En el reino de utopía

La generalidad de los analistas ha puesto de presente las enormes dificultades de negociar un acuerdo de paz con este grupo guerrillero, tan distinto a las FARC en muchos aspectos. Su origen es diferente. Mientras el ELN es un producto típico de la Guerra Fría y de la Revolución cubana, nuestros “nuevos mejores amigos”, con quienes vamos a cogobernar el país a partir de ahora (para eso existe ya un aparato institucional), tienen su origen en reivindicaciones de tierras adelantadas por grupos campesinos sin vínculos mayores con corrientes internacionales y la intelectualidad local de estirpe comunista. Sus objetivos militares también difieren: volcados los elenos en actos de sabotaje para extirpar la actividad minera y energética, las FARC siempre se focalizaron en cuestiones agrarias.

Las estructuras de mando también son distintas. La indiscutida autoridad del comandante supremo en el caso de las FARC marca un contraste frente al ELN que cuenta con una dirigencia federal integrada por los comandantes de los distintos frentes (el llamado Comando Central (COCE)). Esta circunstancia determina que la forma de adelantar las negociaciones sea diferente y, quizá, más compleja. Nuestra nueva contraparte es más pequeña que la guerrilla fariana: al parecer tiene unos 1.500 efectivos armados y unos grupos de apoyo en algunas partes del territorio nacional, en especial en las zonas petroleras.

Carga, pues, con el síndrome del “hermano menor”, lo que genera dificultades especiales cuando ya el primogénito negoció, con éxito apreciable, su propio acuerdo. Los integrantes del excelente equipo que encabeza Juan Camilo Restrepo la verán negra intentando convencerlos de que acepten el mismo texto firmado por las FARC. Querrán algo mejor. Si lo logran, así sea en el margen, tengamos por seguro que don Rodrigo Londoño, antes el comandante Timochenko, dirá que esos beneficios les deben ser extendidos a los suyos. Sería algo así como el trato de “Nación más favorecida” que se aplica en las negociaciones internacionales de comercio. Si Colombia celebrara un nuevo TLC, digamos que con Corea, los beneficios que le conceda se aplicarían a Chile, con quien ya tenemos un acuerdo comercial.

Sin embargo, esa extensión no se podría realizar bajo la metodología simple del “copy and paste”, en materias tan importantes como la de las amnistías e indultos, que son parte esencial de cualquier acuerdo de paz. La Ley recientemente expedida está referida al conflicto con las FARC y a los integrantes de esa guerrilla, no a otros grupos armados. Por lo tanto, se requeriría una ley nueva, la cual tendría que fijar una fecha límite para que se produzca la condonación o dispensa de la responsabilidad penal.

En tal caso, lo probable es que guerrilleros de las FARC que siguieron delinquiendo luego de la fecha del acuerdo final busquen “certificarse” como miembros del ELN para resolver sus problemas con la justicia. Se fortalecería así el mercado de membresías, que ya debe haber comenzado en beneficio de delincuentes comunes a los que les convendría aparecer como farianos. De ello depende que puedan ir a la Jurisdicción Especial y no a la ordinaria.

Nuestra actual contraparte igualmente aspira a que haya una “refrendación”. A estas alturas del partido, no sabemos si por tal mecanismo se entendería, como en el resto del mundo, un certamen electoral en el que los ciudadanos deciden, o si, como lo dijo la Corte Constitucional, basta un procedimiento parlamentario en el que haya, en el margen, “algo” de pueblo. Bajo tan innovadora teoría los ciudadanos pueden decir que no, pero los congresistas lo contrario tal como acaba de suceder. En cualquier caso, no cabe imaginar que el Gobierno se le mida a un nuevo plebiscito: la negativa experiencia que ya tuvo y la inminente clausura de su ciclo político son poderosos factores disuasivos.

Para finalizar, haré una afirmación sorprendente: El ELN no tiene una agenda temática para la negociación. Aspira a que la “sociedad civil” la defina. Esta, en efecto, participará “en función de iniciativas y propuestas que hagan viable La Paz...”, (en un) “... ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la Nación y las regiones”. Más adelante el Acuerdo Marco señala que “habrá programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad”. ¿Les quedó claro?

Pasemos por alto la vaguedad de estas cláusulas, las cuales, es pertinente anotarlo, se encuentran contenidas en documento que suscriben tanto los elenos como altos funcionarios del Gobierno. Preguntemos, más bien, quiénes integran la sociedad civil, cómo se convocan y deliberan, y cuáles son las reglas para que adopten determinaciones vinculantes.

Jorge Luis Borges, en un cuento fascinante –“El Congreso”– abordó la utopía consistente en convocar un certamen democrático que debía representar a la humanidad entera. Allí podemos leer lo siguiente:

“Twirl, cuya inteligencia era lúcida, observó que el Congreso presuponía un problema de índole filosófica. Planear una asamblea que representara a todos los hombres era como fijar el número exacto de los arquetipos platónicos, enigma que ha atareado durante siglos la perplejidad de los pensadores. Sugirió que, sin ir más lejos, don Alejandro Glencoe podía representar a los hacendados, pero también a los orientales y también a los grandes precursores y también a los hombres de barba roja y a los que están sentados en un sillón. Nora Erjford era noruega. ¿Representaría a las secretarias, a las noruegas o simplemente a todas las mujeres hermosas?”

Por supuesto, el Congreso Universal fracasó. Pero lo que no fue posible en el campo de la ficción quizá lo puede lograr nuestro equipo negociador, para el que pido al respetable público presente tres hurras en este foro virtual.