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Opinión

  • | 2015/08/11 11:17

    Fragilidades del proceso

    El plazo de cuatro meses, estipulado en La Habana para hacer una evaluación de las posibilidades de arribar a un acuerdo, puede ser demasiado largo.

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Poco después de ocurrido el episodio en el que perdieron la vida un grupo de policías, el Gobierno afirmó que la caída del helicóptero en el que adelantaban operaciones de orden público fue un accidente. La oposición, casi de inmediato, dijo que la nave fue derribada por el enemigo. Ambos, sin duda, han actuado con precipitud.

Aquel, por cuanto el enemigo tiene la capacidad de derribar aeronaves, como lo ha demostrado en otras ocasiones, alguna muy reciente. Y el Centro Democrático, en la medida en que no es suficiente, en materia tan delicada, el testimonio de un policía que observó los hechos desde otro helicóptero. El estallido pudo ser causado por el choque fortuito de un aparato cargado de explosivos y combustible, no por el disparo de un “tatuco”. Solo cuando se realicen los necesarios estudios se tendrán elementos de juicio suficientes.

Sea de ello lo que fuere, resultan evidentes las fragilidades del esquema bajo el cual se adelantan ahora las negociaciones en La Habana. Las FARC ya han violado otras treguas, ¿por qué no habrían de hacerlo de nuevo? Si la caída de la nave hubiese sido obra del Clan de los Úsuga –del que se dice que a veces realiza operaciones coordinadas con las FARC- ¿cómo saber si, en este caso, fue el responsable aunque actuando de manera autónoma frente a su aliado?

El ELN, que ciertamente carece de interés en que el proceso en curso tenga éxito, bien pudo haber sido el autor del eventual ataque; y si no lo fue puede intentar otro semejante en cualquier momento sin reivindicarlo como propio. Remoto, aunque no imposible, es que los llamados “enemigos agazapados de la paz”, realicen un atentado buscando que parezca obra de alguien diferente.

De otro lado, la prensa del sábado 8, trae una grave imputación contra las FARC: el asesinato de un dirigente comunitario en Tumaco. Supongamos que esa sindicación fuera correcta. ¿Los atentados contra personas civiles son o no contrarios al compromiso de tregua? ¿Y qué decir de la continuación de las operaciones de tráfico de drogas ilícitas que son casi imposibles de suspender en tanto ellas aportan el flujo de caja que la guerrilla requiere para operar?

Por último, las recurrentes filtraciones de documentos militares ponen de presente un malestar (ignoro qué tan generalizado sea) de las Fuerzas Armadas con relación al proceso. El reciente cambio de Ministro de Defensa, de evidente utilidad para unificar el discurso gubernamental, puede haber agravado ese sentimiento.

Lo dicho permite pensar que el plazo de cuatro meses, estipulado en La Habana para hacer una evaluación de las posibilidades de arribar a un acuerdo, puede ser demasiado largo. En especial si, como cabe suponer, todas las cartas ya han sido desplegadas. Llega un momento en el que agotadas las opciones óptimas resulta inexorable elegir otras, de inferior calidad, asumiendo los costos   consiguientes. La política -como se sabe- “es el arte de lo posible”.

Demos un par de ejemplos. Que el Gobierno tenga que aceptar que la única manera de reparar a sus numerosas víctimas, ofrecida por las FARC, sea puramente ceremonial, lo cual implica creerles que no tienen dinero ni otros bienes suficientes para ese propósito. O que estas se vean en la necesidad de admitir que el Marco Jurídico para la Paz no puede ser borrado de la Constitución.

jbotero@fasecolda.com
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