Dos aportantes de las AUC muy conocidos

Al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y al senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, los separan sus profundas concepciones ideológicas, pero los une una curiosa coincidencia: parientes de uno y de otro habrían realizado, en el pasado, aportes económicos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La versión sobre esas contribuciones ha sido entregada por el exjefe paramilitar Rodrigo Zapata Sierra a la Fiscalía y a los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en versiones y audiencias como parte de su compromiso con la verdad para alcanzar los beneficios jurídicos que ofrece la Ley 975 de 2005 a quienes relaten con detalle lo sucedido durante su pertenencia a estructuras paramilitares desmovilizadas.

Zapata Sierra no es un desconocido en el mundo criminal y político. Se le conoce como el ‘Canciller’ de las AUC por sus tareas de confianza delegadas por Vicente Castaño Gil, uno de los promotores del paramilitarismo en Colombia durante la década del noventa; pero también porque acuñó el término ‘la Casa de Nari’, pues fue el responsable de concertar un encuentro entre funcionarios de confianza del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y emisarios del poderoso jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, para conspirar contra la Corte Suprema de Justicia. La cita se dio el 23 de abril de 2008 en los sótanos de la sede de gobierno.

Un año después de convenir esa visita y de gozar de la libertad, pese a que era un jefe paramilitar de gran importancia en las AUC, fue capturado en Bogotá el 19 de marzo de 2009 por orden de un fiscal especializado de Medellín para que respondiera por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Posteriormente fue postulado por el gobierno nacional a los beneficios de la Ley 975 de 2005 y comenzó a declarar desde el 26 de julio de 2011.

Entre enero y junio de este año, Zapata Sierra ha acudido periódicamente ante magistrados de conocimiento de la Sala de Justicia y Paz en desarrollo de las audiencias de formulación y aceptación de cargos, donde los responsabilizan parcialmente de por lo menos 26 cargos. Pero en ese escenario también se expone todo el accionar de la estructura armada bajo su mando.

Zapata Sierra comandó un pequeño grupo paramilitar que operó en los municipios de Caldas, Amagá, Titiribí y Angelópolis, suroeste antioqueño, tierras de fincas cafeteras y explotación de carbón de propiedad de prestantes empresarios antioqueños. Esa estructura armada se conformó en esa zona por orden expresa de Vicente Castaño Gil.

En desarrollo de las explicaciones sobre cómo se financiaba ese aparato paramilitar, se expusieron nombres de personas y empresas, y fue así como surgieron los nombres de Santiago Uribe Vélez y Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, quienes, según Sierra Zapata, hicieron aportes a las AUC. La pregunta que queda en el ambiente es si tales contribuciones fueron voluntarias.

De Santiago Uribe Vélez, el exjefe paramilitar recordó una conversación que tuvo con un caballista del suroeste antioqueño llamado Jorge Escobar, quien le llevó una razón del hermano del Senador por el Centro Democrático y expresidente de la República: “El señor Jorge Escobar, en una reunión en su pesebrera, me dijo que qué problema había que si el señor Santiago Uribe no aportara más. ¿Habrá algún problema? Y yo le dije, que no había ningún problema, que no aporte. Mejor que no lo toquen para que el día de mañana no haya ningún problema […] Para la época creo que no estaba todavía de presidente el doctor Álvaro Uribe, pero estaba en campaña”.

Al respecto, un investigador que intervino en una de las audiencias señaló que esos aportes de los que ha hecho referencia Zapata Sierra sobre Santiago Uribe Vélez “no ha sido posible establecer si fue de manera obligatoria o fue de manera voluntaria”.

En una audiencia realizada el pasado 18 de junio ante magistrados de la Sala de Justicia y Paz en Medellín, se describió la estructura financiera del grupo comandado por Zapata Sierra y en ese recuento surgió el nombre del empresario Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y de quien se dice que ha tenido decisiva influencia en el nombramiento de algunas personas en puestos claves en empresas del Distrito. Gutiérrez Robayo es casado con María Teresa Alcocer, hermana de Verónica, esposa del mandatario distrital.

“En estos aportes voluntarios, manifestó el postulado en algún momento que hicieron aportes muy esporádicos, sin embargo estaban de acuerdo. Mencionó el postulado al dueño de la empresa CGR que es el señor Carlos Alberto Gutiérrez Robayo”, relató un investigador judicial encargado en una de las audiencias de presentar el esquema financiero de la facción de las AUC que operó en la región cafetera de Antioquia.

La empresa CGR de la que se habló es realmente CGR BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA S.A.S., fundada hace 14 años en Bogotá por Gutiérrez Robayo dedicada a la investigación y reproducción de ganado bovino. El ejecutivo fue destacado por la Cámara Junior de Colombia en 1999 como uno de los jóvenes líderes del país.

Por lo pronto, Zapata Sierra sigue en el proceso de Justicia y Paz, entregando sus versiones sobre su pertenencia y acciones como jefe de una de las facciones de las AUC que operó por varios años en buena parte del Suroeste antioqueño, región de donde son oriundos los Uribe Vélez, y también en su papel de ‘Canciller’ de esa organización armada ilegal, razón por la cual sus actividades también implicaban consolidar relaciones sociales, políticas y económicas, para favorecer el proyecto paramilitar.

Lo que se espera es la acción de la justicia para determinar si ambos personajes hicieron sus aportes económicos a las AUC de manera voluntaria, por identidad con la ideología contrainsurgente, o fueron víctimas de extorsión y pagaron bajo amenaza.

En Twitter: jdrestrepoe

(*) Periodista y docente universitario