Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2015/10/07 17:00

¡Guerra civil!

Tres diferentes visiones caben para interpretar el conflicto que con tanto empeño pretendemos resolver en La Habana.

¡Guerra civil! Foto: Archivo Particular

Según la primera, lo que el país ha vivido, sobre todo desde que nos convertimos en el líder mundial del cultivo de coca y la exportación de cocaína, es una amenaza terrorista. Conjurarla fue la tarea que acometió Uribe durante sus ocho años. Bajo esta perspectiva, una negociación con los violentos es imposible: con el terror no se negocia, salvo las condiciones de la rendición. La idea que desde el Gobierno se nos comunicó entonces consistió en que estábamos cerca de tener éxito. Por lo tanto, en vez de negociación, se puso en marcha un programa para facilitar a los guerrilleros su desmovilización.

La teoría predominante en los estamentos mayoritarios de la política nacional ha sido otra. Consiste en que hemos padecido a lo largo de muchos años un conjunto de conflictos de diferente naturaleza, que se suceden unos a otros sin solución de continuidad pero que tienen elementos comunes: una intención política, su confinamiento en zonas rurales (lo que no excluye actos terroristas esporádicos en las ciudades), el ejercicio recurrente a las armas como herramienta política, y su incapacidad para poner en riesgo la estabilidad del país, salvo, tal vez, en un momento sombrío durante la administración Samper.

No obstante, se trataría de procesos claramente diferenciados. Lo que comenzó en los años sesenta como un conflicto de tierras de origen campesino en el Tolima y el Huila, en la década siguiente tuvo un auge notable gracias al apoyo de la Cuba revolucionaria (recuérdese que justamente por eso Colombia y otros países de la región rompieron relaciones diplomáticas con Castro), y al ambiente intelectual de la época, especialmente en las universidades públicas. El colapso de la Unión Soviética, y el fracaso de las aventuras para expandir en Angola y Bolivia la revolución cubana, debieron generar, como sucedió en el resto del continente, el fin de los movimientos armados.

No ocurrió así y aquí aparece la insularidad de Colombia, la cual obedecería a las condiciones agronómicas favorables para el cultivo de coca, a la existencia de zonas remotas en las que es posible ocultar el procesamiento de la hoja, y a la cercanía a los Estados Unidos, el primer destino de nuestras exportaciones de cocaína. En años recientes ese negocio, que sigue siendo vigoroso, se ha diversificado con el saqueo de recursos fiscales y la minería ilegal.

No obstante, como se reconocen el trasfondo político y los daños sociales y económicos que la confrontación implica, sucesivos gobiernos, a partir de la administración Turbay, han intentado negociaciones acotadas para facilitar la reinserción de los insurgentes; la política ha consistido en la concesión de amnistías e indultos generales, acompañadas con políticas sociales para facilitar el retorno a la vida civil de los antiguos combatientes.

La tercera explicación del conflicto armado es la que con gran cohesión y persistencia sostienen las FARC y sus simpatizantes. Para ellos Colombia vive una guerra civil de más de sesenta años de duración, derivada de la explotación del pueblo y su exclusión de las instituciones democráticas, factores estos que, a plenitud, justifican la rebelión armada.

Coherente con esta perspectiva, desde el comienzo del actual proceso de paz la guerrilla ha planteado una negociación, si no plenamente simétrica, sí con importantes grados de igualdad. El haber logrado incluir en la agenda el modelo de desarrollo rural fue un paso de enorme importancia, como lo fue que la refrendación ciudadana del eventual acuerdo pueda realizarse de modo diferente al previsto en la Constitución. Otro avance notable fue la conformación, por decisión conjunta de las partes, del grupo de historiadores del conflicto. Algunos de esos trabajos le dan toda la razón a la guerrilla en su rebelión contra el “Establecimiento”.

El siguiente peldaño consistió en la creación de la “Comisión de la Verdad”. Como muchos lo ignoran, recordemos que su cometido consiste en juzgar la responsabilidad de las instituciones en la génesis y desarrollo del conflicto. Por lo tanto, el papel del Estado en todos sus niveles, y de la sociedad civil sin excluir estamento alguno, serían debatidos en audiencias populares que, durante tres años, se desarrollarían a lo largo y ancho del país.

Viene ahora la “Jurisdicción Especial para la Paz”. Sería la primera vez en la historia de Colombia en que los mecanismos de justicia no emanan autónomamente del Congreso. Y, según fuentes bien informadas, falta por divulgarse la comisión para analizar las causas del paramilitarismo, fenómeno del cual se pretenderá que el Estado es el primer responsable.

Estos avances en la mesa de negociaciones tienen estrecha conexión con el discurso del Gobierno. Si Colombia, en efecto, se encuentra sumida en una guerra civil, que es preciso superar, siguiendo precedentes tales como los de Angola, Sudáfrica y Vietnam, tienen sentido los compromisos ya logrados y los que vienen en camino de parecido tenor. Pero si se creyere que el caso de Colombia es el de una democracia imperfecta, asediada por actores violentos carentes de respaldo político, cuya fuerza deriva del amplio acceso a recursos ilícitos y de su capacidad de dañar los bienes públicos, otro podría ser el balance de la negociación.

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