Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/10/13 14:58

Política y culinaria

La calidad del plato depende del cocinero, los ingredientes y, así tengamos mucho apetito, de los tiempos de cocción. En la política pasa lo mismo.

Jorge Humberto Botero. Foto: Semana.com

Vale la pena advertirlo ahora que las manifestaciones espontáneas, o no tanto, de la sociedad civil y de líderes políticos de diversas tendencias reclaman un pronto acuerdo. Lo hacen con motivos válidos. Más allá de la obviedad (y utopía) de que la paz es un bien supremo que debemos perseguir sin descanso, no hay duda de que siempre hay riesgos de que un acto de provocación, un accidente, una interpretación errónea o -peor aún- un crimen, le hagan daño a la tregua que, hasta ahora, ha funcionado de manera óptima. Por ello es prioritario que se mantenga la intervención de Naciones Unidas, y afortunado que ya se estén realizando las gestiones necesarias para lograrla.

Indispensable también que se establezca un mecanismo financiero para que con recursos del Estado se pueda proveer a las necesidades básicas de los guerrilleros que, de haber triunfado el Sí, estarían concentrados en las zonas acordadas y, por lo tanto, esos gastos habrían sido ya asumidos por el presupuesto nacional.

Sin embargo, la tregua, la desmovilización a medias y provisional, y el apoyo presupuestal son insostenibles a término indefinido. Gobierno y oposición lo saben, así todavía estemos en la fase de los discursos y de la reiteración de las posiciones originales de uno y otro. Es una dinámica normal. Antes de sentarse a conversar las partes suelen maximizar sus aspiraciones. Confiemos en que pronto se dé por agotada esta fase y se proceda a estructurar una negociación formal en pos de la cual se adelantan conversaciones preliminares.

En realidad, me parece, no son una sino dos negociaciones. La primera es la de los estamentos políticos que se movilizaron en torno al plebiscito para tratar de acordar una postura común. Si ese consenso llegare a producirse, lo que es difícil pero no imposible, habría que discutirlo y negociarlo con las FARC.

Bajo este esquema no son los partidarios del No quienes viajarían a La Habana, con el acompañamiento pasivo del Gobierno, a decirle a la guerrilla cuáles son sus aspiraciones. Ese modo de proceder conduciría al fracaso; un establecimiento político desunido carece de fuerza para negociar. Para las FARC sería evidente la fragilidad de un acuerdo renovado con solo uno de los bandos en los que el país está fracturado. Sin blindaje político, el jurídico que obtuvieron en la anterior ronda de conversaciones de poco sirve. (Nadie vaticina, además, que pueda recuperarse).

Si este prospecto de negociaciones bilaterales sucesivas, aunque con vasos comunicantes, es el que funciona, hay que resolver un problema urgente. Las reglas de juego, no para la mesa de La Habana, que las tiene adecuadas, sino para las de los políticos en Bogotá. Parece una trivialidad, pero no lo es: antes de abordar las cuestiones de fondo, es indispensable definir cómo se adelantarán las negociaciones. Que sepamos, esas reglas no se han formalizado.

La primera de ellas consiste en establecer reglas de sigilo y comunicación. Suena bien pero no es factible “negociar de cara al país”. Esa transparencia es encomiable para fijar posiciones, pero no para confrontarlas con quien las tiene opuestas y que -cómo no- también pretende sacar adelante sus aspiraciones. Añade a la complejidad de la negociación que sus protagonistas sean, como lo advirtió Pastrana, candidatos presidenciales para el 2018.

Si los micrófonos están encendidos, nadie que tenga un patrimonio político que cuidar o construir se atreverá a realizar concesión alguna, así sea exploratoria, tentativa o condicional (a cambio de algo), a la contraparte. Hay que negociar, pues, bajo una norma rigurosa de confidencialidad complementada con comunicados conjuntos para que la ciudadanía tenga información objetiva y oportuna. Superado este asunto, seguramente se definirán otros que no son complicados: sede, periodicidad de las reuniones, elaboración de actas, etc.

Puedo imaginar que algunos de ustedes piensan que toda esta “parafernalia” va precisamente en contra de la celeridad que se requiere. La verdad, no. Emergen de la contienda electoral diferencias profundas de concepción que no se resuelven mediante ajustes marginales al texto que es extenso y complejo. “Vísteme despacio que estoy de afán”, reza un adagio certero.

Para avanzar es indispensable un clima de confianza que, en la actualidad, es precario. El Gobierno tiene el temor de que los sectores que respaldaron el No jueguen a dilatar el proceso en función de sus intereses electorales. Que hayan presentado con prontitud sus objeciones y propuestas ayuda a disipar esa idea. La contribución del equipo gubernamental a ese clima consistiría en declarar que no respalda la propuesta de reabrir las votaciones en la Costa Caribe y, en general, que no tiene la intención de buscar un nuevo plebiscito al margen del acuerdo nacional que se requiere en atención a los resultados del 2 de octubre: si medio país intenta imponerse sobre el otro, ese conato no conduce a una “paz estable y duradera”.

La guerrilla, que ha dado muestras de querer abandonar el estéril ejercicio de las armas e ingresar a la vida civil bajo condiciones que en cualquier caso deben ser generosas, deberá entender que las circunstancias políticas cambiaron de manera radical e inexorable. La comunidad internacional, a la que desde el principio del proceso se le dio un espacio importante, también puede mediar entre las fuerzas políticas para catalizar un consenso entre ellas, y, luego, para facilitar el diálogo con las FARC.

Al recorrer este nuevo camino, Santos tendrá claro que es mejor ser coautor de la paz que el líder que la persiguió con empeño pero que no pudo alcanzarla. Uribe, por su parte, será consciente de que sin su respaldo el fin del conflicto con las FARC carece de factibilidad. Y que finalizarlo para él también sería un éxito.

* Analista Económico. Exministro de Comercio, Industria y Turismo.

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