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Opinión

  • | 2016/08/05 09:20

    Pro et Contra

    Aunque difíciles cuestiones se hallan pendientes, la negociación debe concluir pronto; se abrirá entonces el espacio de los ciudadanos.

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En el Acuerdo sobre fin del conflicto se estipula que las 23 zonas veredales de concentración y los ocho campamentos tendrán una duración de 180 días a partir de la firma del acuerdo final. ¿Qué sucederá inmediatamente después? No se sabe.

En efecto: está acordado que se decretará “una amnistía lo más amplia posible” para quienes solo sean responsables de delitos políticos; pero ella tendrá que concederse en virtud de una ley y definirse, caso por caso, por la llamada “Jurisdicción Especial de Paz, JEP”. Quienes no califiquen para este beneficio, tendrán que responder ante el Tribunal Especial de Paz.

Estas instituciones no existen hoy; ponerlas en condiciones de funcionar puede tomar más de un año, si es que ellas soportan el examen de la Corte Constitucional. Algo, pues, tendrá que estipularse para solucionar este limbo jurídico posterior al día D+180. Una materia tan delicada no puede dejarse en la incertidumbre.

Para complicar las cosas, ya se sabe que las FARC, antes de firmar, realizaran su propia refrendación de los acuerdos, ejercicio que, por breve que sea, consumirá tiempo valioso; y, según me informan fuentes habaneras, la guerrilla ha planteado el tema de las pensiones de jubilación de sus integrantes, aspiración lógica si se les acepta como nobles combatientes contra un Estado ilegítimo y opresor.

Estas dificultades y dilaciones colocan al Gobierno en una difícil encrucijada: quiere que el plebiscito se vote antes de que se presente la reforma tributaria anunciada, la cual, siendo indispensable, será impopular. Este debe ser el motivo para que el Presidente Santos, angustiado por la estrechez de los tiempos, haya abierto la posibilidad de que vayamos a las urnas antes de que se firmen todos los acuerdos. No creo, en principio, posible esta opción desde la óptica jurídica, ni compatible con los compromisos asumidos por el Gobierno con los ciudadanos. (Tomando distancia al respecto, el Expresidente Gaviria la ha calificado como una “teoría” de Santos).

Como estoy convencido de que las Farc, así traten de optimizar la negociación que con tanto brillo han adelantado, en el fondo están jugadas en pro del acuerdo, es razonable asumir que estos problemas se resolverán. Se abriría entonces a plenitud el ciclo que conduce al pronunciamiento de los ciudadanos.

En este contexto surge la cuestión de la “pedagogía”, que consiste, según la RAE, en la “ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza”. El pedagogo o maestro es un agente neutral; ni el Gobierno ni la oposición lo son. Como partes interesadas nos mostrarán, unos, visiones idílicas, y, otros, la inminencia de una catástrofe. Necesitamos, por lo tanto, que esa tarea la asuma vigorosamente la sociedad civil. He aquí una buena posibilidad para que los estamentos empresariales jueguen un papel valioso en una coyuntura de especial complejidad.

Otro tema importante, que a primera vista parece trivial, es la manera de preguntar en las urnas. Para evitar un debate maniqueo entre el Sí y el No, en Gran Bretaña se ofrecieron a los electores dos alternativas: permanecer en la Unión Europea o salir de ella. En nuestro caso, en vez de una única pregunta con dos casillas -Sí y No- podría haber dos, cada una con un único espacio para que el elector marque una equis para aprobar, en un caso, y rechazar, en el otro, el acuerdo entre el Gobierno y los alzados en armas. Proceder así ayudaría a modular la estigmatización de los opositores a los que desde la orilla gubernamental ya se califica como enemigos de la paz.

La idea de que los ciudadanos decidimos con fundamentos estrictamente racionales es falsa. En la dimensión política de la vida inciden también factores emocionales. Todo lo que tiene que ver con las historias de violencia que el país ha vivido acentúa esta dimensión. Durante la campaña que ya ha comenzado veremos muchas imágenes, idealizadas y bucólicas, para promover el fin de la “guerra”, o terribles y reales sobre los crímenes cometidos por las FARC (que no son, por cierto, los únicos responsables). Si a esta fuerte connotación sentimental se añade la dificultad, insuperable para muchos electores, de la comprensión cabal de los acuerdos, puede que terminemos, como los británicos, preguntándonos cómo fue que nos metimos en semejante berenjenal.

El bajo umbral de votación convalidado por la Corte (lo que constituye un grave precedente; plebiscitos y populismo suelen ir de la mano), le ayuda al Gobierno a ganar aún si la votación es baja. No obstante, no le resultará fácil movilizar al electorado por varios motivos: el país, sobre todo urbano, no se siente en “guerra”; los políticos profesionales, cuyas curules no están en juego, carecen de incentivos para mover sus bases, y la popularidad del Presidente, al menos en este momento, no es elevada. Además, la gente siente las asperezas del mediocre desempeño de la economía, la caída del empleo y el auge de la inflación, factores que no la inclinan hacia el Gobierno.

Para finalizar diré que celebro la decisión del Centro Democrático de participar en los comicios promoviendo el "No". Optar por la abstención habría significado desconocer a priori la legitimidad de los comicios, tal como lo hizo el Partido Liberal en 1949 ante una evidente falta de garantías que fue preludio de graves males para la Republica. Sin embargo, ello no significa necesariamente aceptar el resultado de la contienda. Tendrá que hacerlo, por elemental lealtad con las instituciones, si pierde bajo reglas igualitarias. Pero supongo que no lo hará si puede afirmar, con razones sólidas, que la competencia no ha sido limpia.

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