Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2015/08/15 10:02

‘Contratitis’

En Colombia ser consultor del Estado se ha vuelto un negocio tan rentable como para dedicarse única y exclusivamente a ello.

José Manuel Acevedo M.

Una pregunta enmarca este debate: ¿puede el Estado arreglárselas sólo frente a todas sus necesidades o requiere de vez en cuando asesores y contratistas externos que le echen una mano?

Varias respuestas pueden surgir para dicho interrogante: la más simple y tentadora de todas es que, en efecto, uno de los Estados más prolíficos en burocracia del mundo como lo es el colombiano debería poder dar abasto con sus trabajadores de planta frente a casi todos los problemas que enfrenta. 18.000 nuevos cargos se crearon en la rama ejecutiva en los últimos años, la Fiscalía por sí sola cuenta con un presupuesto equivalente al del resto de la rama judicial y en entidades como la procuraduría laboran cerca de 4,000 funcionarios. Por eso un ciudadano, con razón, podría pensar que con semejantes ejércitos lidiando con todos los chicharrones, basta y sobra.

Sin embargo, hay momentos en que una mirada externa se necesita, en que la plata no alcanza para tener trabajando de tiempo completo a un experto especializado en un tema de ocasión o en que se evidencia una carencia dentro de los equipos de trabajo de planta que debe ser suplida con un consultor que cumpla una misión específica por un tiempo determinado, ofreciendo unos resultados específicos. Todos los gobiernos del mundo llaman entonces a los mejores particulares para que les brinden esa asesoría que buscan. El problema es que al parecer sólo en Colombia ser consultor del Estado se ha vuelto un negocio tan rentable como para dedicarse única y exclusivamente a ello.

Así, en nuestro país ser contratista o consultor de entidades gubernamentales es una actividad regular mediante la cual algunos avivatos están exprimiendo los presupuestos de las entidades públicas y algunos funcionarios están pagando impunemente sus favores políticos.

Y es que mientras la CAF le paga a uno de sus mejores asesores externos una suma promedio de 4.000 dólares por mes en proyectos que generalmente no superan los seis meses o el Banco Mundial le paga el doble (8.000 dólares por mes) a sus consultores de cabecera, en nuestro país un ‘reputado analista’ puede llegar a pedirle a una entidad como el ministerio del interior, 12 millones de pesos nada más por dirigir un foro de una mañana o un municipio puede desembolsillar 1.400 millones por llevar a un grupo de ‘expertos’ a hablar de paz.

Peor aún es el caso de instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores que suscribe contratos con particulares cuyo objeto es dizque “formular lineamientos para las relaciones con los países asiáticos”, teniendo una dirección técnica únicamente dedicada a Asia. O la Fiscalía que ha desplazado su deber de generar contextos de investigación a particulares que con precios anticompetitivos le envían un nefasto mensaje a los empleados de planta que trabajan de sol a sol: si quieren hacer plata es mejor que dejen sus miserables empleos y se vayan al sector privado a asesorar desde afuera al señor Fiscal General de la Nación.

Aunque algunas instituciones cuentan con una tabla de tarifas para este tipo de servicios, los jefes de cada entidad generalmente se las vuelan en favor de sus amigotes contratistas. Si bien el programa presidencial ‘Colombia Compra Eficiente’ ha logrado resultados interesantes en algunas contrataciones, este tipo de asuntos se le han escapado y no existen por ahora reglas claras para saber cuándo es de verdad necesario un asesor externo y qué tanto puede cobrarle a una institución sin que sea considerado un asalto a mano armada.

La ‘contratitis’ –llamada así cuando es innecesaria y encima de todo demasiado costosa–  es un fenómeno perverso y recurrente que además empeora cuando no existe transparencia respecto de los resultados de todas esas asesorías que se mantienen ocultos en la mayoría de los casos. Nadie nos ha contado, por ejemplo, qué se ha logrado en concreto con todos esos contratos para ‘promover la paz’ y la fiscalía sigue sin levantar la reserva sobre los contratos de la exanalista y excolumnista Natalia Springer a pesar de que ella misma ha pedido que se revelen los resultados de su trabajo para claridad de todos.

Llegó la hora de ponerle coto a una de las formas de desangre a las finanzas públicas más sofisticadas, silenciosas y de moda en nuestros días: la ‘contratitis’. ¡Sinceremos el debate!          
 
Twitter: @JoseMAcevedo

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