Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/07/15 10:45

El Estado Comunitario colombiano

No le suceda a Colombia, en el frenesí de la paz, lo que a los británicos: que al día siguiente de votar el retiro de la Unión Europea se preguntaban cómo habían cometido tan singular disparate.

Jorge Humberto Botero

Los actores fundamentales de la democracia son, siempre, los ciudadanos, es decir los individuos integrantes de la Polis, que son los únicos que tienen derechos políticos. A partir de nuestras decisiones en las urnas se constituyen las autoridades en quienes declinamos la potestad de gobernar. Tal delegación está delimitada por el deber de las autoridades de cumplir la Constitución y las leyes; donde así sucede existe un “Estado de Derecho”. Por supuesto, los ciudadanos, salvo en el ejercicio del voto, no actuamos solos. Participamos en partidos, movimientos políticos y otros mecanismos de agregación de intereses, con miras a la preservación o conquista del poder o, lo que es lo mismo, el control de las instituciones del Estado. En una democracia bien constituida las minorías de hoy son las mayorías de mañana.

Importa, por las razones que enseguida se expondrán, insistir en que el juego democrático consiste en la toma, conservación y renovación del poder político. No se trata de la creación de mecanismos para ejercerlo de modo compartido entre el Estado y entidades particulares; o del acotamiento de las competencias propias de las autoridades públicas mediante pactos o contratos de gestión; y menos aún de forzar a grupos o individuos a concertar con otros aquellas decisiones que hacen parte del núcleo protegido de sus libertades.

Dichas estas obviedades vale la pena confrontarlas con los acuerdos de La Habana. En el de participación política se dice que: “La definición de las garantías para la oposición requiere distinguir entre la oposición política ejercida dentro del sistema político y de representación, y las actividades ejercidas por organizaciones o movimientos sociales y populares que pueden llegar a ejercer formas de oposición a políticas del gobierno nacional y de las autoridades departamentales y municipales”.

Correcto, en principio, aunque el texto da lugar a una lectura peligrosa por su ambigüedad: que sería legítima la oposición ejercida por fuera del sistema político. Expresada esta inquietud, que no es trivial, pasemos revista a dos modalidades del modelo de Estado comunitario que se nos propone.

En cuanto a la erradicación  de cultivos ilícitos se parte de que  ella debe ser voluntaria, lo cual implica “definir con las comunidades las alternativas de sustitución que sean sostenibles desde el punto de vista económico y socio ambiental, y adecuado para fortalecer las economías familiares y garantizando condiciones de vida dignas (...) En los casos en que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación (...) priorizando la erradicación manual (...) teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir”.

Nótese la necesidad de que haya acuerdo con las comunidades para poner en marcha su eliminación forzosa. No estamos ya ante un mecanismo de consulta previa, de cuyas bondades y necesidad no hay duda, sino de un condicionamiento a las autoridades para actuar. Y aun, si agotados los esfuerzos de llegar a acuerdos, tarea que puede implicar tiempos dilatados, las autoridades deciden poner en marcha las políticas que, con fundamento legal, crean adecuadas, estarán limitadas por el novedoso y vago concepto del “buen vivir”. En estos ires y venires la autoridad del Estado puede quedar severamente averiada. Algo así como lo que le pasaría a nuestro gran Nairo si le arrojan arena en los piñones de su bicicleta...

Demos ahora una mirada rápida a las estipulaciones sobre desarrollo rural. En las sensibles materias de formalización y regularización de la tenencia de la tierra se disponen “mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades en la resolución de conflictos”. Algo semejante se contempla con relación a la intervención de las comunidades -que pueden ser muchas y tener propuestas disímiles-  en la priorización, ejecución y seguimiento de obras de infraestructura rural.

No es que per se resulten censurables estos mecanismos de los que probablemente se abusará a juzgar, por lo que hemos visto, con motivo de los ya recurrentes paros campesinos y de camioneros. Es que la autonomía de las autoridades legítimas para decidir, y de los ciudadanos para desarrollar sus proyectos de vida al margen de las comunidades a las que el nacimiento o la presión social los vinculen, podría resultar seriamente menoscabada. Y esto que vale para etnias y campesinos tendría un alcance restrictivo todavía mayor para los empresarios del campo que, en proporción elevada, son pequeños y actúan al impulso de sus intereses personales, no en función de colectividad alguna.

Como bien lo dijo Fernando Savater: “Centrémonos en la invención política del individuo, pues tal es la primordial aportación de la democracia. Incluso el apellido de “política” es innecesario, porque antes del protagonismo del individuo hay hordas, tribus, comunidades, monarquías faraónicas, choque de imperios (...) pero política no. La política aparece con la democracia, es decir con la autonomía social de los individuos”. Esa libertad, que el desideratum democrático exige, es la que veo amenazado con consecuencias colaterales de importancia: una ampliación de la brecha del campo frente a las zonas urbanas, y un lastre adicional para superar las graves falencias de productividad de que aquel adolece.
Si los compromisos para el ámbito rural son tan buenos, ¿por qué no extenderlos a las zonas urbanas? Imaginemos, por ejemplo, el debate sobre el metro de Bogotá, no en el Concejo Distrital, sino en cientos o miles de juntas de acción comunal.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.