Viernes, 20 de enero de 2017

| 2015/11/13 17:17

Canto de sirenas

Solo amarrado al mástil de su nave pudo Odiseo resistir el poder seductor de las sirenas.

Canto de sirenas Foto: Archivo Particular

Al igual que sucede en muchos otros países, los mecanismos de democracia representativa del nuestro son defectuosos. Resulta aberrante que el Consejo Nacional Electoral, la entidad que organiza las elecciones y debe velar por su eficiencia e imparcialidad, este integrado por magistrados, que, para serlo, deban ser postulados por los partidos políticos. Este origen genera suspicacias, cuando no abusos, como se hizo contra Marta Lucía Ramírez en la última justa presidencial, según lo ha establecido el Consejo de Estado. Lo que antaño se denominaba el “plato de lentejas”, hoy “mermelada”, y en Inglaterra “el barril de los puercos”, permite que los amigos del gobierno de turno participen en las elecciones con ventaja frente a la oposición. Y no es para nada raro que los parlamentarios antepongan intereses personales a los colectivos que los electores colocamos en sus manos.

No obstante, tenemos una larga tradición de presidentes que cumplen sus ásperas responsabilidades con dignidad y decoro. Admitamos que el Congreso de Colombia es imperfecto pero reconociendo el valor que de ordinario tienen sus procesos deliberativos y la calidad de los debates que adelanta.

Salvo en graves circunstancias, la democracia representativa es suficiente. Pero ante eventos extraordinarios pueden requerirse mecanismos que también lo sean. Fue lo que hicimos en 1957, para superar, mediante un plebiscito, un régimen dictatorial, restablecer la vigencia del Estado de Derecho y lograr la concordia mínima entre los partidos, necesaria para salir de una guerra civil que estaba destruyendo las bases de la Nación.

Pero este y otros mecanismos de democracia directa, tales como referendos y consultas populares, también adolecen de imperfecciones: pueden ser manipulados por gobiernos populistas o autoritarios. Y se caracterizan por su sentido absoluto; entre los extremos del sí y del no se carece de alternativas intermedias, donde suele encontrase la virtud.

Por su índole autoritaria, un buen ejemplo lo constituye el caso de Luís Napoleón Bonaparte en la Francia del siglo XIX, el cual, manteniendo las formas democráticas, a través de recurrentes plebiscitos gobernó de manera dictatorial hasta, finalmente, declararse emperador. Para constatar la mala calidad de las políticas públicas derivadas de referendos populares basta mirar a California. El desarrollo de una “industria” altamente sofisticada para sacarlos adelante permitió que numerosos grupos de interés -maestros desde la izquierda, guardias de prisiones provenientes del polo opuesto- obtuvieran un cúmulo tal de privilegios que acabaron por causar en años recientes una honda crisis fiscal.

De la inminencia de estos riesgos no puede caber duda. Pero si todavía la hubiere, imaginemos que se nos convocara a decidir sobre si nos parece bien que se dupliquen los salarios y se congelen los precios de una amplia colección de productos y servicios. La respuesta afirmativa sería abrumadora.

La realización de un plebiscito para que los ciudadanos podamos decidir si aprobamos o no el eventual acuerdo de paz es una opción adecuada. No obstante, se requiere cumplir tres requisitos para garantizar la calidad del proceso: que existan condiciones igualitarias para que amigos y adversarios de la iniciativa puedan presentar ante el país sus puntos de vista; un umbral o participación mínima suficiente; y un cierto diferencial entre el voto mayoritario y el minoritario. Veamos:

Si se tratara de un referendo constitucional, el pronunciamiento popular tendría que versar sobre cada una de las cláusulas que se quisiera introducir a la Carta. El plebiscito funciona de manera radicalmente diferente. Se nos presentaría una proposición única que tendríamos que aprobar o negar. Una decisión tan compleja como esta requiere una ciudadanía que, antes de votar, reciba adecuados elementos de juicio. No basta que el Gobierno auspicie comerciales de televisión para decirnos una banalidad como esta: “La paz es posible, preparémonos para la paz”.

Viene luego la cuestión del umbral: la proporción mínima de los ciudadanos que deben votar para que pueda decidirse. Al parecer el Gobierno y su bancada han acordado reducir drásticamente este requisito. Bastaría que participaran en el plebiscito por la paz ciudadanos que equivalgan al 13% del censo electoral (hoy, según la Ley 1757/15, art. 41, se requiere una tasa del 50%).

Aparte de lo extraño que resulta que el Gobierno prohíje modificaciones a una norma recién expedida con su beneplácito, esa propuesta implicaría que podría aprobarse el plebiscito con una lánguida votación. En efecto: suponiendo que el censo fuere de 33.8 millones de ciudadanos, sería menester que votaran 4.4 millones y que el voto afirmativo mínimo fuere de 2.2 millones. Para colocar esta cifra en perspectiva basta señalar que el Presidente Santos fue elegido en el 2010 por un poco más de 9 millones de votos. ¿No les parece demasiado poco lo que se propone para una decisión tan trascendental en la vida de Colombia?

En último término debería establecerse una diferencia porcentual mínima entre el sí y el no; la regla ordinaria de la mitad más uno no luce suficiente para que la sociedad colombiana acepte como legítimo el veredicto de las urnas.

Las mismas sirenas que querían seducir a Odiseo le cantan al presidente: “La paz es su legado mayor; no lo ponga en riesgo con veleidades democráticas”. Presidente: por su bien y el de Colombia, ¡no ceda! Tan importante como la calidad del acuerdo es que en su refrendación muchos electores participen; que todos tengamos conciencia cabal de por qué votamos y que aquellos que lo respalden constituyan una mayoría nítida frente a sus adversarios.

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