme de asesinatos, secuestros, daños a la infraestructura y al medio ambiente. ¿Podrá alguien en sus cabales pensar que revivir esas historias sirva para cerrar heridas en vez de reabrirlas? Es preciso tener en cuenta que una de las causas más frecuentes de conflictos civiles armados de naturaleza civil consiste en que recientemente se haya salido de otro. Los estudios de Paul Collier son contundentes al respecto.

En última instancia, recordemos que la masacre de los dirigentes de la Unión Patriótica, fue ocasionada, al menos en parte, por la combinación de “las formas de lucha”: la fatídica mezcla de votos y balas que gobiernos honorables, como los de Barco y Gaviria, no pudieron evitar. Si el proceso de paz finaliza en un acuerdo, uno de los grandes retos del Estado, como lo señalaba el nuevo Ministro de Defensa, consistirá en velar porque los integrantes de las FARC puedan vivir en paz una vez hayan dejado las armas. Recordar, en eventos públicos dotados de patrocinio gubernamental, esos actos de barbarie en nada contribuye a la tarea de garantizarles sus derechos, la vida por encima de todo.

En el libro del Génesis leemos que Yavhé ordenó a Lot huir con su familia de Sodoma y Gomorra, ciudades a las que ha decidido destruir. Por violar la prohibición divina de mirar atrás, su mujer fue convertida en estatua de sal. Un sentido posible de esta alegoría es que, en muchas ocasiones, hay que dejar atrás el pasado; y si rehusamos hacerlo, podemos quedar paralizados en un mundo estéril, es decir “convertidos en estatuas de sal”.

Esta idea -la necesidad de reconciliar recuerdo y olvido-, que vale tanto para las seres humanos como para los pueblos, se encuentra también en esta bella canción de Gloria Stefan:  “Como después de la noche / brilla una nueva mañana ... / hay una luz de esperanza / como después de la lluvia / llega de nuevo la calma / el año nuevo te espera / con alegrías en el alma / y vamos abriendo puertas, / y vamos cerrando heridas / porque en el año que llega / vamos a vivir la vida”. Abrir puertas, cerrar heridas, tal debe ser el paradigma.

En suma: la comisión de la verdad preacordada por el Gobierno y las FARC puede causar un daño inmenso a la legitimidad de las instituciones públicas; comporta una pretensión exorbitante de conocimiento de la verdad; y, en último término, puede reactivar fuegos que hoy son ceniza.

Jorge H. Botero
jbotero@fasecolda.com
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