Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/10/27 10:52

“Vísteme despacio...

... que estoy de afán". O, de otra manera, “que el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su concurso”.

Jorge Humberto Botero. Foto: Semana.com

Imaginemos un escenario remoto pero catastrófico. A pesar del rechazo que medio país ha expresado en las urnas contra el acuerdo firmado con las FARC, el Gobierno decide eludir un entendimiento que es difícil, aunque posible, con los sectores de oposición, y decide, luego de las clarificaciones y ajustes menores que acuerde con la guerrilla, jugarse por un nuevo plebiscito; o por impulsar en el Congreso unos acuerdos, que, en esencia, serían los mismos, todo lo cual requiere mucha audacia política y dosis elevadas de heterodoxia constitucional.

En esta hipótesis, el costo de integrar la guerrilla al sistema político consistiría en una división profunda de la sociedad colombiana con nocivos efectos para la concordia nacional en los años por venir. Además, si se optare por el plebiscito, se causaría un daño institucional de singular gravedad por la vía de incorporar “en bloque” a la Constitución los acuerdos de La Habana, y de diluir la democracia representativa, de la que hacemos parte todos los ciudadanos, en el Gobierno compartido con las “comunidades” en zonas rurales.

Haciendo eco a quienes proponen soluciones radicales, un destacado columnista de “cuyo nombre no quiero acordarme”, ha escrito recientemente que “el Gobierno, individualmente o de acuerdo con las FARC, debe considerar opciones distintas al consenso para seguir adelante sin contar con Uribe y sus colaboradores”. O sea que para doblegar a quienes actúan dentro de la legalidad, considera encomiable hacer causa común con los alzados en armas. Fórmulas como esta ahondan la crispación que padece el país.

El Primer Mandatario en reciente discurso televisado dijo: “El consejero mayor de las autoridades indígenas me dijo: ‘Presidente, usted recibió un mandato ciudadano en las elecciones presidenciales para hacer la paz. Por eso votamos por usted. Ahora con el Nobel tiene también un mandato claro y contundente de toda la comunidad internacional. ¡Cúmplalo!. Colombianos, ¡lo voy a cumplir!”.

Al respecto caben tres observaciones. Luego del pronunciamiento ciudadano, que un líder indígena apoye al presidente en su estrategia de paz, vale tanto como si, digamos, un vocero de los artesanos expresara una opinión contraria. Es legítimo decir que el presidente recibió en las elecciones de 2014 un mandato para negociar la paz, pero no puede olvidarse que el pueblo, hace pocas semanas, le notificó que la firmada con las FARC no es la que los colombianos quieren. Y, por último, que la comunidad internacional no puede darle mandato alguno a nuestro presidente; se lo damos nosotros los ciudadanos y nadie más. No somos una “banana republic”.

Por fortuna, abundan las expresiones conciliatorias, empezando por las de algunos, no todos, los dirigentes de las FARC. “A las malas no” pide Maria Jimena Dussán, una acatada columnista; y un jurista de reconocida jerárquica moral –el profesor Uprimny- reclama que no se acuda a intrépidos expedientes jurídicos para soslayar el veredicto popular.

Para disipar las tentaciones (y esperanzas) que algunos radicales cercanos al Palacio de Nariño tienen, es preciso señalar que, si la corte resolviera declarar sin efecto la convocatoria al plebiscito, ello tendría que suceder “por vicios de procedimiento en su formación”; es decir, por fallas imputables al Gobierno. Resultaría inaceptable que ante ese hipotético fallo se nos dijera que, como el plebiscito fue invalidado, se volverá a realizar. La propia culpa, dice un principio jurídico, no puede ser fuente de beneficios para quien la comete. Esta argucia, además, implicaría negar un hecho político fundamental: los colombianos fuimos a las urnas y tomamos decisiones. Por fortuna, el propio presidente, en su discurso en la Corporación Excelencia en la Justicia, ha descartado jugar a que el plebiscito se caiga en las instancias judiciales.

Aunque considero que una nueva votación no sería, al menos por ahora, una buena alternativa, podríamos realizarla para convalidar un acuerdo renovado, pero no nos pueden presentar otra vez “la misma perra con distinta guasca”, como solía decir Jorge Eliecer Gaitán. Ayuda, pero no basta para construirlo, lo que las FARC y el Gobierno elaboren como fruto de sus actuales conversaciones. Pero después del plebiscito es claro que las partes en la negociación no son, exclusivamente, las que por años negociaron en La Habana. En esta segunda ronda, que, ojalá, transcurra pronto, hay nuevos comensales; el menú requiere, además, consenso.

Los partidarios del No han presentado propuestas que merecen, todas, adecuada respuesta, así haya algunas que, con buen criterio, se consideren carentes de factibilidad. Entre ellas caben varias que son, en realidad, líneas rojas, mientras que otras pueden resolverse mediante una negociación que todavía no ha tenido lugar. La entrega de los documentos que contienen propuestas es, apenas, el punto de arranque del proceso.

También sectores del Sí, tales como los partidos de la izquierda democrática, consideran necesaria la reapertura de los acuerdos para modular los excesivos beneficios concedidos a las FARC a fin de que ingresen, como le conviene al país, a la política inerme sin colocar en injusta desventaja a quienes han realizado un ejercicio democrático encomiable desde años atrás. Desde la sociedad civil, la corporación Excelencia en la Justicia ha formulado juiciosos reparos a la Justicia Transicional. Sus preocupaciones son semejantes a las que han expresado el fiscal general y la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Dicho esto, hay que advertir que, para bien de las instituciones, el llamado “FARC Track”, que implicaba exorbitantes privilegios legislativos para el presidente, trámites congresionales acelerados y graves restricciones de los poderes que corresponden a la Corte Constitucional, no son aplicables. Dependen de una refrendación ciudadana que, así algunos quieran ignorarlo, no tuvo ocurrencia.

Se requiere, pues, una negociación distinta a la de La Habana, aunque deba partir del texto que allí fue acordado. De la misma manera en que la comunidad internacional ha sido útil en la primera fase del proceso, en esta segunda y definitiva su mediación puede ser valiosa. Fuentes fidedignas me informan que el presidente Santos comprende que esta debe ser la dinámica y que los primeros contactos, que solo fructifican cuando son confidenciales, están por comenzar. ¡Qué bueno fuera!

* Analista Económico. Exministro de Comercio, Industria y Turismo.

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