Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2015/10/30 10:51

Utopías revolucionarias

No se negocia el fin del conflicto social sino su trámite pacífico en una sociedad plural.

Jorge H. Botero. Foto: Archivo SEMANA

La visión liberal de la sociedad parte de reconocer que, integrada como está por estamentos y grupos diversos, es necesariamente conflictiva. Desde esta óptica se rechazan de plano, por utópicas, las teorías que postulan una reconciliación definitiva de los antagonismos sociales en una hipotética sociedad sin clases. En lo que sí difieren las sociedades es en la forma de tramitar sus conflictos: mientras unas los canalizan por medios pacíficos (así comporten cierto inevitable grado de represión), otras se sumen en conflictos armados.

Para las FARC y sus aliados en Colombia existen causas objetivas que no sólo explican la confrontación bélica, sino que, además, determinan que mientras esos factores no se resuelvan, será ilusoria la superación de la “guerra”. El sacerdote Javier Giraldo ilustra con claridad este punto de vista:

“Cualquier análisis de los orígenes del conflicto armado y de los factores de su persistencia exige considerarlo como una dimensión y expresión de un conflicto más profundo que es el conflicto social, producto del modelo económico-político de sociedad excluyente y estructuralmente violenta que está vigente...

[Por lo tanto] El Gobierno debería aceptar que el conflicto que quiere hacer llegar a su fin tiene raíces evidentes en la injusticia y actuar en consecuencia, o sea, aceptar que las conversaciones toquen el modelo económico político y le encuentren salidas éticas y democráticas... Un proceso de paz hace referencia obligada a la PAZ y ésta no puede consistir en un mero mecanismo contractual de cese de disparos pagado con determinadas contraprestaciones”.

Como es imposible formar consensos sobre la solución adecuada de los conflictos sociales, quienes creen tener la fórmula correcta no toleran que nadie les dispute, si así puede decirse, la verdad de su verdad, razón por la cual no son amigos de la democracia que llaman “burguesa”. De allí que Giraldo proponga que nada de lo que eventualmente se acuerde en Cuba se someta a refrendación popular antes de que los medios de comunicación sean sometidos a una reforma estructural. No nos dice cómo realizarla pero es obvio: poniéndola bajo el control del Estado, al mejor estilo soviético o ecuatoriano.

Al margen de las connotaciones totalitarias del pensamiento fariano, hay que señalar que su explicación del conflicto colombiano no soporta una réplica elemental: el funesto modelo neoliberal (que en realidad es socialdemócrata, o, como dice el Presidente, de la “tercera vía”), es el mismo que se practica en buena parte de los países de la región con resultados que, sin ser óptimos –nada lo es– ha servido para mejorar las condiciones de vida de millones de personas. ¿Por qué, entonces, no hay en ellos guerrilla, mientras que en nuestro país sigue realizando estragos?

Este es el enigma que ha tratado de resolver Paul Collier, un destacado economista británico, quien considera que para que el omnipresente descontento político se convierta en una revuelta tienen que darse un conjunto de factores, muchos de los cuales se encuentran presentes entre nosotros. Veamos:

Una fuente amplia de recursos financieros a la que los revolucionarios puedan acceder con relativa facilidad, tales como la ayuda externa, en el contexto de la Guerra Fría; o recursos naturales abundantes, por ejemplo los diamantes en Angola o la coca en Colombia. Una geografía abrupta que permita eludir la persecución de las tropas estatales; las características de nuestro territorio son inmejorables desde esta óptica. Bajos costos de oportunidad para quienes decidan enrolarse en la aventura subversiva, requisito que cumplimos con creces: las falencias del modelo de desarrollo rural determinan que para muchos jóvenes campesinos hacerse guerrilleros haya sido una manera de mejorar su condición de vida.

Estas consideraciones pueden explicar la estrategia seguida por el presidente Uribe. Si la justicia de la causa revolucionaria es disputable; si Colombia ha tenido éxito en su política social y es un Estado democrático; si la acción de los armados en armas, por centrase en atacar a la población civil y dañar la infraestructura pública, puede calificarse como terrorista; si tenemos la capacidad militar para vencer a los alzados en armas; y si, por último, los gobiernos anteriores al suyo no lograron culminar con éxito negociaciones de paz, la estrategia adecuada consiste en intensificar la presión armada, abriendo, al mismo tiempo, mecanismos para facilitar la reinserción de quienes quisieran desertar.

Tal curso de acción tuvo resultados positivos que no fueron concluyentes. Constatarlo así debió ser la primordial razón que tuvo el Presidente Santos para buscar ¡una vez más! Una salida negociada al conflicto.

Quien aquí escribe comparte este cambio de rumbo. Pero vista la manera como avanzan las negociaciones, mucho le angustia el precio que tendríamos que pagar, no en términos económicos, sino de legitimidad del modelo de Estado y sociedad. En un ejercicio dialéctico que no vacilo en calificar de brillante, las Farc nos han ido llevando a una negociación simétrica o entre iguales. Es lo que se puede constatar con la creación de la Comisión de la Verdad, y lo que podría suceder con la Jurisdicción de Paz, la dejación de armas y la refrendación del eventual acuerdo.

Esta preocupación sube de punto al constatar la decadencia y pérdida de prestigio del Congreso, la justicia y el sistema electoral, entre otras instituciones; la corrupción rampante y la concentración excesiva del poder económico. Todo lo cual nos coloca en una situación de lamentable fragilidad.

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