De La Habana al Capitolio

En medio de una acalorada discusión entre los líderes de la Unidad Nacional, el presidente Santos, su Ministro del Interior y uno que otro conservador tránsfuga, se construyó el esqueleto del acto legislativo para la paz que el gobierno presentará al Congreso en el próximo mes de septiembre. Tres fueron las conclusiones centrales: la reforma constitucional deberá contener la creación de un tribunal especial que juzgue a las FARC, se entregarán facultades especiales al Presidente para que reglamente ciertos temas cruciales y tomará vida el esperpento del ‘congresito’ o “comisión legislativa especial” como ahora lo llaman para despistar.

Ya el Presidente comenzó a ambientar la propuesta del tribunal especial que podría tener una composición mixta: estaría integrado por jueces nacionales y extranjeros que sean supuesta prenda de imparcialidad. ¿Quiénes los escogerán y cómo?, es una pregunta que todavía ronda en el ambiente pero que comienza a preocupar. Nadie entendería, por ejemplo, que los reos pudieran seleccionar a sus propios jueces o que para ser magistrado de ese tribunal sea condición imprescindible haber militado en la izquierda en cualquier parte del mundo.

Si bien la historia nos muestra que varios conflictos han terminado con tribunales pro tempore dedicados exclusivamente a administrar justicia frente a un grupo determinado, el gobierno deberá ser muy cuidadoso con que ese órgano especial no quede reducido a una farsa, sino que se investigue, se acuse, se juzgue y se impongan penas efectivas, aunque sean reducidas y no incluyan cárcel con barrotes, pero que satisfagan plenamente el concepto de verdad y reparación a las víctimas.

Por otro lado, en cuanto tiene que ver con las facultades especiales que el Congreso le concedería al primer mandatario para reglamentar ciertos aspectos relacionados con los puntos agrarios y de participación en política de las FARC, la redacción del acto legislativo tiene que ser clara y limitada porque las leyes habilitantes, al estilo de Maduro en Venezuela, huelen siempre muy feo y las tentaciones antidemocráticas suelen aparecer en estos momentos de efervescencia y calor. ¿Le darán facultades a Santos para organizar y aprobar de manera exprés las famosas zonas de reserva campesina? ¿En dónde serán y hasta dónde se pueden convertir en nuevas y peligrosas republiquetas?, vuelven a ser preguntas que inquietan frente a este punto.

Finalmente queda el asunto de la comisión especial legislativa. Los asistentes a la reunión en Palacio la semana pasada le dejaron claro a Santos que no puede tratarse de un órgano autónomo que funcione paralelamente o en desconocimiento del Congreso actual. Suena a que el gobierno quiere desmontar a las FARC de su idea de constituyente y para darles contentillo se inventan la dichosa comisión en la que tendrían asiento miembros de la guerrilla. Las decisiones de este exótico grupo tendrían que ser refrendadas en todo caso por el Congreso en pleno e incluso se ha hablado de que tengan control constitucional por parte de la Corte. La idea sigue sonando bastante enredada y como se preguntaba el exministro Alfonso Gómez Méndez en reciente columna, nadie nos ha contado cuál es la razón de fondo para desconocer al congreso actual; ¿por qué sirve para unas cosas y para otras no?

En conclusión, preocupa más lo que salga del Capitolio que lo que llegue de La Habana, con un gobierno apurado y una ‘Unidad’ Nacional vuelta pedazos y en plena garrotera como mostró la reunión de la que salieron todas estas ideas.

En pocas semanas habrá un borrador más sólido del acto legislativo que desarrollará los acuerdos con las FARC. Y a todas estas, ¿cuándo y cómo es que los colombianos podremos pronunciarnos sobre los acuerdos de paz?

Twitter: @JoseMAcevedo