Opinión

  • | 2017/02/17 08:05

    Salta la liebre

    El Congreso tendría que recuperar para sí al menos parte de las facultades que, en un momento triste para la República, decidió abandonar.

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A estas alturas del debate, la opinión pública tiene al menos un conocimiento sumario de los alcances de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que sustituiría, durante un plazo indeterminado, las normas e instituciones que regulan la provisión de justicia, sin que jamás se le haya explicado por qué se las arrincona en vez de optar por su reforma, si ella fuere necesaria, en relación con el conflicto armado o “guerra” en la terminología deslegitimadora del Gobierno. Ese silencio es comprensible: no se puede reconocer que el móvil verdadero consiste en que a las FARC no les merece confianza, como muchas veces lo han dicho, “el derecho del enemigo”. Como la paz es el bien supremo –ese sería el mensaje implícito–, no hay límite en los costos que debemos pagar.

Sin embargo, como dice el refrán: “Cuando menos se espera, salta la liebre”, peor aún: varias de buen tamaño. Considera el fiscal general que “Los delitos continuados en que eventualmente incurran las personas desmovilizadas deben ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria cuando se extiendan más allá del primero de diciembre del 2016”, que es la fecha de entrada en vigor del Acuerdo Final. Dado que pertenecen a esta categoría la producción y el tráfico de drogas prohibidas y el secuestro, desde esa fecha, so pena de perder los beneficios de la JEP, los integrantes de las FARC han debido abandonar los cultivos y laboratorios, y liberado a todas las personas secuestradas.

En columna reciente, el ministro del Interior ha salido al quite diciendo que las plantas de coca no pueden desaparecer de un día para el otro. Tiene razón, aunque “toma el rábano por las hojas”. Lo que importa es otra cosa: si sus propietarios y operadores siguieron explotándolas luego de esa fecha o no. Y respecto de los menores de edad que se hallan en las filas de la guerrilla en condición de secuestrados (que son todos por cuanto su consentimiento es inválido), el hecho cierto es que, hasta este momento, no han sido liberados. Menudo lío para nuestros nuevos mejores amigos y para el Gobierno.

La fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho, con delicadeza pero también con claridad, que la firma del Acuerdo fue un gran avance que “acogí´ a la vez con alegría y con cierto optimismo no exento de cautela”. Su escepticismo tiene que ver con un asunto fundamental: las condiciones bajo las cuales se define la responsabilidad penal de quienes han tenido el comando de grupos armados, legales o ilegales, por los hechos criminales cometidos por sus subalternos. Lo que la señora Bensouda en esencia dijo es que, habiendo definido el tratado creador de la Corte Penal Internacional esta modalidad de responsabilidad criminal para los delitos respecto de los cuales tiene competencia, la normativa colombiana, así sea de rango constitucional, carece de autonomía para establecer reglas que hagan más rigurosa su configuración.

En lenguaje imperativo (y descortés), el delegado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la definición de esta modalidad de responsabilidad se debe modificar “para que sea acorde con el estándar incorporado en el Estatuto de Roma (…) y ser aplicable a todos aquellos que satisfacen las condiciones de jefe militar o superior (de jure y de facto), según el derecho internacional, no sólo a los miembros de la fuerza pública”.

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A lo anterior se suma, como en esta columna en varias ocasiones se ha advertido, que con pleno conocimiento de causa se ha decidido pasar por alto la obligación de extraditar a quienes la CPI eventualmente formule cargos. No cabe duda, por consiguiente, de que estamos incubando un riesgo elevado de que esa Corte decida abrir un proceso en Colombia. No puedo imaginar un motivo de bochorno y vergüenza mayores.

Al constatar que la Procuraduría ha sido marginada de la JEP, el procurador ha divulgado un comunicado en el que se lee: “La decisión del gobierno nacional no va a debilitar en manera alguna la pertinencia de la participación de la Procuraduría General de la Nación, como es su obligación constitucional, en su compromiso de ser garante de los acuerdos y defensora de los derechos de las víctimas”. Si entiendo bien, esto significa que, al margen de lo que decida el Gobierno (y en su caso el Congreso), no abandonará el ejercicio de las facultades que la Constitución le asigna.

Y ya de mi propia cosecha aporto esta perla que, por ser tan exótica, requiere citas textuales. El Gobierno ha propuesto que “En los casos en que se aplique amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal, no procederán acciones judiciales contra los beneficiarios de tales medidas para la indemnización de las víctimas”; esta es la premisa mayor del silogismo. La menor se encuentra en la Constitución (art. 150-17), la cual, luego de disponer que el Congreso puede conceder amnistías o indultos, añade: “En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de los particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar”.

La conclusión resulta inexorable: la reparación económica de las víctimas se desplaza de los victimarios al Estado, es decir, a todos nosotros. Esto debe ser lo que ahora llaman “justicia restaurativa y centrada en las víctimas”.

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