“Por sus obras los conoceréis”

No comparto la idea de que exista una amenaza “castrochavista”, en el sentido de una acción concertada de apoyo económico y político a las FARC por parte de los gobiernos de Cuba y Venezuela para que procuren llegar al poder por medios pacíficos, una vez se firme el acuerdo de La Habana y ese pacto se convalide por el voto popular.

El gobierno de los hermanos Castro, que por años pudo sobrevivir gracias al apoyo de la Unión Soviética, y, una vez se produjo su colapso, por Venezuela, no tiene interés en esa aventura. Su reto actual es otro: cómo beneficiarse de la relación con los Estados Unidos, conservando cierta fachada socialista. Por ese camino se puede llegar a un híbrido extraño: economía capitalista, con amplios grados de libertad, pero con reprensión política: el modelo chino.  La “Hermana República”, por su parte, marcha con singular eficiencia hacia la debacle.

Pero la preocupación por el “castrochavismo” tiene sentido en el contexto ideológico. Es innegable que las FARC entienden la democracia como la han practicado ciertos gobiernos de la región cuyas credenciales democráticas no son, por decir lo menos, las mejores. En Cuba las elecciones son un simulacro; en Venezuela se las manipula; en Brasil y Nicaragua se las corrompe; y en Argentina apenas se comienza a conocer el enorme grado de corrupción de los Kirchner, el cual, sin duda, se extiende al proceso electoral. Las elecciones nuestras, por contraste, parecen un dechado de pulcritud…

Las FARC se saben rechazadas por fuera de algunas zonas rurales, especialmente cocaleras, y son conscientes de que carecen de experiencia para hacer política electoral en el ámbito nacional. Pero que son buenas en estrategias de movilización, paros y bloqueos en pro de ciertos colectivos que consideran, a veces con razón, que pueden mejorar su situación frente a unas autoridades proclives a las concesiones arrancadas mediante protestas más o menos pacíficas y, en todo caso, intimidatorias.

Por eso han logrado en los acuerdos ya divulgados una constelación de nuevos mecanismos de participación que harían más difícil el desarrollo de proyectos de inversión en minería, generación de electricidad e infraestructura. Igualmente, cabe conjeturar un debilitamiento de las autoridades regionales y locales que provienen del voto ciudadano. Un paro bien organizado puede ser suficiente para avasallar a concejos municipales y alcaldes.

En teoría, las modalidades de democracia representativa y participativa son complementarias; otra puede ser la realidad. El auge de esta suele estar asociada con la pérdida de prestigio de aquella debido a la rampante corrupción que, al garantizarles a muchos políticos los fondos que requieren para su reelección, les permite olvidarse de los electores.

Tal es el origen de la debilidad de los partidos como mecanismos de agregación de intereses sociales. Y la razón del auge de multitudes de instancias de participación, tales como cultivadores de algún producto, camioneros, madres comunitarias, maestros, gestores de tierras, usuarios del sistema financiero, etc. En esta fragmentación de instancias se va perdiendo, sin que nos demos cuenta, el interés común.

Cabe entonces vislumbrar un futuro de escasa gobernabilidad en el que las autoridades estarán asediadas desde los nuevos mecanismos de participación. Tendríamos, entonces, más democracia, en un sentido, pero menos capacidad de gobierno democrático. La solución, por supuesto, tendría que consistir en fortalecer, simultáneamente, las instancias propias de la democracia representativa, cuyo eje, recordémoslo, es el Congreso.

En ese contexto no puede demorarse más una reforma de los denominados “cupos indicativos”, más conocidos como “mermelada”. Esa reforma debería contener la adopción de mecanismos para que haya absoluta transparencia sobre los propósitos de las transferencias a las regiones. Su adjudicación a las entidades territoriales debería realizarse mediante concursos de mérito basados en criterios objetivos y sin que los intermediarios políticos puedan incidir.

Si se taponan estos ductos inadecuados de financiamiento de las campañas políticas habrá que volver a pensar en cómo financiarlas: ¿será que excluimos toda modalidad privada de financiamiento electoral? No estoy seguro; hay que retomar ese debate.

Por último, excluir de la política partidista los órganos que integran las instituciones electorales es indispensable. Que los miembros del Consejo Nacional Electoral sean elegidos, como hoy sucede, a partir de candidatos propuestos por los partidos, es un anacronismo aberrante que mancilla el proceso electoral del que, a su vez, depende la legitimidad de quienes nos gobiernan. No es asunto trivial.