Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/04/08 11:59

Circo de tres pistas

Nadie podrá aburrirse: en La Habana, Caracas y Urabá pasan cosas

Jorge H. Botero Foto: Archivo Particular

Si luego de cien años de soledad o de conversaciones finalmente hubiere acuerdo en La Habana, surgirá a plenitud el debate sobre los costos económicos e institucionales de la paz con las FARC. En ese entonces los partidarios del acuerdo dirán, con mucho de razón, que los costos suelen ser visibles de inmediato pero que los beneficios se cosecharán en tiempos dilatados. Para que este argumento tenga sentido es indispensable que se suscriba un compromiso nítido de finalización del conflicto armado.

Es en torno a este punto que giran las conversaciones de la ronda actual, respecto de las cuales el equipo negociador no tiene casi movilidad. Sabemos que lo tiene claro y que por eso no pudo cerrarse el proceso el 23 de marzo.

Sucede, en efecto, que las FARC han aceptado que haya una fecha para el comienzo del desarme pero no para su finalización. Es el mismo tipo de estrategia que, con éxito, han usado con relación a otros asuntos en los que se deberían haber definido tiempos precisos, tales como el relativo a la duración del conflicto armado, asunto crucial para la determinación de la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz; o el plazo límite para que la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos se haya cumplido y pueda el Estado, en caso negativo, proceder a efectuarla por medios coercitivos.

Entiendo que el Gobierno ha dicho que dejar cabos sueltos en esta materia no es posible: el desarme, que comienza en una fecha, debe finalizar inexorablemente en otra. Aunque este planteamiento es inobjetable, su aceptación por la guerrilla resulta difícil. Implica que son las armas del Estado, no las suyas propias, las que les brindarán seguridad a sus integrantes una vez se hayan desmovilizado. Y al revés: que pretender conservarlas configura la “combinación de las formas de lucha”, que fue uno de los detonantes de la masacre de la Unión Patriótica.

En virtud de un inesperado consenso en el Congreso, se definió por ley que las zonas de concentración para efectos de adelantar el desarme y la desmovilización no podrán ubicarse en zonas pobladas. Duro hueso de roer para la guerrilla. Para decirlo de manera gráfica: les tocará dormir en campamentos custodiados por el “enemigo”, aunque bajo la protección de Naciones Unidas. Esto es mejor que hacerlo en “cambuches” selváticos, pero posterga el comprensible anhelo de alojarse en casas de familiares o simpatizantes.

Tampoco es sencillo de aceptar para la guerrilla que el ingreso a las zonas de concentración comporte reseña de personas y armamentos, e imposibilidad de salir de esos territorios delimitados so pena de ser capturados por la Fuerza Pública y puestos a disposición de la Justicia. No es sencillo, he dicho, pero es inevitable entre otras razones por las relativas a su seguridad. Téngase en cuenta que ya para entonces se habrá puesto en marcha el fin del conflicto; no podría haber frentes o cuadrillas de la guerrilla moviéndose por el territorio como Pedro por su casa para brindarles protección.

En medio de tan arduas discusiones en La Habana, finalmente en Caracas se arma el tinglado para anunciar un proceso de paz con el ELN. Hay motivos que justifican esta determinación, comenzando por el anhelo de que tengamos una paz “holística”, que finalice el ciclo de violencia que ha padecido Colombia durante muchos años, a veces motivada por genuinos aunque debatibles móviles políticos; otras en razón de meros negocios criminales, el primero de ellos el tráfico de drogas ilícitas. Esto último es bueno recordarlo ahora que las FARC solo muestran su cara amable de campeones de la justicia social.

Para cumplir este propósito tiene sentido que los Elenos entren al redil... si es que entran. La duda proviene de que se trata de una guerrilla que profesa ideas francamente utópicas. Como se desprende del acuerdo celebrado bajo los auspicios de Maduro, en realidad el ELN carece de agenda sustantiva; ella deberá surgir del diálogo de la “sociedad”, con el Estado y la guerrilla.

No me crean a mí; créanle a las partes para quienes la participación de la sociedad será: “a. En función de iniciativas y propuestas, que hagan viable la paz, en el curso y contexto de este proceso. b. Sobre los temas de la agenda. c. Un ejercicio dinámico, incluyente y pluralista que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”.

Este esquema, críptico y vago, parte de dos postulados: el primero, que existe una entidad o entelequia única -la sociedad- que tiene objetivos y propósitos que pueden ser establecidos con razonable certeza; el segundo, que los mecanismos de representación política existentes, basados en el sufragio universal, son espurios y corruptos, y  deben ser sustituidos por otros.

¡Vaya complicación! Lo que de verdad existe son múltiples grupos sociales, cada uno con sus propios intereses, los que se despliegan en el ámbito de la lucha política, la cual, en una democracia, transcurre por medios pacíficos. El Estado justamente existe para arbitrarlos y resolverlos en ejercicios que jamás finalizan. La paz -qué pena decir esta simpleza- no es la ausencia de conflictos, sino su resolución, siempre provisional y mutante, sin recurso a la violencia. Es ilusorio, por lo tanto, esperar que de la interlocución social surja, como lo quieren los Elenos, la gran fórmula que a todos los colombianos nos reconcilie.

De otro lado, si se rechaza de plano la representación política que deriva de las urnas, la cual por motivos en parte correctos se considera corrupta e ilegítima, fatalmente caemos en la democracia guiada o totalitaria al estilo soviético o venezolano. Como esta opción es inadmisible, la alternativa obvia consiste en cambiar las autoridades actuales por otras que se consideren mejores. Tan laudable propósito, cuya realización puede tomar décadas, no puede ser requisito para pactar la finalización del conflicto. El objetivo tiene que ser otro: ingresar al sistema político con el fin de transformarlo desde adentro.  Se trata de algo tan fundamental y simple como “cambiar balas por votos”, que es lo que De la Calle ha dicho tantas veces.

No caben, por lo anterior, razones para el optimismo en el proceso itinerante que se acaba de inaugurar. A menos -añado- de que apenas se busque realizar unas ceremonias que le faciliten al ELN la transición hacia el armisticio.

El “paro armado” que ha paralizado varios departamentos constituye una ingrata sorpresa; se tenía la creencia generalizada, que ahora descubrimos equivocada, de que esos episodios los habíamos dejado atrás con el desmantelamiento de los carteles de Pablo Escobar y los Rodríguez, y años de “seguridad democrática”. Un alarde de intimidación y violencia de las magnitudes que hemos presenciado requiere una plataforma política, económica y militar que no se construye de un día para el otro. Y sin que las autoridades la descubran y combatan antes de que se expanda con tan extraordinario vigor. ¿Qué pasó?

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