Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2016/10/07 10:27

"Los caminos del Señor…

… son inescrutables”, señala la Biblia. Vale la pena recordarlo ahora que, contra todo pronóstico, en el plebiscito se ha impuesto el No.

Jorge Humberto Botero. Foto: Semana.com

Como lo imprevisto a veces acontece, hay que cuidarse de proclamar triunfos que todavía no han ocurrido. Le pasó a la Corona Inglesa en 1741 cuando mandó acuñar monedas para celebrar la toma de Cartagena de Indias por el Almirante Vernon, episodio que jamás tuvo lugar pues la invasión fue repelida con éxito por el Gobernador de la plaza Don Blas de Lezo.

El juego electoral es, por antonomasia, de suma cero: el triunfo de uno es el fracaso de otros. Pero hay también dimensiones en las que todos ganamos y que permiten afirmar que Colombia no es un país fallido, incapaz de resolver una guerra de más de cincuenta y dos años, que supuestamente comenzó en Marquetalia en 1965. Así lo afirmó Timochenko, sin que nadie le replicara, en frente de la comunidad internacional. Ese silencio, que se mantiene, es grave. Basta repetir una falsedad de modo consistente para convertirla en verdad.

En defensa de nuestras instituciones, nótese que la autoridad electoral fue capaz de organizar, con eficacia y transparencia admirables y en breve plazo, elecciones en todo el territorio nacional. Esta circunstancia permitió que las distintas fuerzas políticas reconocieran, incluso antes de que finalizara el computo, el resultado de los comicios. Notable resultado, además, si se advierte el estrecho margen entre el Sí y el No. En realidad, Colombia tiene una larga y exitosa tradición electoral. Al margen de las disputas judiciales que son normales sobre asignación de curules, en este siglo no hemos tenido ninguna elección mayor cuestionada. En el siglo XX solo las presidenciales de 1970.

Reaccionando con buen juicio ante las nuevas circunstancias, el presidente ha dispuesto mantener el cese al fuego bilateral con las FARC e integrado una comisión de altos funcionarios para que dialogue con el Centro Democrático sobre el camino a seguir. Se requiere un paso adicional: otorgar a la guerrilla el financiamiento que sea necesario para que sus huestes puedan atender sus gastos de albergue, manutención y salud, mientras gobierno y oposición procuran un acuerdo y, si así fuere, lo presenten a la guerrilla. No se impondría el deber de concentración en las zonas designadas; sería suficiente el compromiso de mantenerse en tregua y no desarrollar actividades delictivas tales como el secuestro y el narcotráfico.

No será fácil arribar a consensos. Los delegados del gobierno procurarán mantener la esencia de los acuerdos, mientras que la oposición sostendrá que el nuevo modelo de país pactado en La Habana fue rechazado en las urnas. Y aún si hubiere acuerdos con los estamentos políticos que actúan dentro de la legalidad, faltaría llegar a un entendimiento con las FARC. Esa posibilidad dependerá de que estas moderen las expectativas elevadísimas que provienen de los Acuerdos de La Habana. En este sentido será preciso que se percaten de que, al igual que el Gobierno, perdieron en las urnas; y que desafiar con armas al Estado carece por completo de factibilidad.

Tratando de encontrar un terreno en donde la convergencia sea posible, considero que el modelo de cogobierno rural entre las autoridades propias de la democracia representativa y las “comunidades”, acordado con los alzados en armas, no es conveniente ni factible, pero sí cabe pensar en fortalecer la inversión estatal en el campo; y en mejores políticas para rescatar a la población campesina, negra e indígena del yugo de los cultivos ilícitos. La pobreza rural es abrumadora y debe ser combatida con la eficacia de que secularmente hemos carecido. Los tres millones de hectáreas para los campesinos sin tierras que el Gobierno ofreció, es una oferta que debe ser desarrollada con base en estudios serios de disponibilidad del recurso y demanda para que no se convierta en una nueva fuente de frustración.

Sin duda, se requiere una justicia transicional que dé garantías a las FARC, aunque regulada por la Constitución y las leyes de Colombia, y congruente con el derecho penal internacional; el desplazamiento de las normas e instituciones nacionales que se pactó en Cuba no es concebible, a menos que se acepte que somos un Estado fracasado. Pero es posible desarrollar el “marco jurídico para la paz” que se introdujo a la Constitución precisamente para darle viabilidad a las negociaciones en Cuba.

Recordemos que para los delitos más graves el Centro Democrático exige penas de cárcel. Sin embargo, con criterio realista es preciso reconocer que nadie que no ha sido vencido en la confrontación armada acepta firmar un acuerdo para, a cambio de hacerlo, perder la libertad. Una posible solución a este problema consistiría en disponer que para los crímenes de lesa humanidad se impongan penas privativas de la libertad, las cuales no se ejecutarían si el reo acepta su responsabilidad y cumple los compromisos de reparación y resocialización que el juez le imponga. Este es un ejemplo, entre varios posibles, adecuado para mostrar que existen espacios para la renegociación.

Parte del herramental que hemos utilizado para resolver conflictos armados ha sido la concesión de amnistías e indultos generales. Salvo en el caso de los delitos previstos en el Tratado de Roma, ese instrumento se encuentra disponible. Este es un tema respecto del cual hay mucho camino avanzado e, inclusive, un proyecto de ley acordado con las FARC. Comenzar la nueva fase de negociaciones por este capítulo, que puede ser el menos complejo, sería una buena opción.

En relación con la participación política de las FARC creo que actuar con generosidad es conveniente, incluso removiendo la prohibición de la elegibilidad de sus integrantes para desempeñar cargos de elección popular. Las curules ya negociadas en el Congreso tienen plena justificación. Si hemos negociado con las FARC es porque les hemos reconocido motivaciones legítimas de orden político. Abrirles los espacios de la democracia es bueno para ellas y para quienes dejaríamos de ser sus enemigos para convertirnos en sus adversarios.

Es comprensible el anhelo de seguridad jurídica de las FARC. Sus líderes tienen presente que amnistías generales decretadas años atrás, por ejemplo, en Argentina y El Salvador, fueron revertidas por determinación judicial. Hay que ser sensibles a esas preocupaciones, pero no al extremo de aceptar la insólita inserción de los acuerdos en la Carta Política que se convino en Cuba. Además, la fuerza de un acuerdo renovado, que cuente con amplio respaldo nacional, constituye una garantía mucho más eficaz que la manipulación de la Constitución.

* Analista Económico. Exministro de Comercio, Industria y Turismo.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.