Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/06/16 14:08

Resistencia civil

El llamado a la “resistencia civil” contra una determinada política, sean cuales fueren los argumentos que se invoquen, no puede ser motivo de risa para los gobernantes.

Jorge H. Botero.

Cuando el presidente Uribe decidió denominar su estrategia contra las negociaciones que se adelantan en La Habana “Resistencia Civil”, eligió un nombre prestigioso en los anales de la democracia. Como no escribo para el mundo académico, puedo, sin sonrojo, citar a Wikipedia:

“El término resistencia civil, junto con el término "resistencia no-violenta", son utilizados para describir acciones políticas que se basan en el uso de métodos no-violentos por parte de grupos de civiles para desafiar a un poder, una fuerza, una política o un régimen en particular. La resistencia civil opera mediante el llamado y desafío al adversario, mediante la presión y la coerción no-violenta (presión psicológica y simbólica): involucrando acciones sistemáticas para debilitar las fuentes de poder del adversario para obligarle a negociar o retirarse del poder político”.  

Entre los casos célebres de resistencia civil vale la pena mencionar el dilatado esfuerzo de Gandhi para obligar a la Gran Bretaña a reconocer, en 1949, la independencia de La India, la cual se logró sin que, al menos con su patrocinio, se cometiera acto alguno de violencia contra las autoridades coloniales. La lucha de Martin Luther King en pro de la defensa de los derechos civiles de la población negra en los Estados Unidos en los años sesenta de la pasada centuria; su pacifismo riguroso y la nobleza de sus ideales le permitieron lograr sus objetivos por medios legales. Desde la cárcel y con un mensaje de oposición sistemática a la violencia, Nelson Mandela forzó a las mayorías blancas a negociar el fin del régimen del Apartheid.

El Centro Democrático ha dicho con claridad que no se opone a La Paz sino a aspectos concretos de las negociaciones que se adelantan en La Habana, tales como el tratamiento punitivo de los líderes  de la guerrilla; su ausencia de compromiso en la provisión de recursos que permitan indemnizar a sus víctimas; las propuestas sobre amnistías e indultos; la sustitución,  en ciertos casos, de penas privativas de la libertad  por otras que implican meras restricciones; la reducción del umbral de participación para el Plebiscito refrendatario al 13% del censo electoral; y, para abreviar, la estrategia encaminada a que, sean cuales fueren los pactos con la subversión, se inserten automáticamente en la Constitución. Comparto algunas de estas preocupaciones, no todas.

La “resistencia civil” contra estos objetivos del Gobierno se ha materializado en un proceso de recolección de firmas que se harían llegar a la Corte Constitucional para que esta, al decidir en última instancia sobre los acuerdos y las medidas que ha tomado el Congreso, tenga en cuenta sus argumentos.  Desde esta óptica, no puede caber duda del carácter cívico y republicano de las acciones adoptadas por la oposición. Y por ello resultan inadmisibles los reproches que el presidente Uribe y sus seguidores han recibido. Pueden no tener razón, pero como actúan en el foro democrático aportando razones, merecen respeto.

Leo, de otro lado, en la prensa que el paro promovido por la llamada “Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular” ha bloqueado vías neurálgicas generando serios problemas de movilidad, suministro de alimentos y problemas de salud. Según la Defensoría del Pueblo, se han causado perjuicios a más de 3,6 millones de habitantes. Estos festivales de piedra y palo son contrarios a la ley. No me crean a mí; créanle al Código Penal el cual define como delito obstaculizar “por medios ilícitos” las vías o la infraestructura de transporte.  No puede ser lícito causar daños a terceros en defensa de los intereses propios.

Y si ello es así, la conclusión ineludible es que esas actuaciones no son democráticas por la obvia razón de que en un Estado de Derecho, los derechos se ejercen de acuerdo con las normas y no contra ellas. A juzgar por los precedentes, los autores de estos delitos no serán procesados por la justicia...

También es importante recordar que negociamos con actores armados al margen de la ley; es su capacidad de daño e intimidación, no la justicia intrínseca de su causa, la razón que justifica las concesiones que varios gobiernos nuestros realizaron y la administración Santos está dispuesta a acometer en magnitudes hasta ahora desconocidas.  Admitamos que la negociación es necesaria pero, en su origen, no es democrática: no nace del respaldo popular sino de los fusiles, minas anti personas y atentados a los servidores públicos, a los ciudadanos y a la infraestructura que todos usamos.

Exponer esos contrastes me parece conveniente para colocar en contexto una reciente afirmación del presidente Santos: “Yo me río cuando algunos se van por ahí´ tratando de recoger unas firmas para que las FARC continúen, para que la guerra continúe, para que las víctimas continúen”.  Aún si fuere verdad que esos “algunos” lo que buscan es que la guerrilla siga haciendo daño, sus actuaciones no pueden suscitar risa. Una limpia actuación democrática no puede causar hilaridad.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.