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Opinión

  • | 2017/02/03 14:30

    ¿Uribistas a la justicia transicional?

    Que gente de derecha tenga beneficios jurídicos a la par de los violentos de izquierda les servirá a los arquitectos de este modelo para demostrar que la paz completa sí es posible

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Desde el año pasado la Escuela de Caballería en Bogotá se ha convertido en escenario de trascendentales encuentros. Los medios de comunicación reportaron a comienzos del 2016 las visitas de los asesores de las FARC Álvaro Leyva y Enrique Santiago a los militares que se encuentran presos allí y a los exfuncionarios uribistas que cumplen su condena por el sonado caso de la Yidispolítica.

Sin embargo, aparte de unas interesantes jornadas de diálogo franco entre contrarios, las charlas no han provocado ningún efecto práctico. Hasta ahora.

Tengo la impresión de que las cosas se pueden mover y creo, además, que si el acuerdo es tan comprehensivo como nos lo vendieron y si la dichosa Jurisdicción Especial para la paz (JEP) se aplicará por igual para los actores del conflicto de izquierda y de derecha, el tan anhelado propósito de una justicia transicional para todos del que hablaba el expresidente César Gaviria se puede comenzar a materializar pronto.

Y es que si la negociación con la guerrilla es irreversible, si su marcha hacia las zonas de concentración y posterior desarme es un hecho y si se concederán inevitablemente amnistías a las bases y sanciones alternativas (¡y generosas!) a los máximos responsables de las FARC, ¿por qué no hacerlo también con algunos exfuncionarios –no combatientes– cuyas conductas tienen relación con el conflicto?

Pongámosle nombres y apellidos a esta discusión: les estoy hablando, nada menos, que de incluir en la JEP a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio y al exsecretario general Alberto Velázquez, condenados por cohecho en el trámite de la reelección presidencial en el Congreso.

¿Y qué tienen que ver con el conflicto armado estos personajes y por qué digo que sus condenas deberían ser objeto de estudio de la JEP?

Primero, porque el cambio de la Constitución para permitir la reelección se enmarcó en un contexto obvio de conflicto. No se trataba de aprobar la reelección en abstracto, sino la de Álvaro Uribe Vélez, en particular. Lo que había que reelegir era su estrategia de guerra; su seguridad democrática, fundamentalmente enfocada en derrotar por la vía militar a la guerrilla. Así pues, el cambio de reglas de juego tuvo una incidencia directa en el conflicto interno colombiano y las conductas de los exministros son, en ese sentido, un conjunto de acciones desplegadas por agentes estatales en relación con el estado de guerra en el que nos encontrábamos.

Pero segundo, porque en los términos del acuerdo parece perfectamente viable que estos funcionarios se sometan a la nueva jurisdicción y pidan la renuncia a la persecución penal, aportando verdad. No en vano el acuerdo habla de la posibilidad de que agentes estatales, combatientes o no, que de manera directa “o indirecta” hayan participado en el conflicto, se puedan someter a la JEP.

Que Palacio, Pretelt y Velásquez se presenten ante la JEP les sirve a ellos, por supuesto, porque pueden terminar recibiendo los beneficios previstos, pero le sirve, sobre todo, al sistema de justicia transicional que está próximo a tener legalidad pero que carece todavía de legitimidad y que genera más dudas y temores que respetabilidad y confianza.

El hecho de que gente de derecha tenga beneficios jurídicos a la par de los violentos de izquierda les servirá a los arquitectos de este modelo para demostrar que no hay un sistema fundado en la venganza, que todos tienen cabida y que la “paz completa” con todos los sectores sí es posible.

¿Estoy delirando, hilando muy delgado o estirando la JEP para que todo quepa? No lo creo. De hecho, pienso que más pronto que tarde veremos que la coincidencia en este punto entre algunos uribistas y los abogados de las FARC es plena. Estoy seguro de que a los exministros les interesa someterse a la JEP y que van a terminar haciéndolo pronto y sé también que personajes como Enrique Santiago, al otro lado de la ecuación, vería esta posibilidad con buenos ojos.

Como este debate no es sólo jurídico sino, sobre todo, político, habrá que ver si quienes proclaman que la JEP es para todos aceptan esta fórmula o si, por el contrario, piden severidad para unos y generosidad para otros. Se viene pues una prueba ácida para la construcción de una paz política todavía posible.

Twitter @JoseMAcevedo

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