Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/01/16 22:00

¿Quién podrá defendernos?

Si las cosas siguen como van tendremos varios meses fiscal interino porque no habrá quórum suficiente para elegirlo.

José Manuel Acevedo M. Foto: Carlos Julio Martínez

Definitivamente, el 2016 tampoco será  año de la justicia. Ya está claro que las cosas cambiaron para peor y que los remedios que trajo consigo la reforma de equilibrio de poderes resultaron más dañinos que la enfermedad.

Además, las altas cortes arrastran todavía sus infortunios del año pasado: la Corte Constitucional no levanta cabeza después del escándalo de ‘FiduPretelt’ y aunque el magistrado de marras sea declarado indigno por el Senado en marzo y retirado de la corte, los resquemores que se crearon entre los miembros de ese tribunal harán inviable un funcionamiento armónico en el mediano plazo del órgano guardián de nuestra Constitución. Su respetabilidad será difícil de recomponer.

Por los lados de la Corte Suprema de Justicia las cosas no pintan fáciles tampoco. Este año tendrán que elegir fiscal general de la Nación y, antes que eso, llenar las siete vacantes que habrá de aquí hasta marzo si los magistrados siguen enfrascados en las peleas personales en las que se encuentran, y en la indeseable puja de poder que ha impedido avanzar en los nuevos nombramientos. Por ejemplo, nadie quiere elegir magistrado en la sala penal hasta cuando se vaya el insaciable burócrata Leonidas Bustos, y la sala laboral –la más atrasada de todas y después de la penal, la más sensible– está prácticamente desmantelada con plazas vacías en algunos casos desde hace más de un año. Y no es que los magistrados estén analizando con cuidado las hojas de vida que les mandan, sino que ninguno de los ‘bloques’ organizados dentro de la corte quiere ceder y dejarse quitar esos cupos. La política está metida hasta los tuétanos en cada uno de esos procesos de selección de nuevos magistrados, y si las cosas siguen como van tendremos varios meses fiscal interino porque no habrá quórum suficiente para elegirlo o porque las peleas en las que pierden su tiempo los magistrados retrasarán esa elección.

Lo mismo ocurrió hasta hace poco en el Consejo de Estado. La entrada de los nuevos miembros que componen esa corporación tuvo un indeseable filtro: ‘los que están con el procurador Ordóñez’ y ‘los que están en contra de él’. Esa calificación que nada tiene que ver con los criterios objetivos de elección de magistrados, y que fue empleada para mover los votos de unos y de otros, nos pone a dudar sobre las verdaderas calidades de los miembros del más alto tribunal de lo contencioso administrativo.

Y mientras el Consejo Superior de la Judicatura permanece prácticamente desmantelado, el tal Consejo de Gobierno Judicial que debería ser su cristalino reemplazo hoy se encuentra sub júdice por cuenta de las marrullas con las que varios de sus miembros se hicieron elegir. Cuatro personas con asiento en esa nueva institución están hoy en el limbo, y con semejante indefinición es imposible elegir a un nuevo gerente de la Rama Judicial. En resumen, la justicia hoy no tiene quién la administre y, en medio del
desorden, los avivatos de siempre hacen su agosto.

Agréguenle a este panorama con el que arranca la justicia en 2016 que puede venirse un paro de trabajadores de la Rama Judicial inconformes con la entrada en vigencia del Código General del Proceso que, aunque cargado de buenas intenciones, necesita recursos que hoy no existen y personal que no está. Ya en los despachos judiciales se desarrollan ‘asambleas informativas’ como preludio de un nuevo paro que se asoma en el horizonte.

Ciertamente, no habrá desarrollo económico sostenible, ni equidad social ni mucho menos posconflicto exitoso ni paz duradera mientras la justicia siga tan jodida como está. El país no le ha querido parar bolas a uno de los asuntos más importantes cuya reingeniería no es posible, ni con la gente que hoy se encuentra en la cúpula ni con el mediocre diseño institucional que nos propusieron en la última reforma. Si se necesitara una constituyente acotada para cambiar de raíz los problemas de un sector crucial de la Nación, ese experimento debería ser para reformar el poder judicial en Colombia antes que para ‘refundar la democracia’ y darles gusto a las Farc.

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