Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/07/22 09:34

Campesinos pueden vivir en zonas de reserva forestal

Una reciente decisión del Tribunal Superior de Antioquia determinó que es compatible la presencia de labriegos en áreas protegidas.

Juan Diego Restrepo E. (*) Foto: NATALIA BOTERO / REVISTA SEMANA

Los procesos de restitución de tierras, en aplicación de la Ley 1448 de 2011, han abierto grandes discusiones en el país sobre la propiedad rural que, de otra manera, no hubiera sido posible hacerlo.

En distintas sentencias proferidas por los jueces especializados no solo se han garantizado los derechos de los reclamantes, también se abordaron temas sensibles como la titulación minera, los proyectos agroindustriales, los intereses de los gamonales locales que se respaldaron en el paramilitarismo para sus fines personales y la permanencia o no de campesinos en zonas de reserva forestal.

Algunas decisiones judiciales no han sido de buen recibo entre sectores económicos poderosos en el país porque sus intereses se han visto afectados por cuanto los jueces demostraron que, en la adquisición de los predios, mediaron grupos armados ilegales y factores de violencia que presionaron a los campesinos, muchos de ellos en condición de desplazados forzados, para vender sus parcelas a bajo precio o, peor aún, sin pago alguno.

Ahora, el debate se ha trasladado a la esfera medioambiental con la decisión de la Sala Tercera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia de ordenar la restitución material de varios predios ubicados en zona rural de los municipios de Riosucio (Chocó) y Turbo (Antioquia).

Resulta que un grupo de campesinos que vivían allí desde la década del setenta abandonaron sus parcelas por presión de grupos paramilitares que llegaron a la región promediando la década del noventa en su supuesta lucha contrainsurgente. Una vez entró en vigencia la Ley 1448, decidieron adelantar el proceso de restitución para que les fueran devueltos sus predios.

En seis decisiones tomadas entre abril de 2015 y abril de 2016, los jueces protegieron sus derechos y ordenaron restituirlos, pero bajo la figura de la compensación, es decir, con tierras en otro sitio.

Dos argumentos fueron expuestos para adoptar la medida de compensación “con un inmueble de similares o mejores características al despojado”: de un lado, los predios reclamados están ubicados en su totalidad en la Zona de Reserva Forestal Protectora Río León sobre ellos pesa, según información recabada en el proceso, amenazas altas de inundación.

La compensación como medida de restitución no fue aceptada por los reclamantes, quienes argumentaron que esa decisión rompía su tejido comunitario y los des arraigaba de un territorio al cual estaban vinculados desde hace más de cuatro décadas, “lo que a su sentir se convierte para ellos en una ‘revictimización’”.

Por tales motivos, los seis casos fueron revisados por el Tribunal Superior de Antioquia y se adelantó una audiencia el 14 de junio de este año para escuchar a los reclamantes, así como a varias entidades del Estado.

A los magistrados les quedó claro en esa audiencia que los campesinos reclamantes no iban a cambiar de posición, pero lo más trascendental fueron dos circunstancias que propiciaron cambios a las decisiones tomadas: en primer lugar, se corroboró que no existían estudios técnicos con los debidos fundamentos del conocimiento de riesgo, reducción y manejo de riesgo respecto de los predios reclamados “para determinar si se amerita la realización de obras de mitigación”.

En segundo lugar, el Ministerio del Medio Ambiente señaló que “la reserva permite la propiedad pública o privada, aclarando que ésta última no necesita la sustracción porque lo importante es que se ajuste a un plan de manejo. De manera que como allí existen comunidades se debe propender por un manejo sostenible por parte de éstas para que sus actividades productivas se ajusten a la reserva forestal o se acompañen de procesos forestales o de restauración armónicos con la biodiversidad”.

Con base en esas tres circunstancias, el Tribunal Superior de Antioquia decidió modificar, en auto fechado el 8 de julio pasado, las sentencias revisadas argumentando que “cuando un juez emite decisiones judiciales como las proferidas por esta Corporación, se basa en los informes técnicos allegados y en las demás pruebas indicativas de una situación riesgosa; confía en la información institucional allegada para proferir la decisión más justa, pero cuando se presentan situaciones sobrevinientes las cosas cambian de colorido porque se debe propender por la protección efectiva de los derechos de las víctimas”.

En ese sentido, agregó que “si éstas aún no han disfrutado de un predio equivalente y desean retornar, hay que escuchar su clamor y contribuir a su bienestar y calidad de vida, máxime que no hay estudios fidedignos del riesgo y además la comunidad ha venido explotando el suelo de la zona donde se permite legalmente el disfrute de la propiedad privada sin previa sustracción, pero con un uso limitado como lo indicó el Ministerio del Medio Ambiente”.

En consecuencia, la decisión del Tribunal Superior de Antioquia fue restituir material y formalmente los predios reclamados a los campesinos solicitantes ubicados en la Zona de Reserva Forestal Protectora Río León y ordenar a las distintas entidades estatales el acompañamiento para fortalecer sus proyectos de vida individuales y comunitarios.

Esta decisión cambia, sustancialmente, la mirada conservadora que se tenía sobre los reclamos de cientos de campesinos que habitaron por varias décadas territorios protegidos y que por razones del conflicto armado debieron abandonarlos. Se pensaba que estas áreas deberían estar despobladas para evitar su deterioro; no obstante, tal como lo conceptuó el Ministerio del Medio Ambiente, es compatible la presencia de labriegos en una zona de reserva forestal. Tales argumentos podrán servir para resolver decenas de conflictos en diversas regiones del país. De ahí su trascendencia.

(*) Periodista, director de VerdadAbierta.com - En Twitter: jdrestrepoe

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