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Opinión

  • | 2015/06/06 09:00

    ¿La estocada que le falta a la Morelli?

    Un enredado proceso en el Consejo de Estado puede incidir de manera determinante en la suerte jurídica de la excontralora Sandra Morelli.

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No soy amigo de la señora Sandra Morelli. No sé si será culpable o inocente de los delitos que le atribuyó la fiscalía y que la tienen en etapa de juicio ante la Corte Suprema. De lo que sí estoy seguro es que dejó por el camino enemigos muy poderosos que no van a descansar hasta verla en la cárcel.

A pesar de que su suerte en lo penal debe ser decidida por la Corte, existe un proceso paralelo en el Consejo de Estado que busca declarar la nulidad del polémico contrato de arrendamiento de la sede de la contraloría.

La decisión está en manos de una subsección que sólo tiene dos magistrados pues desde hace varios meses existe una vacante que dejó el poderoso ex Consejero de Estado, Mauricio Fajardo y que no ha podido llenarse. Fajardo no ha sido precisamente el más amigo de la señora Morelli. Dicen quienes los conocen que él y la excontralora mantienen de tiempo atrás una vieja rencilla. Por eso la pregunta que algunos se hacen es qué tanta influencia sigue teniendo el exconsejero Fajardo en la sala en que trabajaba y qué tanto podría nublar ese poder una decisión objetiva frente a la Morelli.

Desde septiembre del año pasado este proceso está a la espera de un fallo definitivo pero entre ese mes y la fecha que corre, han venido ocurriendo varios sucesos adicionales que llaman poderosamente la atención.

El primero de esos hechos es una aparente contradicción del actual contralor Edgardo Maya frente al caso. La contraloría ha sostenido ante los tribunales contenciosos la tesis de que el contrato objeto de disputa era válido y legal pero lo curioso es que simultáneamente Maya convocó en diciembre del año pasado un tribunal de arbitramento para pedir la nulidad de ese mismo contrato.

Ese sorpresivo cambio de parecer de la administración actual, coincide además con una carta que en su momento el fiscal Montealegre le envió al ministro Mauricio Cárdenas y al propio Edgardo Maya advirtiéndoles que había investigaciones y serias sospechas en relación con los propietarios del edificio de la discordia en donde funcionaba hasta el año pasado la contraloría.

Aunque no ha habido avances en esas investigaciones penales, la carta parecía un mensaje cifrado para ambos funcionarios: “o se abstienen de seguir defendiendo ese contrato o se las pueden ver con la fiscalía”, parecía sugerir el fiscal con su acostumbrado tono.

Han pasado los meses y los dos magistrados de la subsección tercera del Consejo de Estado que deberían haber tomado ya una decisión, optaron por decretar intempestivamente algunas pruebas que debe aportar directamente el contralor Maya que ha sido, por decir lo menos, ambiguo frente a este asunto.

No sé ni me consta si los magistrados de la subsección aquella han conversado en las últimas semanas con el doctor Eduardo Montealegre sobre este asunto o cualquier otro pero no sobraría que lo aclararan públicamente.

Aún sustrayendo esta última duda, lo cierto es que un pedacito del Consejo de Estado, desintegrado por la falta de un magistrado titular, debería abstenerse de tomar decisión alguna y elevar este delicado tema a la sala plena como han solicitado algunas voces para que sean todos los consejeros de Estado los que resuelvan, en derecho y sin presiones extrajurídicas, la suerte del contrato sobre el que ha rodado tanta tinta sin que todavía sepamos si era válido o no. ¿Será esta la estocada que la falta a la Morelli?

***
Aunque sea siempre bienvenido el debate sobre la forma en que los medios cubrimos el proceso de paz, comparar a Claudia Gurisatti con un propagandista de guerra e instigador del odio en Ruanda constituye una peligrosa exageración. Lo hizo en una columna en El Espectador el profesor Víctor de Currea-Lugo exacerbando, él sí, una malsana rabia frente a quienes piensan distinto. ¿Es así como lograremos la paz?

Twitter: @JoseMAcevedo 
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