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Opinión

  • | 2016/09/29 12:21

    ¡Milagro, milagro!

    La conversión del acuerdo con las FARC para finalizar el conflicto, en un acuerdo internacional humanitario, es un acto de poderosa alquimia.

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Muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, el Coronel Aureliano Buendía, bisnieto de aquel mítico combatiente de nuestras guerras civiles del siglo XIX, se preguntaría cómo una guerrilla disminuida en su accionar militar, carente de respaldo político y sumida en el desprestigio fuera de nuestras fronteras, pudo lograr, luego de cuatro años de brillantes negociaciones, pactar la “refundación de la patria”. Por fortuna, ese éxito es provisional y no dependerá del resultado de los comicios. Será función de las decisiones que tomen el Congreso y la Corte Constitucional. El plebiscito, como de manera gráfica aunque exagerada se ha dicho, no pasa de ser una encuesta de opinión.

Hagamos un poco de memoria. En el Acuerdo de la Habana se estipuló que el mecanismo de refrendación del eventual acuerdo sería establecido entre las partes. Como los mecanismos de participación popular se encuentran contenidos, como diría Hugo Chávez, en la “moribunda” constitución que nos rige, de entrada implícitamente quedó admitida la posibilidad de que ese mecanismo refrendatario fuera extra constitucional. Con este antecedente, las FARC manifestaron que el Derecho de Colombia, por ser derecho del enemigo, no obliga; y que la ratificación de los acuerdos tendría que ocurrir por la vía de una asamblea constitucional, abierta en su temario. Los representantes farianos serían designados por la comandancia guerrillera; los del “establecimiento” usando los mecanismos de la “democracia burguesa”, o sea mediante el sufragio popular.

La primera escaramuza para confirmar que las normas e instituciones de Colombia no serían el eje de los futuros pactos, se materializó con el rechazo del denominado, “marco jurídico para la paz” contenida en un acto reformatorio de la Carta Política. Allí se disponía que “los instrumentos de justicia transicional sera´n excepcionales y tendra´n como finalidad prevalente facilitar la terminacio´n del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garanti´as de no repeticio´n y de seguridad para todos los colombianos; y garantizara´n en el mayor nivel posible, los derechos de las vi´ctimas a la verdad, la justicia y la reparacio´n”.

Todos estos loables objetivos tendrían que ser desarrollados mediante una ley estatutaria que jamás fue presentada al Congreso. Hoy ya sabemos la razón de esa aparente negligencia: el veto de las FARC. Por eso terminamos en el pacto para crear la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, la cual, como se sabe, ha sido concebida al margen del Derecho de la República. Se aspira a que el congreso se limite a acogerlo, y que la corte concluya que nada de lo que allí se dispone altera los principios que ella siempre ha considerado intangibles, y, por ende, inmodificables salvo por el constituyente primario. Habrá que ver si tamaña pretensión prospera.

Encajada esta derrota, el Gobierno optó por proponer la modificación de la ley que impedía someter referendos reformatorios de la Constitución en las fechas previstas para otras elecciones. La idea era que el eventual acuerdo se plasmaría en un referendo constitucional que sería votado simultáneamente con la elección de autoridades locales que tuvo lugar el año pasado. Esta alternativa también fracaso.

Con patriótico entusiasmo, los nuestros cambiaron de estrategia y llevaron a consideración del congreso una iniciativa que implicaba abandonar la idea del referendo, el cual vendría a ser substituido por un plebiscito, o sea por una mera opinión del electorado sin alcances jurídicos. Ante este movimiento, las FARC se limitaron a reiterar su posición originaria: constituyente o nada.

Esa opción fue igualmente desechada y así llegamos a este año. La expedición de una ley de plebiscito ad hoc para convalidar el acuerdo con la guerrilla. Finalmente, las FARC accedieron pero a cambio de que el Acuerdo pasará a ser parte de la Constitución. Gran negocio: esa fórmula es aún mejor que la constituyente.

¿Cómo ocurrió este milagro? Mediante dos pasos audaces. El primero, considerar el pacto con la guerrilla como un pacto de humanización de la guerra conforme el Derecho Internacional Humanitario; el segundo, disponer que por ese motivo hará parte de la carta.

Aunque no es posible demorarse en los pormenores técnicos, basta señalar que una cosa es un pacto para humanizar la guerra y otra muy diferente estipular su terminación. Lo primero puede traducirse, por ejemplo, en que los contendientes se comprometan a respetar el suministro de agua y energía a la población civil, y otra, radicalmente distinta, acordar la rehabilitación de las redes al finalizar el conflicto. Es que uno es el derecho de la guerra y otro el de la paz. O si me permiten una metáfora: algo va de la ortopedia a la fisioterapia.

Si uno niega la validez del salto de garrocha conceptual que nos proponen las FARC y el Gobierno, entonces el ingreso automático de los acuerdos de La Habana a la Carta Política resulta lógicamente inadmisible. Supongamos, sin embargo, que me equivoco. En tal caso, el precedente resulta gravísimo. Nada impediría que el vencedor de una contienda electoral futura (“castrochavista” o de derecha), le pida al Parlamento que, habida cuenta del carácter humanista y humanitario de su programa, dicte una ley para integrarlo a la Constitución. Les tengo la prueba de que este disparate es posible: el Corán hace parte de la Constitución de Arabia Saudita.

Ante tan ostensible incertidumbre, nos toca exclamar, como lo hacía el Chapulín Colorado: ¿ahora quién podrá defendernos? Lo que está el juego es nada menos que la vigencia del Estado de Derecho, esencia de la democracia.

P. S. Todos debemos votar este domingo. Unos bajo el convencimiento de que el acuerdo con las FARC es, de veras, el fin de una guerra de más de cincuenta años. Otros porque consideran que el conflicto armado con esa guerrilla no puede calificarse como tal, o que si lo fuere ya concluyó, o, por último, que los costos institucionales que tendríamos que pagar son excesivos. Pero en cualquier caso hay que comparecer a las urnas: se construye democracia participando, no quedándose en casa.

* Analista Económico. Exministro de Comercio, Industria y Turismo.

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