¿En qué paró el Parlamento Andino?

Hace un año y tres meses, los colombianos les dimos una lección a los partidos políticos que hambrientos de burocracia postularon candidatos al criticado Parlamento Andino. Fue la primera vez que en una elección de carácter nacional se impuso el voto en blanco por una amplia mayoría. El mensaje fue claro: no creemos que la integración regional pase por políticos cuyas decisiones carecen de verdadero poder vinculante con corbatas inútiles que nos cuestan un buen dinero que pudiera ser invertido en causas mejores.

Tanto el gobierno nacional como algunos sectores del congreso se sintonizaron con los movimientos de opinión que pedían el fin del parlamento andino, aprobaron una ley para evitar que los comicios tuvieran que repetirse si ganaba el voto en blanco y en el caso de la canciller colombiana, nos consta que en ese momento llevó la voz cantante en la CAN para pedir la supresión de este innecesario órgano.

Según las cuentas del ministerio de hacienda, el país se ha ahorrado en el último año 2 mil 400 millones de pesos que se iban al bolsillo de cinco señores que ganaban tanto como un congresista de la República con muchas menos responsabilidades. Nos dijeron, y así se ha hecho, que mientras el Parlamento Andino llegaba a su fin, un grupo de senadores y representantes en ejercicio irían a las sesiones sin que nos costara un solo peso de más. Sin embargo, el elefante blanco sigue vivo y su mantenimiento es asumido enteramente por Colombia de acuerdo con un viejo y chimbo negocio que asumimos ante los otros países de la CAN desde hace unas décadas.

Mejor dicho, tenemos parlamento aunque no tengamos parlamentarios elegidos por voto directo y nos gastamos la bicoca de 3 mil 600 millones de pesos anuales en una sede que funciona en la Avenida Caracas con calle 70 en Bogotá y en una revista que circula todos los meses entre colegas periodistas que la desechan sin abrirla en la mayoría de los casos. El último artículo de portada, por ejemplo, se titulaba: la OEA y el Parlamento Andino firman un memorando de entendimiento. Cuando la leí pensé de inmediato que era obvio que esas dos instituciones se entendieran. Finalmente ambas tienen en común que no sirven para nada en estos tiempos pero la revista se imprime y se distribuye y la cuenta la pagamos los colombianos.

Aunque nuestro ministerio de relaciones exteriores se montó en la ola de la indignación por los costos del inútil parlamento andino hace un año y en julio de 2014 presentó una hoja de ruta para dar por terminado el “acuerdo sede” que nos obliga a pagar el funcionamiento de la oficina central del dichoso parlamento,  tal parece que la cuerda se le acabó a la cancillería en esa pelea. Tres meses después, en octubre de 2014, los países de la CAN se comprometieron a revisar el acta de terminación del parlamento que propuso Colombia pero han pasado más de 8 meses y los colombianos seguimos poniendo la plata para esa inoficiosa oficina.

Tal vez hay que darle un nuevo empujón a nuestra Canciller o al menos a la viceministra de relaciones exteriores mientras doña María Ángela está en Cuba para ver si le recuerdan, entre otras cosas, a la presidencia pro tempore en cabeza de los bolivianos para el periodo 2014-2015 que uno de sus compromisos al asumir ese encargo fue justamente lograr un consenso definitivo para acabar con el parlamento andino.

Los más de 3 millones de colombianos que metimos el tarjetón en blanco el año pasado queremos que nuestro voto valga en serio. Este parlamento que se niega a morir nos sigue costando una plata que a lo mejor pudiera tener un mejor uso en atender de primera mano a todos esos colombianos expulsados desde Venezuela a quienes el gobierno nacional ha dejado abandonados a su suerte.

Y por favor, ¡no se sigan gastando esos pesos en una revista tan inútil como el parlamento al que le hacen publicidad!

Twitter: @JoseMAcevedo